La defensa de los marinos imputados en el caso de espionaje ilegal de la base aeronaval Almirante Zar solicitará que se inició por la denuncia del cabo arrepentido Carlos Ariel Alegre. Ayer finalizó la tercera jornada de peritaje a las computadoras secuestradas de la oficina de inteligencia naval y se registró una irregularidad muy grave: la falsedad ideológica del «acta de secuestro» que el juzgado había confeccionado el 17 de marzo pasado durante el allanamiento a las instalaciones de la base Zar.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La impugnación representa un escollo en la marcha del expediente ya que el juez federal Hugo Sastre deberá expedirse sobre este incidente para poder continuar con la investigación sobre los archivos de presunto espionaje a políticos que había proporcionado el arrepentido Alegre y que determinaron la intervención de todo el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
El disparador del caso en Trelew fue Carlos Alegre, el cabo de inteligencia arrepentido que, como ya lo había hecho otro marino, Adolfo Scilingo -preso en España-, recurrió al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para denunciar a sus compañeros de oficina por actividades de espionaje ilegal. En el escrito de secuestro -elaborado por el primer juez de la causa, Jorge Pfleger- figuran cuatro computadoras mientras se llevaron cinco; una no fue incluida. ¿Habrá tenido que ver el yerro con cierta presión extrajudicial para dar la noticia del espionaje en vísperas del 30° aniversario del golpe militar? Hugo Sastre, actual juez que viene de ser prosecretario del juzgado electoral, citó el lunes pasado a las partes vinculadas a la causa para asistir junto con sus peritos a la apertura y el análisis del contenido de las computadoras utilizadas por los agentes navales.
No accedió el magistrado a la solicitud del perito de los marinos que quería verificar si fue o no quebrada la clave secreta de una notebook cedida por la Armada norteamericana del sistema ARMS, acrónimo de Automatical Report Merchant System, mecanismo de inteligencia naval que la Armada Argentina comparte con el Pentágono y que está bajo convenio bilateral.
Interesaba conocer ese dato ya que está acreditado que el especialista en seguridad informática Héctor Müller, contratado por el Ministerio de Defensa, operó las computadoras luego del secuestro en búsqueda de archivos. Y según la letra del convenio bilateral, ante la certeza de una violación de códigos, la parte afectada debe informar a la otra con el detalle de lo acontecido. ¿Lo hará Nilda Garré, quien ahora tiene autoridad máxima en inteligencia? Los peritajes informáticos que finalizan mañana son una medida de prueba importante por cuanto se esperaba confrontar las fotocopias de archivos extraídos de las máquinas por el marino Alegre con los que registraban las memorias.
Error grosero
El entonces juez Jorge Pfleger se presentó con celeridad aquella tarde del viernes 17 de marzo en la base Zar con la orden de allanamiento, recorrió las oficinas, precintó el lugar y ordenó una guardia permanente para evitar la fuga de información. Estaba acompañado por el secretario Mariano Miquelarena y el fiscal federal, Fernando Gelvez. Pero cometió un error grosero para alguien que ahora ocupa una silla en el Superior Tribunal Penal de Chubut: no incluyó en el acta de requisa una de las computadoras secuestradas, vicio que anula todo el procedimiento. Y eso que había seguido a pie juntillas el plano confeccionado por el arrepentido Alegre con la ubicación exacta de las seis computadoras de la oficina de inteligencia. Más aún, el arrepentido hizo la siguiente aclaración en el plano: «En cuanto a las CPU, todas tienen información relevante, en cuanto mediante ella podría corroborar directa o indirectamente el objeto como blanco a la vida interna de la provincia de Chubut; la única que no posee nada, recientemente instalada, es la que figura en el plano como CPU c».
De acuerdo con las normas procesales, la falsedad ideológica del acta implica también la nulidad de todos los actos conexos, explicó el abogado defensor Guillermo Hervida. Claro que el juez federal puede resolver no admitir la impugnación de la defensa. Sin embargo, sorprendió aún más que el propio Sastre ordenó ayer la restitución de la máquina no incluida en el acta -sin someterla a peritaje- a la oficina de Zar. Se adujo que era la de uso habitual del arrepentido Alegre.
Los primeros marinos citados a declarar en el proceso fueron los suboficiales Alfredo Andrade, Segundo Guantay, Héctor González, Vicente Rossi y el jefe de la Oficina de Inteligencia que funcionaba en la Base Zar, Gustavo Monzani. Los otros dos militares imputados son el ex director de Inteligencia Naval, contralmirante Pablo Rossi, y el ex comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Eduardo Avilés.
Dejá tu comentario