Equiparan a Isabel Perón con el gobierno de Videla

Por los crímenes de la Triple A, que también afectarían a Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero, último presidente del congreso peronista organizado por Néstor Kirchner.

Antonio Cafiero

La Justicia declaró ayer que los crímenes cometidos por la banda terrorista Triple A, creada por el gobierno peronista de 1973-1976, no son prescriptibles por constituir delitos de lesa humanidad. La medida extiende las responsabilidades a autoridades de los gobiernos de Juan e Isabel Perón, señalados por sus propios seguidores como alentadores desde el gobierno de alguna forma de represión clandestina de las bandas terroristas que actuaban en aquellos años, varias de ellas identificadas con el peronismo de la llamada «tendencia revolucionaria».

El gobierno Kirchner ha alentado desde el Poder Ejecutivo esta extensión del túnel del tiempo porque favorece la identificación de sus personeros con el ala del peronismo que actuó en el primer gobierno peronista de ese ciclo, el de Héctor Cámpora. Contra ese peronismo reaccionaron Juan e Isabel Perón, que lo sucedieron en el cargo, alentando o consintiendo -eso lo confirmará la causa judicial- la creación de esa banda terrorista. La hija del ex gobernador de Buenos Aires Oscar Bidegain -que accedió a una banca de diputada el 10 de diciembre pasado en las listas del oficialismo de esa provincia- dice haber escuchado de boca de su padre y de Perón la frase: «Acá hay que crear un somatén», referencia a los grupos parapoliciales que actuaron en Cataluña antes de la Guerra Civil Española (los «soms atents»).

Esta causa se tramita en varios juzgados y han declarado ex ministros de los gabinetes de «Isabelita», como Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf. En España ha sido investigada también la propia ex presidente, que está imputada en la causa que tramita el juez federal de la Capital Federal Norberto Oyarbide. No se descarta que «Isabelita» sea extraditada a la Argentina pese a que el fiscal español Baltasar Garzón, que investiga estos delitos en su país, ha dictaminado que ella «no se enteraba de nada» y que por ello no tieneresponsabilidades en las atrocidades de la Triple A. No es seguro que la Justicia argentina exculpe fácilmente a la ex presidente de lo que para algunos es una forma de autoría ideológica.

Ratificación

En una extensa resolución que supera las 60 carillas, los camaristas Eduardo Freiler y Horacio Cattani -con la disidencia de su colega Eduardo Farah- ratificaron lo resuelto en su oportunidad por el juez federal Oyarbide en favor de la imprescriptibilidad de esos delitos de la banda que, según testimonios, se creó con recursos y funcionarios del gobierno peronista y que reportaría al ministro José López Rega.

La convocatoria a Cattani (miembro de la Sala II) obedeció a que los camaristas Farah y Freiler discrepaban en torno de la calificación de los crímenes cometidos por esa organización armada.

Mientras Freiler opinaba que esos delitos eran de «lesa humanidad», su colega Farah entendía lo contrario, lo que hizo necesario -ante la renuncia del ex camarista Gabriel Cavallo- convocar un tercer magistrado.

La declaración de delitos de «lesa humanidad» de la banda adquiere especial relevancia a pocas horas de que se efectivice la extradición desde España del ex subcomisario de la Policía Federal Rodolfo Almirón, acusado de delitos de «lesa humanidad y genocidio» en esa causa.

Almirón, detenido en España por orden de Oyarbide, fue uno de los «jefes operativos» de la Triple A y está acusado de los homicidios del diputado Rodolfo Ortega Peña y del sacerdote Carlos Mugica, entre otros crímenes que se atribuyó esa organización.

Para hoy está previsto que Almirón arribe al aeropuerto internacional de Ezeiza, custodiado por efectivos de Interpol, y luego será sometido a estudios médicos para determinar su estado de salud, tras lo cual será indagado por Oyarbide.

La extradición de Almirón, de 72 años y jefe de la custodia de López Rega, fue aprobada por el gobierno de España, luego de que el actual acusado por delitos de «lesa humanidad» fuese apresado en ese país, en las afueras de Valencia.

En esta misma causa Oyarbide pidió la extradición de la ex presidente Martínez de Perón, un trámite aún pendiente en España al igual que un pedido similar efectuado por el juez mendocino Héctor Acosta.

Acusaciones

En la investigación judicial reabierta por Oyarbide se acusa a Almirón por el crimen del diputado peronista Rodolfo Ortega Peña, en 1974; y por los homicidios del ex subjefe de la Policía bonaerense Julio Troxler y de Silvio Frondizi.

Almirón ingresó a España en 1975 junto a López Rega y vivió desde entonces de incógnito en ese país, y Oyarbide le imputa los presuntos delitos de «asociación ilícita en concurso real con homicidios calificados y privación ilegal de libertad».

La Alianza Anticomunista Argentina (AAA), conocida popularmente como Triple A, fue un grupo paramilitar de ultraderecha que comenzó a funcionar en 1973, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, y prosiguió -tras su fallecimiento el 1 de julio de 1974- en el de su esposa, derrocada el 24 de marzo de 1976 por un golpe militar.

Con el fallo de ayer los delitos que se le atribuyen fueron equiparados con los del terrorismo de Estado de la dictadura militar (1976-1983).

El voto decisivo fue expresado por Horacio Cattani, quien se fundamentó en el despliegue, la ejecución y la comunicación de los operativos de la Triple A, instrumentados en un marco de impunidad, sin que fuesen obstaculizados por los poderes del Estado.