Conflicto con estatales por un salariazo ilegal

Lo que el viernes pasado pareció un «operativo comando» fue, en rigor, el desenlace de una discusión más antigua, que incluye enfrentamientos entre consejeros y prevenciones sobre eventuales sanciones judiciales por la determinación que se tomó. En efecto, la resolución de un aumento de sueldo inquietó desde la primera hora a la contadora Analía Akmentis, encargada de la administración del Poder Judicial, competencia del Consejo. El último 10 de setiembre, sin ir más lejos, esta funcionaria quiso que constara en la resolución que se emitía sin que hubiera el crédito fiscal que marca la ley, es decir, en violación a la Ley de Administración Financiera. Pidió también que se informe de esas condiciones a la Auditoría General de la Nación y al Senado, encargados de controlar la contabilidad del organismo. «Usted quiere que terminemos todos presos», le hizo notar la diputada Leila Chaya, a lo que la administradora Akmentis replicó: «No, pero tampoco quiero que me manden presa a mí».

En rigor, las responsabilidades son colectivas. El Consejo de la Magistratura está presidido por el titular de la Corte Suprema, Carlos Fayt, quien asiste intermitentemente a las sesiones por sus responsabilidades en el máximo tribunal.

En cambio, Joaquín da Rocha, el delegado del Poder Ejecutivo en el Consejo, se manifestó en disidencia (también el senador Ricardo Gómez Diez). Sin embargo, Da Rocha no consiguió evitar que se llegara a disponer un aumento de sueldos sin crédito legal, lo que habla de alguna impericia o distracción en el gabinete de Néstor Kirchner. Tanto Gustavo Béliz como Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, fueron advertidos en su momento acerca del conflicto en que finalmente se desembocaría si no se iniciaba algún tipo de negociación. Final inesperado el de este conflicto, que tiene como escenario a un organismo como el Consejo, donde hay hombres que tienen trato cotidiano con la Casa Rosada, como Miguel Pichetto o Jorge Yoma.

Alberto Fernández es ahora el funcionario más complicado: es precisamente él, por el cargo que ejerce, quien tiene la facultad de reestructurar el presupuesto, asignando partidas durante la ejecución de un presupuesto. Ahora se está a las puertas de un conflicto de poderes, que pondrá de nuevo en tela de juicio el status institucional del Consejo de la Magistratura: si pertenece al Poder Judicial o es un organismo autónomo de la Constitución.

Por si faltara algo a estos problemas técnicos, legales, la decisión de los consejeros involucra al gobierno de Kirchner en un doble conflicto político. Primero, refuerza la sensación de permisividad, lógica por la cual el grupo o sector que demanda algo puede obtenerlo «por su propia mano» (piqueteros, sindicalistas, etcétera). El gremio en cuestión lo conduce Julio Piumato, quien integra las filas del MTA de Hugo Moyano, el sector sindical más temido por el gobierno.

Segundo, obliga al Presidente a reprimir una demanda cuando ya fue casi satisfecha: Kirchner deberá resolver si aumenta o no los sueldos de los judiciales. Es decir, si reasigna las partidas a través de su jefe de Gabinete. No es una decisión que pueda ser adoptada mirando solamente al reducido espacio de este conflicto, ya que se convertirá en un antecedente para todo el personal del Estado. Solamente por este aumento habría un incremento de gasto de $ 73 millones, por más que los interesados arguyan que podría solventarse con el aumento de la recaudación por tasa de Justicia que se verificó en los últimos meses.