Los abogados porteños que habían dejado de aportar compulsivamente a la Caja de Seguridad Social (Cassaba) deberán volver a pagar por un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que dejó sin efecto una sentencia de primera instancia favorable a los matriculados. De este modo, los letrados seguirán tributando en forma obligatoria hasta que los jueces de la Sala V se pronuncien sobre el fondo de la cuestión. Es decir, si la Legislatura porteña tenía atribuciones para crear esta caja jubilatoria.
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Más allá de la intervención de la Justicia, lo que aquí se está despachando es una fuerte pulseada interna entre el actual presidente del Colegio de Abogados, Jorge Rizzo, y su antecesor y presidente de Cassaba, Hugo Germano. En el medio de la disputa está un negocio que mueve 130 millones de pesos anuales.
Los camaristas Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Morán avalaron un dictamen de la fiscalía general del fuero, donde se advirtió que, de suspenderse los pagos de los abogados, se «afectaría en forma directa y manifiesta prestaciones de carácter alimentario y social y que con ello quedaría comprometido el interés público». Una fuente interesada informó que esa supuesta afectación alcanza a una pensión y 15 jubilaciones de 350 pesos.
La cámara entendió que ordenar la suspensión de los aportes de los abogados hasta que se resuelva el planteo definitivo -si es constitucional o no su existenciapodría ocasionar un «grave e irreversible perjuicio para los directos beneficiarios», es decir, a los abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Contradicción
Además, los camaristas consideraron « contradictoria» una orden emanada de la jueza María Alejandra Biotti, que determinó suspender los aportes pero al mismo tiempo dispuso que la Caja continuara con sus prestaciones sociales.
El fallo de primera instancia que suspendió los aportes «adolece de la tacha de arbitrariedad», estimó el dictamen fiscal que hizo suyo la cámara al revocarlo.
Rizzo criticó ayer la decisión de la Sala V y adelantó que pedirá la nulidad del fallo, el apartamiento de los camaristas y el juicio político de los magistrados.
«La Sala V recibió el expediente desde la fiscalía a la mañana, y al mediodía ya habían leído ocho cuerpos para resolver cómo lo hicieron. ¿Alguien puede creer que esto es cierto? Que en tres horas hayan leído 1.600 fojas cuando esa sala presenta demoras de entre seis y siete meses para fallar en causas de amparos por el «corralito», se preguntó el presidente del Colegio Público de Abogados.
El enojo de Rizzo habría sido más que elocuente: durante la notificación de la sentencia le habría dicho a uno de los jueces firmantes.
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