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Esos uniformados son parte de los 3 mil que pasaron por la Base Naval Mar del Plata y los jueces quieren escucharlos en la modalidad de los llamados
Esos juicios, sin embargo, han perdido ese carácter desde la anulación por el Congreso de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, que eran la base de la naturaleza testimonial de esos juicios. Desde esa anulación -que aún no cuenta con el aval de la Corte Suprema de Justicia-, cada testimonio que se escuche puede desencadenar nuevos procesos a los presuntos responsables.
Esta posibilidad hace que los convocados por la Justicia de Mar del Plata sean sometidos a la rutina de la citación con la amenaza a los remisos de ser llevados por la fuerza pública. Como ya ocurrió en situaciones similares, los militares citados que se nieguen a declarar -algo probable sin la protección de las leyes anuladasserán detenidos para someterlos a un período de reflexión que suele durar un fin de semana. Si persisten en la negativa a declarar, son liberados sin más trámite.
La novedad de la anulación de las leyes pone estas citaciones bajo nueva luz, y más cuando se habla de más de 500 que se producirán de a tandas de 100 por semana, antes de fin de año. La posibilidad de que algunos de los citados sean imputados de delitos crea la necesidad de que haya la cantidad suficiente de abogados defensores para atender a tamaño lote. Se les atribuye a mandos de la Armada haber comunicado que esa fuerza no apelará -como ocurrió en la década de los años '80- a la contratación de estudios jurídicos, algo que, se presume, sí hará el Ejército.
La Argentina tiene prevista en su sistema jurídico esta figura del defensor oficial que debe asistir a quien no pueda o no quiera pagarse un abogado de manera que un juicio no se paralice por falta de una de las partes. Muchos ex militares y ex funcionarios procesados han apelado a defensores oficiales, que los paga el Estado y, además, tienen fama de ser muy competentes. Los casos más conocidos son
