1 de octubre 2004 - 00:00
Lucha antisecuestro sigue siendo improvisada: lanzan otro operativo
El gobierno nacional reforzó el control sobre la seguridad del conurbano, asolado otra vez por una ola de secuestros extorsivos. Aunque la competencia territorial es de la provincia de Buenos Aires, los forcejeos políticos del ministro León Arslanian con los uniformados (quinta purga, esta vez removiendo la cúpula policial de San Isidro) parecieron contribuir al desánimo en la represión. Un regalo a los delincuentes, que anoche, aprovechando la improvisación en el nivel político, mantenían aún en cautiverio a la hija del empresario Nine en Moreno y cobraron $ 10 mil para liberar a una empleada de una concesionaria de autos de Tigre. Ante ese panorama, el gobierno refrescó la percepción de que pese a que es un asunto provincial, el costo político lo termina pagando la Casa Rosada. De ahí la orden presidencial de las últimas horas de saturar el Gran Buenos Aires de fuerzas de seguridad nacionales, ejercer el control por sobre la Policía provincial al que lo autoriza la Ley de Seguridad Interior y poner a trabajar a más agentes de la SIDE ( inteligencia de Estado) en la prevención de los hechos y en la detección de las bandas que actúan.
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Este fin de semana, fuerzas federales volverán a desplegarse por las zonas más calientes
del conurbano para evitar un nuevo pico delictivo como el ocurrido en los últimos días.
Eslabonados, esos sucesos despertaron preocupación en el gobierno, donde aprendieron que los sacudones en materia de seguridad traspasan la General Paz e impactan de lleno en la Casa Rosada, afectando directamente al Presidente.
Desde esa óptica, a pesar de que la gestión de la seguridad en Buenos Aires depende de Solá, el costo de una crisis alcanza al gobierno nacional.
•Eterna intervención
Con la crisis recurrente, es también recurrente la intervención de fuerzas federales. De hecho, los «patrullajes preventivos» y los «operativos especiales» que ordenó el gobierno fueron, con otro nombre y con otra forma -y por orden de otros funcionarios-
instrumentados en otro momento. Pero, en este caso, la medida tiene una carga adicional:
• La purga que dispuso anteayer Arslanian -quinta desde que asumió-, descabezando a la cúpula de la departamental San Isidro, justamente la zona más golpeada por los secuestros, reactivó el malestar dentro de la Policía contra el ministro que, temen en La Plata, podría haber quedado en medio de una interna policial. Esas medidas -de por sí, poco útiles-generan incertidumbre entre los uniformados, y eso repercute negativamente en la tarea policial. En eso, Juan Carlos Blumberg pareció explicitar la postura del gobierno nacional, al decir que las purgas «desmoralizan a la Policía».
• La denuncia de complot que difundió Arslanian, donde daba cuenta de una presunta reunión del ex jefe de la jefatura de San Isidro Rubén Cabrera con otros uniformados para atentar contra el jefe de Seguridad, su vice Martín Arias Duval y el camarista Fernando Marotto, también aportó confusión: no por el hecho en sí, sino por la trascendencia, llamativa para un experimentado como Arslanian, que se le dio a una denuncia anónima. Ayer Solá volvió a desvincular ese hecho con la purga policial, planteo que imitó el propio ministro. Cabrera, enviado a retiro forzoso, se defendió con ironía: «No nos reunimos ni para comer bizcochitos», dijo.
• A esos dos hechos se sumó la irrupción -luego de algunas semanas de calma, al menos aparente-de nuevos casos de secuestros: dos concretadosy dos frustrados. Además de una sucesión de incidentes violentos en distintos puntos del conurbano. Combinados, los tres datos empujaron a Kirchner a tomar una decisión drástica y ordenar la « intervención virtual» de parte del conurbano.




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