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El consejo de jueces comenzaba así a perder autoridad, un poder que quiso recuperar y validar en la propia Justicia presentando una medida cautelar en la que reclamaba que se le ordenara al Poder Ejecutivo suspender la aplicación de ese decreto.
La decisión fue apelada por el Ejecutivo y debió intervenir la Cámara en lo Contencioso Administrativo (donde litiga el Estado). Ese tribunal de alzada opinó todo lo contrario. Con el voto de los jueces
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