Caso Noble: juez denunció persecución por sus fallos

Quedó claro ayer que el jury de enjuiciamiento contra el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich está movido por el interés político. Y que si es destituido, esa decisión responderá a ese interés. Un encendido alegato de su defensor Mariano Maciel fue alumbrando el injusto proceso al que fue sometido el magistrado federal. Y dejó evidenciado que el «error» de Marquevich no fue de técnica procesal, sino haberse atrevido a ordenar la detención de la señora Ernestina Herrera de Noble por la presunta adopción ilegal de sus dos hijos. «Debe haber un fallo de este Tribunal que siente jurisprudencia y establezca que a un juez de la Nación no se lo puede acusar por sus fallos, por aplicar la ley. No se puede acusar a un juez por no compartir lo que se resolvió. Así no hay independencia», remarcó el joven defensor al pedir que el jury de enjuiciamiento rechace el pedido de destitución del juez federal. El dictamen final se oirá el próximo 8 de junio. Maciel construyó una sólidadefensa para atacar la acusación de «arbitrariedad» que se le imputó a Marquevich en la detención, la excarcelación y la supuesta negativa a otorgarle la prisión domiciliaria de la propietaria del monopolio «Clarín». De una en una, el defensor fue desmenuzando las imputaciones sostenidas ante el Tribunal por los consejeros Enrique Pereira Duarte y el senador Jorge Yoma. • Elementos contundentes Así sostuvo que «no existió» arbitrariedad en la detención, porque Marquevich con las pruebas que tenía entendió que la situación de Noble no era la misma que la de cualquier ciudadano y la invitó a intervenir en la causa y a nombrar un abogado defensor porque su situación era comprometida. «El expediente tenía elementos por demás contundentes antes de ordenar la detención, y los abogados de Noble lo conocían. Nunca Marquevich le negó la posibilidadde eximición de prisión y tampoco la presentación espontánea que Noble nunca utilizó», detalló Maciel. Y apuntó que el Código prevé penas privativas de libertad de prisión o de reclusión de 3 a 16 años para casos como éste. «¿De qué arbitrariedad me hablan?... correspondía librar la orden de detención. Lo dice la letra de la ley. Esta detención que hoy tanto escandaliza ocurre en todos los juzgados del país», sentenció. Y mencionó que el juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso la detención del general Jorge Olivera Rovere, de 79 años, un día sábado y recién lo indagó el lunes siguiente. Lo mismo hizo el juez Julio Lucini, que en el caso Belsunce dispuso la detención del médico Juan Carlos March un día sábado y lo indagó el lunes siguiente. «Todavía no conozco que el doctor Canicoba Corral tenga un pedido de juicio político por haber actuado así, respondiendo a la ley. O que lo hayan pedido para otros jueces que actuaron de este modo», apuntó Maciel, preparando el terreno para un ataque que minutos después descolocóa los acusadores. «Le imputan a mi defendido no haber dado trámite al pedido de prisión domiciliaria. Los consejeros tenían conocimiento completo (está la prueba) de que el doctor Marquevich tramitó la prisión domiciliaria. Todos lo sabían e igual lo suspendieron por considerarlo arbitrario. Evidentemente, hay un interés contra Marquevich que va más allá de esta causa», remarcó Maciel. No necesitó la señora de Noble ir a la audiencia. Su mejor defensor fue el, ahora, ultrakirchnerista senador Yoma, que se animó a marcarle al tribunal que debe actuar de manera severa con Marquevich. Es decir, destituirlo. No debería sorprender la firme convicción del legislador riojano a una causa. La ardiente pasión que puso ayer para acusar al juez de San Isidro también la utilizó para defender el ingreso en la Corte Suprema de Eugenio Zaffaroni, pese a que el penalista admitió ser un evasor de sus aportes previsionales. Es el hombre indicado para ocasiones «importantes». Yoma acusó a Marquevich de utilizar las causas de derechos humanos (como robo de bebés) para defender su actuación en otras. Y hasta se animó a compararlo con el destituido Hernán Bernasconi: «Son jueces que incorporan o utilizan figuras públicas y construyen causas para lograr notoriedad pública». Ignoró el senador que Marquevich actuó de idéntica manera en una decena de casos en los que se investigaba la irregular adopción de bebés supuestos hijos de desaparecidos. El senador se escandalizó porque el juez ordenó la detención de «una personalidad descollante» como la señora de Noble, «de 80 años, y ni siquiera envió el médico forense a su casa para establecer si su salud le permitía declarar». Y se enfureció más cuando la señora Estela Carlotto intentó hacer ver que la Justicia debería actuar en estos casos de igual manera tanto con militares como con las personas que facilitan la supresión de identidad. «¿Cómo es posible establecer el mismo parámetro con los militares represores y con una persona como Noble que adopta?», se preguntó Yoma casi al borde del horror. «Marquevich les mintió a la Cámara y al Consejo de la Magistratura. Este Tribunal ha actuado de manera severa con los jueces que mienten a sus instancias superiores como en el caso Murature. Y si este Tribunal no pone orden, tendremos mañana otra causa contra Marquevich», gritó Yoma para reclamar la destitución del magistrado federal.

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