El gobierno postergó ayer dos semanas la discusión del proyecto de reglamento que otorga facultades especiales al vicepresidente del Consejo de la Magistratura. El tema será discutido, según se acordó ayer, en el próximo plenario del jueves 21.
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La concesión de superpoderes para Carlos Kunkel ha generado el disgusto de los pocos radicales que integran el Consejo de la Magistratura y, obviamente, el de los jueces.
El reglamento que se quiere aprobar concentra el control de las funciones ejecutivas en el despacho del vicepresidente mientras resta poder de decisión al resto de los consejeros. Se trata de una conducción bicéfala, pocas veces vista en un cuerpo colegiado, que le deja al presidente de la Magistratura un poder de juguete.
Sobre esta cuestión fue advertido el abogado Pablo Mosca, ungido la semana pasada como conductor del consejo de jueces.
Antes del plenario de ayer, el abogado fue asesorado por algunos consejeros que le recomendaron no plegarse al bloque oficial para la concesión de superpoderes a Kunkel.
«Si acepta, será un presidente decorativo», reflexionó un consejero que, nostálgico, rememoró que los planteos ultracríticos y la campaña contra el Consejo la hicieron con más fervor los abogados. ¿Qué habrá ocurrido para tan vertiginoso giro?
La iniciativa oficial no sólo contiene un arrollador avance sobre las facultades del presidente, sino que también prevé crear superestructuras por arriba de las comisiones que sobrevivieron la reforma. Por caso, planea la fundación de una supersecretaría que estará por encima de las comisiones de Disciplina y Acusación. Para ese puesto ha sido recomendado un hombre del riñón del senador Nicolás Fernández.
Deja sin representación a la minoría política en la Comisión de Labores. No es el único caso: ayer, el radical Federico Storani estuvo al borde de no integrar la Comisión de Selección a pesar de que todo el año pasado la presidió.
Crea de un «cuerpo de asesores» que podrá sustituir a un consejero y acusar. Llamativamente, esa comisión estaría integrada por los ex consejeros. Suenan los nombres de los abogados Beinusz Sumukler y Luis Pereira Duarte, quien hasta último momento aspiró a repetir mandato.
El esfuerzo por controlar el Consejo de la Magistratura, más allá de lo que norma una ley denunciada como demagógica, ya aparece como el maquillaje de una operación que, en vez de mejorar la calidad institucional, se ha convertido en una intervención solapada del poder judicial. No es un detalle menor: en la Magistratura se decide la selección y remoción de los jueces, además, del manejo del Presupuesto de la Justicia.
Por lo pronto, ayer sólo se alcanzó acuerdo para aprobar la integración de las comisiones de Acusación y Disciplina, Administración y Financiera, Reglamentación y Selección. La elección de los presidentes de estas áreas quedó también para otro momento.
En la Comisión de Acusación, ahora unificada con la de Disciplina, fueron designados el abogado Santiago Montaña, los senadores Nicolás Fernández y María Laura Leguizamón, los diputados Storani y Diana Conti, el académico Mariano Candioti, los jueces Luis Cabral y Luis Bunge Campos y la representante del Poder Ejecutivo Marcela Losardo.
En tanto, la Comisión de Administración y Financiera quedó integrada por Montaña, Storani, Cabral, Losardo, Kunkel, el senador Ernesto Sanz y el juez federal de San Juan Miguel Angel Gálvez.
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