La AFIP detectó evasión en los autos contrabandeados

En la investigación de Alberto Abad aparecieron ahora un Porsche y un Hummer comprados en u$s 110.000 por dos monotributistas.

La investigación por el posible contrabando de automóviles de lujo a través de franquicias irregulares de diplomáticos extranjeros sumó un nuevo actor fundamental. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene desde ayer los datos de las personas y empresas que acreditan ser los poseedores de las más de 100 unidades investigadas, y comenzó a cruzar información para saber si los vehículos estaban efectivamente declarados en las últimas presentaciones de Bienes Personales. Pero, además, el organismo que dirige Alberto Abad pedirá información sobre la forma en que se realizaron las operaciones. Más específicamente, las cuentas desde las cuales salió el dinero para realizar los pagos de los automóviles y camionetas todoterreno.

También la AFIP llamará a las agencias de automóviles involucrados para saber si cumplieron con los requisitos legales de comercialización de las unidades.

Fuentes del organismo recaudador aseguraron que los primeros movimientos detectaron al menos cuatro irregularidades, al comparar los listados de los propietarios y las sociedades que habrían adquirido estos rodados con el banco de datos interno de la AFIP. Dos monotributistas (que como máximo facturarían unos 144.000 pesos anuales) figuran como propietarios de dos unidades: un Porsche 911 (cuyo precio de compra fue de más de u$s 110.000) y uno de los famosos Hummer (con un valor de 110.000 dólares).

Además, hay otros dos casos donde la persona que figura en los listados ni siquiera incluyó las unidades en su declaración de Bienes Personales. La AFIP está controlando también que el precio de venta de los automóviles comprados por las personas y sociedades coincida con el valor presentado en la declaración del impuesto a la riqueza.

Fiscalización

El organismo avanzará también en la forma en que se realizaron las operaciones de adquisición de los automóviles, para saber si los compradores tenían declarado el dinero por el cual tomaron posesión de los vehículos. Siguiendo esta línea de investigación, la AFIP fiscalizará varias operaciones realizadas pagando el rodado en el exterior con cuentas registradas fuera del país. Estos datos están en poder del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, y forma parte de las presentaciones que algunos abogados realizaron en los últimos días para demostrar que sus clientes pagaron las unidades al precio de mercado y «de buena fe».

Pero la AFIP también está siguiendo una línea de investigación propia, con datos que ya venía manejando. Durante 2007, el organismo comenzó a fiscalizar a unas 440 empresas que declararon haber adquirido desde 2004 hasta el año pasado (el mismo período investigado por la Cancillería al comenzar este caso) vehículos de más de 100.000 pesos de valor y declarados como bienes de capital para realizar tareas productivas. La AFIP sospechaba que estas unidades eran adquiridas, en realidad, para uso personal, pero se colocaban como bienes de las sociedades para pagar menos impuestos, cuestión que está en plena investigación por parte del organismo. El dato que se sumó en las últimas horas es que varias de estas sociedades figuran en el listado que maneja el juez Aguinsky. De confirmarse que las empresas anotaron el rodado como bien de capital cuando era para uso personal, y que además está involucrado en una causa de contrabando, la penalización será más grave. Hay que aclarar que se trata de vehículos deportivos y de valores de por encima de los u$s 80.000, con lo que sería difícil demostrar que efectivamente estaban afectados a la producción de bienes o a la prestación de servicios.

Por otro lado, y tal como anticipó el lunes este diario, el juez Aguinsky se alejará de la causa y pedirá su sorteo. Sucede que el magistrado tomó la presentación judicial de la Cancillería al ser el único tribunal penal tributario abierto en la feria judicial de enero, con lo que, según su visión, correspondería ahora un sorteo para saber quién continuará con la investigación. El sorteo se realizará el viernes 1 de febrero a las 7.30.

Perspectiva

Por este motivo, Aguinsky tampoco avanzará en la investigación de 15 nuevas medidas de prueba que apuntan a la cadena de intermediarios y compradores finales, que reclamó la fiscal María Luz Rivas Diez para conocer la situación de unos 50 vehículos que figuran dentro del listado. Lo más probable, explicaron las fuentes, es que las nuevas medidas pedidas por la fiscalía sean resueltas por el juez que quede definitivamente a cargo del caso.

Aguinsky sólo se limitaría hoy a ampliar la interdicción y la prohibición de salir del país a otro medio centenar de rodados involucrados. «Las últimas medidas del juzgado estarán relacionadas con el tema de aseguramiento de autos y cautelares porque no sería correcto dejarle armada la agenda al nuevo juez», evaluaron fuentes de la causa.

Las medidas fueron solicitadas por la fiscal María Luz Rivas Diez, tras un exhaustivo análisis del expediente hecho ayer en base a cruces de datos sobre patentes y dominios de vehículos recibidos de Aduana, Cancillería y Registro de la Propiedad Automotor. «Se pidieron pasos durísimos en la causa, aunque todavía no indagatorias», explicaron las fuentes sobre las medidas fiscales, que permanecen en reserva.

Por el juzgado de Aguinsky continuaron ayer circulando varios abogados con clientes que figuran en los listados de compradores de automóviles que podrían haber sido ingresados irregularmente por diplomáticos extranjeros. Entre los abogados figuraron delegados de los estudios de Mariano Cúneo Libarona y Fontán Balestra, entre otros.