Autos: Evo y Chávez deciden si protegen a diplomáticos

El concesionario supuestamente implicado en la venta de autos de lujo que salpica a por lo menos siete embajadores está en Libertador y Salguero.

Bolivia y Venezuela confirmarán en los próximos días a la Cancillería argentina, y también a la Corte Suprema si así lo pide el tribunal, que levantará la inmunidad diplomática de los funcionarios que en teoría participaron de maniobras ilegales para el ingreso de automóviles vía franquicias para agentes extranjeros. A los dos gobiernos latinoamericanos se les sumarían otros dos países de la región (posiblemente Ecuador y Perú), con lo que los diplomáticos que ya no cuenten con la inmunidad podrán ser investigados, imputados e incluso detenidos; algo que en la actualidad no podría ejecutarse al contar con la protección de la Convención de Viena.

En el caso de Bolivia, el vicepresidente Alvaro García Linera anunció ayer que «la persona que cometió el error o violó la ley estará fuera del trabajo e irá a la cárcel». En total serían 11 los funcionarios y ex diplomáticos que trabajaron o ejercieron tareas en esa dependencia internacional y que, según los registros que ahora están en la Justicia, podrían haber participaron de maniobras de importación de vehículos de lujo sin cumplir las normas para el otorgamiento de franquicias; para luego introducirlos en el mercado local sin pagar 35% de arancel obligatorio ni 21% de IVA.

Ayer el canciller boliviano, David Choquehuanca, informó que los diplomáticos de su país en la Argentina estaban autorizados a comprar vehículos a un precio no mayor a los 20.000 dólares, en el caso de funcionarios de menor rango, y a uno de 40.000 dólares en el caso del embajador.

En la misma línea, pero no públicamente, se manifestó la Embajada de Venezuela, aunque en este caso aún no figura en el listado de sedes diplomáticas mencionadas en la lista que el juez federal Norberto Oyarbide entregó ayer a la Corte Suprema. Sin embargo, se sabe que dentro de las investigaciones realizadas por la Cancillería, figuran nombres que trabajaron en esta embajada bolivariana, y que serían mencionados en las próximas semanas por la Justicia como integrantes de la lista de diplomáticos que pudieron realizar estas operaciones con vehículos de lujo. Por esto se espera que, en las próximas horas, el embajador de Hugo Chávez en el país, Enrique Méndez Romero, se comunique con la Cancillería que maneja Jorge Taiana para asegurarle que de figurar nombres de esa repartición diplomática, se levantaría su inmunidad.

En la misma línea se pronunciaría también Ecuador. Ayer se supo que el gobierno de Rafael Correa pidió a la Argentina datos sobre los funcionarios de la representación de Buenos Aires que maneja hoy Francisco Ernesto Proaño Arandi, y que tiene a un ex embajador José Rafael Serrano dentro de la lista que maneja la Justicia. En estos tres casos (Bolivia, Venezuela y Ecuador), se trata de países de la región con los que la Argentina mantiene una muy buena relación diplomática. Desde el Poder Ejecutivo local se esperaba ayer también que el gobierno peruano de Alan García también se pronunciara a favor de levantar eventualmente la inmunidad diplomática de los funcionarios de ese origen que pudieran estar involucrados.

El listado de países lo completan Chile, Cuba, Marruecos, Rusia, Uruguay, Pakistán, Armenia, Colombia, Belarús y Nigeria.

Agregados militares

Otro dato que se conoció ayer es que al menos en 40% las operaciones posiblemente ilegales las realizaron agregados militares de países de la región. En este caso se incluyen acreditados de los ejércitos, marina y fuerza aérea de varios países, que en teoría ejercen sus funciones durante un año y luego vuelven a sus países de origen. Así, no podrían gozar del beneficio de poder ingresar vehículos con patentes diplomáticas, ya que para esto necesitarían 4 años de residencia. Particular interés despierta en la Justicia un Lamborghini ingresado por un agregado militar latinoamericano, y que fue vendido por el funcionario a sólo tres meses de haber comenzado sus tareas en el país.

Ayer se conoció también que al menos unos 12 abogados, en representación de particulares que adquirieron los vehículos, se presentaron espontáneamente en el tribunal en lo penal económico de Marcelo Aguinsky; con los papeles de compra de los vehículos por parte de sus clientes. En todos los casos, se demostraría que estas personas habrían pagado por las unidades el precio de mercado e informado por escrito las agencias donde se adquirieron los vehículos. Ahora es allí donde el juzgado concentrará la investigación, para saber cuáles fueron las condiciones por las que la unidad llegó al comercio y cómo fue vendida. Entre otras agencias de automóviles de alto valor agregado, serían investigadas Minujen (Salguero y Libertador), Manrique Automotores (Hipólito Yrigoyen 1360) y Machines ( Libertador 1730, Vicente López).

En el caso de Minujen, se trataría de la segunda causa de este tipo que es investigada por Aguinsky, que ya falló en contra de la agencia en 2004 por la violación del régimen de exenciones impositivas para discapacitados. Fuentes de la Justicia opinaban que habría una diferencia en el espíritu del eventual delito en estos casos y en las operaciones que ahora se investigan; ya que en ese momento la importación directamente estaba prohibida, mientras que en los últimos años el ingreso de vehículos está permitido siempre que se paguen los tributos correspondientes. «La situación ahora es peor», aseguraba la fuente judicial.

La ruta de la investigación que está llevando ahora Aguinsky sería al revés de la causa que está ahora ingresando en la Corte Suprema por haberla sido derivada por Oyarbide. El juez en lo penal económico invirtió la secuencia de la operación, y comenzó citando a los últimos propietarios de las unidades para luego ir remontando la cadena de la operación, hasta llegar finalmente a los agentes diplomáticos. En el medio, se topará con las agencias donde los clientes compraron los automóviles.

El caso comenzó cuando una auditoría interna de la Cancillería argentina detectó supuestas irregularidades en el otorgamiento de franquicias para importar automóviles para uso diplomático que ingresan al país a mitad de su valor de mercado por estar libres de impuestos, según acuerdos internacionales. La investigación comprende a 98 de los 960 vehículos importados entre 2004 y 2007.