En medio de una nueva ola de inseguridad, un proyecto alentado desde el Ministerio de Justicia le quita las agravantes a la mayoría de los delitos y elimina la causal de reincidencia en el momento de dictar sentencia a condenados por delitos comunes.
«Hay más de 550 millones de armas en circulación en el mundo. O sea, un arma cada 12 personas en el planeta. La única pregunta es: ¿cómo armamos a las otras 11?», sonríe Nicolas Cage en «Lord of War» (« Señor de la guerra») mientras sus brillantes zapatos pisotean una alfombra de vainas servidas. Es posible que mañana la Comisión de Seguridad Interior de Diputados se trence en un debate sobre la reducción de armas de fuego. Aunque alentadora, la discusión de los legisladores resulta parecida a la sutil ironía del filme que protagoniza Cage. Nada de lo que se resuelva en esa interesante reunión puede resultar útil si enfrente se tiene una reforma del Código Penal como la que propone el secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar. Una pretensión vituperada por muchos. Tanto que la administración Kirchner se hace a un costado cuando se suceden los empellones. Un poco por temor a quedar atrapada en la trampa del «garantismo» o de «la mano dura». Otro poco porque el gobierno jamás alentó un proyecto que legalice el aborto, aunque consiente que sus funcionarios y legisladores alienten el debate.
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La consulta abierta sobre el proyecto de la reforma del Código Penal -que, entre otras cosas, elimina el delito de secuestro extorsivo y reduce la pena de robos con armas- ya recibió más de 2.000 objeciones. Rechazos cuyos contenidos resulta difícil conocer a pesar de que la propuesta se presentó en sociedad bajo el esquema de consulta abierta y que en esa condición permanecerá hasta el 15 de agosto.
Quizá sea desde la Fundación Axel Blumberg -el joven secuestrado y asesinado en 2004- desde donde se ha expuesto en forma más clara la «inconsistencia» del proyecto de reforma del Código.
Efectos
Así se sostiene que:
Por efecto de las menores penas y la aplicación del principio de la ley más benigna, que obviamente es de aplicación de oficio -sin necesidad de pedido de parte-, todos los tribunales del país deberán abocarse a la revisión de todas las condenas y en los supuestos de procesados, rever si los encarcelamientos preventivos se adecuan a la nueva ley de fondo. «Esto significa la paralización automática de todos los trámites y que todos los tribunales estarán tapados» (literalmente) de papeles. Consecuencia: más y más demoras.
La inmediata liberación de 50% de los detenidos -entre procesados y condenadossobre un total del país que ronda una cifra de 60.000 en la actualidad. «Imaginen esta sociedad con 30.000 delincuentes libres, además de los que hoy ya lo están», se advierte. Este efecto quedó expuesto con las leyes reductoras de penas (20.509, 23.057, 23.070, 23.077, 24.390), algunas luego de derogar mayores penas de reformas durante gobiernos militares o cómputo del 2 x 1.
Debe sumarse el efecto de futuro: mayor cantidad de delincuentes que no serán encarcelados como resultado de la reducción de penas que tiene efecto inmediato en las excarcelaciones. Conocido por los delincuentes el inmediato efecto de impunidad, saldrán a delinquir con mayor soltura sabiendo que será más difícil terminar presos.
En la sociedad la situación de indefensión se produce en la percepción inmediata. Se recurrirá con mayor frecuencia a armarse para la autoprotección y a acciones de violencia para defender vidas y bienes. Consecuencia: más violencia y casos de justicia por mano propia.
Recuérdese el caso de esos tres hermanos que se llevaron un joven imputado de robarles el televisor y en lugar de entregarlo a la Justicia lo asesinaron y lo prendieron fuego.
Existe un atrayente informe sobre la evolución del delito en la Argentina desde la recuperación de la democracia. El estudio sostiene que cuando la confianza en la política como vehículo de resolución de problemas se debilita, el delito se dispara y se multiplica.
Por caso, se explica que la caída en los niveles de delincuencia entre 1991 y 1994 coincide con una afirmación de la autoridad política para conducir a la población a mayores niveles de bienestar.
«A su vez, la tendencia a la aceleración del delito desde fines de la década de los 90, del siglo pasado, hasta el año 2002 concuerda con un marcado deterioro de la imagen de la política en el seno de la sociedad», sostiene el informe que confeccionó hace ya algún tiempo la diputada Paola Spatola, que fue directora de Política Criminal de Eduardo Duhaldeen la provincia de Buenos Aires.
También considera cierto que la reducción del delito sucedida a lo largo del año 2003 está asociada a una renovada expectativa de la gente en la capacidad del campo de la política para mejorar el nivel de vida de los argentinos.
Puede que haya sido esta cuestión la que alumbró al ministro del Interior, Aníbal Fernández, a tomar la opinión del académico español Manuel Balbé, quien afirmó que los índices de criminalidad en la Argentina están «más cerca de los países europeos que de los países americanos».
Es bastante comprobable que la violencia criminal se ha expandido en todo el país, muy a pesar de los datos siempre ambiguos que en materia de seguridad se pueden obtener (un misterio siempre bien atesorado por el gobierno).
«Los años de democracia han mostrado un sostenido incremento de los hechos delictuosos denunciados por la ciudadanía. El delito se ha multiplicado a una tasa acumulativa equivalente a 7% anual durante las dos décadas bajo estudio. Así, de 342.582 hechos denunciados en 1983 se llega 1.243.827 en 2004. Y entre 1983 y 2004 prácticamente se han triplicado las denuncias cada 100.000 habitantes en todo el país pasando de 1.176 en 1983 a 3.430 en el año 2004», opina Spatola.
El nivel de subregistro es llamado la «cifra negra» de la delincuencia ya que es muy difícil de aproximar. En la Argentina, un reciente estudio de victimización mostró que 70% de los crímenes no son denunciados y que de este porcentaje una gran parte corresponde a victimizaciones de los ciudadanos más pobres que carecen de medios y confianza en las instituciones encargadas del control para denunciarlos.
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