Los 39 ex militares y un civil que estaban detenidos a pedido del juez español Baltasar Garzón fueron liberados ayer tras comunicar España oficialmente que desistía del pedido de extradición para juzgarlos en su territorio por crímenes de lesa humanidad. La medida fue puesta en práctica de forma inmediata por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Se hacen efectivas en el caso del intendente electo de San Miguel de Tucumán, Antonio Bussi, y del ex capitán de fragata Alfredo Astiz, porque el resto -Jorge Rafael Videla, el ex jefe de la Armada Emilio Massera y el ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército Guillermo Suárez Mason-cumple arresto domiciliario por estar imputado por presunto robo de bebés. Casi al mismo tiempo, la Cámara Federal porteña resolvió reabrir -en otro gesto retrospectivo-las causas conocidas como «ESMA» y «Primer Cuerpo de Ejército». Ambas habían quedado paralizadas luego de la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final durante el gobierno de Raúl Alfonsín. La Cámara adoptó esta postura basándose en la anulación de las leyes del perdón que hace dos semanas sancionó el Congreso. Pero hay una gran confusión sobre la validez de esta medida y todo indica que la Corte Suprema deberá definir si es legal o no lo que hizo el Congreso.
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Ayer, el juez federal
El pedido del magistrado español quedó sin efecto por una resolución del Consejo de Ministros de España que no convalidó el trámite de extradición de los ex militares argentinos.
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