Erman ayer: "No hablé nunca de esto con Menem"

Tres preguntas clave le formuló ayer el juez Jorge Urso a Erman González al ampliarse la declaración indagatoria para establecer su presunta responsabilidad como organizador de una asociación ilícita supuestamente formada en el anterior gobierno para vender armas del Ejército a Croacia y a Ecuador. El objetivo del interrogatorio era el de establecer una presunta responsabilidad de Carlos Menem como jefe de esa asociación ilícita a la que González descalificó hábilmente al deslindar las imputaciones que le quieren formular a su ex jefe político tanto Urso -esta vez dirigió la mayor parte del interrogatorio-como el fiscal Carlos Stornelli.

González descartó de plano que hubiera hablado con Menem o con alguno de sus ex pares como Guido Di Tella o Domingo Cavallo durante la gestación o dictado de los decretos. A renglón seguido desmintió lo que dijo Cavallo en su libro, calificando esas afirmaciones del actual ministro de Economía como producto «de una mente muy creativa», pero destacó que lo que dice sobre no haber hablado el tema con él (González) es «la única verdad». Luego se preocupó en aclarar en el expediente que «tampoco este tema (las armas) fue motivo de conversación con el Presidente, tampoco tema de Gabinete, porque no le alcanza su envergadura y por ende, descarto todo carácter de vinculación asociativa tanto con el Presidente como con los ministros, con quienes jamás se nos hubiera pasado por la cabeza constituir algún tipo de asociación para cometer delitos de ninguna naturaleza, ni específicos ni generales».

Una parte del diálogo judicial fue el siguiente:

¿Cuál fue la télesis (finalidad) que inspiró la formulación a través de decretos de las ventas de armas al exterior?, inquirió Urso a lo que González contestó de la siguiente manera:

• Entre los primeros considerandos del decreto 1097/85 (gobierno de Raúl Alfonsín) se expresa que es prioritario para el país intensificar las corrientes exportadoras de productos no tradicionales de alto valor agregado, completando la misma con la expresión que la exportación de material bélico es de incidencia significativa como factor de reactivación industrial interna.

• La intervención del Poder político a través de decretos, se funda en la necesidad de controlar que las fábricas de material bélico estatales o privadas no produzcan con sus ventas algún riesgo eventual en la defensa territorial argentina, porque si se exportaran elementos o tecnología de las que no disponen nuestras Fuerzas Armadas, se crearía un desbalance en contra de nuestras posibilidades de defensa.

• El decreto 107 establece claramente que las negociaciones «se inician y concluyen» en Fabricaciones Militares... Ningún ministro, secretario o subsecretario podía llevar a cabo ninguna negociación referida a venta de armas con terceros, porque no son de su competencia.

• Las tres carteras que tienen relación con los fines de una operación de esta naturaleza son Defensa, Cancillería y Economía... Es falso que se diga que Economía participaba para opinar sobre el financiamiento de las operaciones porque, entonces, sí estaría excediendo su competencia.

Visto bueno

¿De quién partió la decisión de impulsar estas exportaciones?, inquirió de nuevo Urso. «No se trató de una decisión de estamentos políticos, sino del visto bueno que el poder político otorga a Fabricaciones Militares frente a una propuesta de venta de armas al exterior», zafó el ex ministro de Defensa.

Sin embargo, el juez no se conformó y trató de arrinconar. ¿Entiende, entonces, que la signatura refrendante de los decretos por los ministros y por los integrantes de la comisión exportadora de material sensitivo y bélico, vinculaban obligatoriamente en uno o en otro sentido al titular del Poder Ejecutivo?... «la compresión de un decreto de autorización de exportación de armamentos no se gesta ni se produce desde lo más alto de la pirámide para abajo, sino totalmente a la inversa, y va tramitándose como una propuesta de autorización de ventas, que por la naturaleza de los elementos, hace necesaria la autorización del poder político», se defendió González y por conexidad a Menem.