Denuncia contra Pampuro y Bendini en causa militar

El centenar de causas abiertas contra los militares que pululan en los tribunales federales ha comenzado a tener un efecto no deseado por el gobierno. Los analistas castrenses vaticinan que más tarde o más temprano la administración Kirchner deberá terminar admitiendo que fue un gobierno peronista el que embarcó al Estado en la lucha contra la subversión. Y que ésta se ejecutó en función de una doctrina escrita en varios reglamentos militares y en boletines reservados. Hasta ahora, la Justicia ha indagado mucho sobre los tormentos a detenidos y crímenes cometidos durante la dictadura militar, pero ha evitado profundizar en el origen de esas órdenes, que, además de provenirde la cúpula militar, tenían como línea de partida el Ejecutivo con el guiño del Congreso. Quien podría empezar a escudriñar sobre ese pasado sería María Servini de Cubría. La jueza federal (con competencia electoral) deberá investigar si el ministro de Defensa, Jorge Pampuro, incurrió en el delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público. El candidato a senador nacional y compañero de Cristina Kirchner en la lista por el Frente para la Victoria, fue denunciado penalmente junto al jefe del Ejército, Roberto Bendini. El abogado Florencio Varela acusó a ambos de omitir ilegalmente y de negarse a certificar la autenticidad y vigencia de varios reglamentos militares que fueron aplicados por las Fuerzas Armadas durante la lucha antisubversiva. El letrado, quien patrocina a más de una docena de generales, describió que le reclamó a Bendini «varias veces» una respuesta sobre el tema, pero sostuvo que el teniente general «nunca respondió». Ante el silencio de Bendini, Varela llevó su reclamo al ministro Pampuro, diciéndole que el jefe del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) les había dado la espalda a sus subordinados. Que como abogado defensor de los militares «abandonados en su suerte por su propio comandante» le pedía que le ordenase a Bendini que respondiera sobre los reglamentos en cuestión. Además, le recordó que como ministro de Defensa tenía la obligación de defender a sus subordinados, «cuando ellos son llevados a los estrados judiciales por actos realizados en cumplimiento de una orden impartida por el propio Estado a través de su gobierno». • Silencio El abogado apuntó que Pampuro «guardó silencio durante casi seis meses» hasta que en los primeros días de este mes, recibió una nota firmada por el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Defensa, Rodolfo Herms, que le comunicaba que la certificación de los reglamentos debía ser ordenada por el juez de la causa. Varela sostuvo que esa postura constituyó un delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público, porque tanto Pampuro como Bendini deberían saber que los abogados, por Ley 23.187, pueden requerir a las entidades públicas información relacionada con la causa. Sólo se exceptúan de esta disposición aquellas informaciones de carácter estrictamente privado y aquellos registros y archivos cuyas constancias se declaren reservadas por disposición legal. Sólo entonces, el abogado debe pedir el informe por intermedio del juez de la causa. «Como es evidente, el incumplimiento de la ley ha sido flagrante», sostuvo Varela.

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