El operativo fue realizado por la Policía de la Ciudad. Hay al menos una persona imputada, aunque la investigación continúa.
La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), dirigida por el fiscal Blas Matías Michienzi, coordinó el procedimiento tras una investigación iniciada en abril.
Un operativo judicial en un domicilio del barrio de Villa Urquiza, en la Ciudad de Buenos Aires, permitió desarticular un criadero ilegal donde mantenían a trece perros de raza y a un loro silvestre. El valor en el mercado negro de los animales se estimó en $13.500.000, según informó la Policía de la Ciudad.
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La intervención incluyó el allanamiento del inmueble, el rescate de los animales y la imputación de la persona responsable por múltiples infracciones penales y ambientales.
La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), dirigida por el fiscal Blas Matías Michienzi, coordinó el procedimiento tras una investigación iniciada en abril por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
La pesquisa se originó por la detección de publicaciones en redes sociales vinculadas a la venta ilegal de animales, lo que permitió identificar el domicilio intervenido, ubicado en la calle Plaza al 2300.
La orden de allanamiento fue emitida por la jueza Rocío López Di Muro, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.° 4, a pedido de la UFEMA. Participaron del operativo la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, personal del CIJ, las direcciones de Control Ambiental (DGCONTA) y de Canes y Felinos Domésticos, además de veterinarios y agentes de la División Canes.
Durante el procedimiento, las autoridades constataron condiciones extremadamente precarias. Se observaron espacios comunes con excrementos, perros encerrados sin posibilidad de movimiento y ausencia de libretas sanitarias o documentos con vacunas vencidas. Además de los canes, que pertenecían a las razas bulldog francés y dachshund, se halló un ejemplar de loro Amazona aestiva sin el anillo identificatorio obligatorio, elemento clave para certificar su origen legal.
“Se confirmaron actos de crueldad animal y de incumplimiento de las normas sanitarias vigentes”, señaló un comunicado del Ministerio Público Fiscal.
La gravedad de las condiciones motivó el rescate inmediato de los animales, que fueron derivados a distintas ONG especializadas. El loro silvestre fue trasladado a la Reserva Ecológica de Costanera Sur, dependiente del Ecoparque porteño, donde se le realizarán controles veterinarios y se evaluará su posible reintegración a un hábitat adecuado.
La mujer que se encontraba en el lugar fue imputada por la violación de la clausura previa dispuesta por la Agencia de Protección Ambiental (APRA) en noviembre de 2022, además de ser acusada por actos de crueldad animal, infracción a la Ley Nacional de Fauna Silvestre y violación de las normas de sanidad animal, contempladas en el artículo 206 del Código Penal.
La investigación continúa bajo la supervisión de la UFEMA, que analizará la documentación secuestrada y buscará determinar si existen otras personas implicadas en la red de comercialización ilegal.
El caso expuso nuevamente la dimensión del tráfico clandestino de animales en la Ciudad de Buenos Aires. La Policía de la Ciudad remarcó que este tipo de delitos no solo afecta a los animales involucrados, sino que también representa una amenaza para la biodiversidad y puede derivar en sanciones penales para los responsables.
“El anillo identificatorio es obligatorio para acreditar el origen legal de las aves exóticas y evitar el tráfico ilegal”, explicaron desde la fuerza.
El rescate de los animales se enmarca en una serie de acciones impulsadas por distintas áreas del Estado para frenar la venta no autorizada de fauna. La colaboración entre la UFEMA, el CIJ y las fuerzas policiales permitió identificar y desmantelar un criadero que operaba en absoluta clandestinidad, tal como señalaron desde el Ministerio Público.
Desde la ONG que recibió a los perros detallaron que el proceso de recuperación incluirá asistencia veterinaria y un seguimiento orientado a encontrar familias adoptivas.
“El objetivo es garantizar el bienestar integral de los animales y evitar que vuelvan a ser víctimas de maltrato”, afirmaron desde la organización.
Por su parte, las autoridades judiciales insistieron en la importancia de denunciar actividades sospechosas relacionadas con la comercialización de fauna, como herramienta fundamental para combatir el maltrato animal y proteger el entorno natural.
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