Fallo ADN reedita la pelea Corte-gobierno

El último fallo de la Corte Suprema que rechazó la extracción compulsiva de sangre de supuestos hijos de desaparecidos, apunta a transformarse en el nuevo motivo de pelea entre la administración Kirchner y los jueces supremos. El gobierno pretende volver a darle protagonismo al Congreso con la sanción de una ley que tire por tierra la prohibición del examen compulsivo de ADN a mayores supuestos hijos de desaparecidos que resolvió ese tribunal el martes. Sería algo así como una remake de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que se dispuso hace un mes.

La intención la esbozó ayer el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Y no es mera casualidad. Duhalde aparece como el hombre que se quedaría con la cartera de Justicia en una virtual separación de la de Seguridad. Sería un reestreno de gabinete para el próximo 10 de diciembre.

• Continuidad

En realidad, lo de Duhalde es una continuidad de la posición que esgrimió el martes último Juan Carlos Maqueda, que votó a favor del examen de ADN. El ministro de la Corte sostuvo que deben ponderarse los intereses de la comunidad en conocer la identidad de las personas desaparecidas y el derecho de las familias, como también la persecución del delito de sustracción de menores.

Lo concreto es que ya habría en el Congreso un proyecto de ley para que la extracción de sangre sea compulsiva en los casos de presuntos hijos de desaparecidos, apropiados en forma ilegal.

Duhalde interpreta que el derecho a la «intimidad» que adujo Evelyn Vázquez y que la Corte hizo suyo en su pronunciamiento, «no encuentra una razonabilidad suficiente frente a lo que está en juego con esto, que es la impunidad de los represores ilegales».

Y por lo tanto, defiende la postura para que sea el Congreso el que sancione una ley que venga a reglamentar estos casos para que no quede librado a una interpretación judicial, contrariando, de este modo, lo dispuesto por el alto tribunal.

Lo curioso es que la Corte, en su fallo, se encargó de aclarar que lo resuelto alcanzaba al planteo realizado por Evelyn Vázquez y que, por lo tanto, no era una regla general. Es decir, habría una definición caso por caso. Y que el rechazo a la extracción compulsiva -según lo ratificó el presidente de la Corte, Carlos Fayt-se dictó únicamente para « el juicio de filiación» y no para un procesamiento penal contra sus apropiadores.

No será éste el único frente de conflicto que los supremos deberán enfrentar. Porque la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que conduce Estela Carlotto, va a pedir el juicio de los siete jueces que avalaron el reclamo de Evelyn Vázquez.

Lo de Carlotto contrasta con el planteo de Hebe Bonafini, que respaldó la sentencia del tribunal por considerar que la mayoría de edad habilita a los jóvenes supuestos hijos de desaparecidos a decidir si quieren o no realizarse un examen de ADN.

• Apelación

No piensa lo mismo Carlotto, quien, además, apelará la decisión del máximo tribunal ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que el fallo emitido el martes «ha violado tratados internacionales» y la propia jurisprudencia de la Corte.

El caso Evelyn Vázquez se presta a diversas lecturas. Pero lo central es que la joven conoce que el matrimonio del marino Policarpo Vázquez y Ana María Farrás no son sus padres.

La pericia de ADN buscaba establecer si la joven de 25 años es hija biológica de Santiago Bauer y Susana Pegoraro, quienes están desaparecidos desde 1977 tras haber estado secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde la mujer dio a luz a una niña.

La joven estaba dispuesta a realizarse el estudio, pero puso como condición que los resultados no fueran utilizados como prueba que complicara la situación procesal de sus padres adoptivos. La Justicia de primera instancia no aceptó el planteo, por lo que la joven decidió rechazar la extracción compulsiva y llevar su reclamo a la Corte, que finalmente convalidó su postura.