Fin de juicio que duró 30 años

La Corte Suprema de Justicia tratará hoy un caso sin antecedentes en la historia judicial argentina no sólo porque lo ganó el Estado sino porque es un juicio récord por 2.700 millones de pesos. La más grande de las 600 mil demandas contra el Estado que hoy existen en el país. La cifra era reclamada al fisco por el empresario santiagueño José María Cantos por «daños y perjuicios». El caso comenzó en 1972 durante la presidencia del teniente general Agustín Lanusse. En Santiago del Estero estaba el interventor federal Carlos Jensen Viano. La Dirección de Rentas, conducida por Luis María Peña, decidió confiscar nueve empresas de Cantos, por infracción a la Ley de Sellos. Fueron allanadas las firmas Citrícola del Norte, Canroz SA, José María Cantos SRL, Rumbo SA, José María Cantos SA, Miguel Angel Cantos SA y Marta Inés SA. Además, Cantos era el accionista principal de la Radiodifusora Santiago del Estero SAC y del Nuevo Banco de Santiago del Estero y titular de bienes inmuebles urbanos y rurales en esa provincia. • Perjuicio La Justicia entendió que como consecuencia de los allanamientos, Cantos fue perjudicado económicamente debido a la imposibilidad de operar las nueve empresas por falta de los títulos correspondientes y también por la imposibilidad de oponer defensas ante ejecuciones judiciales intentadas por terceros exigiendo el pago de obligaciones ya canceladas. La «batalla judicial» estaba en marcha. Cantos denunció penalmente al director general de Rentas y un año después demandó al interventor federal de Santiago del Estero para que reconociera los daños y perjuicios provocados por los allanamientos y la retención de la documentación comercial realizados por los funcionarios de Rentas. La insistencia judicial derivó en sospechosas persecuciones contra Cantos y la detención del empresario al menos 30 veces. Según el registro de antecedentes de la Policía de esa provincia, entre 1972 y 1985 se abrieron contra José María Cantos 17 causas diferentes por los delitos de estafa y defraudación. En todos fue sobreseído. En 1982 el empresario llegó a un acuerdo con el gobierno santiagueño. Este reconoció la deuda por el grupo de empresas y fijó un monto indemnizatorio y una fecha de cumplimiento de la obligación. Pero cuando el interventor dejaba el gobierno, se incendió su despacho y la documentación de las empresas de Cantos desaparecieró. En 1986, Cantos decidió demandar directamente en la Corte Suprema a la provincia y al Estado por incumplimiento de lo pactado. El monto que reclamó entonces, ascendió a: 130.245.739 pesos Ley 18.188. Cuando expiraba el gobierno de Raúl Alfonsín, el Estado insinuó un arreglo extrajudicial pero las negociaciones fracasaron. En 1990, 18 años después de comenzado el trámite, Cantos logró que le restituyeran la radio y un dictamen del procurador del Tesoro, Carlos García, que reconoció el reclamo del empresario santiagueño con una nueva valuación: más de 850 millones de dólares. • Rechazo El 3 de setiembre de 1996 la Corte dictó una sentencia en la que se rechazó la demanda de Cantos, por entender que la causa había prescripto. Y se le impuso el pago de costas del juicio que ascendieron a los 140 millones de dólares. Pero, además, reguló los honorarios de los 16 abogados que patrocinaron al empresario en un monto de 7 millones de dólares y recibió una «inhibición general» para llevar a cabo su actividad económica. Cantos decidió concurrir a la Corte Internacional de Costa Rica que falló en contra de las pretensiones de Cantos y dijo que no hubo violación de ninguno de sus derechos porque tal como lo había sentenciado en 1996 la Corte Suprema la causa había prescripto. Sin embargo, Cantos logró algo en su intento: el Tribunal internacional le dijo a la Corte argentina que teniendo en cuenta este resultado se lo debía eximir de las tasas de Justicia y de las costas, es decir, de pagar 140 millones de dólares. Esta cuestión será hoy ratificada por los jueces y comunicada al empresario santiagueño. Después de tres décadas el juicio más caro del país tiene final.

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