La Argentina, paraíso judicial en la región

Así como la Argentina aparece entre las predilectas para la práctica del turismo o como un centro favorito para el embellecimiento estético, para los delincuentes resulta el mejor santuario para refugiarse. Ayer la Justicia comenzó a analizar el pedido de extradición de seis paraguayos que están acusados del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas Grau.

Todos los «extraditables» son militantes del opositor Partido Patria Libre cuyos máximos dirigentes estarían vinculados con el guerrillero Rodrigo Granda, miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Hoy lo requieren los organismos judiciales colombianos y paraguayos por terrorismo y secuestro. Las FARC se dedican a entrenar aliados en Ecuador, México y Paraguay para exportar su revolución narcoterrorista por todo el sur del continente.

Los antecedentes en materia de «extraditables» no hablan bien de la Argentina. Por lo menos, en dos casos donde pudo estar a la vanguardia: se trata de la extradición del supuesto terrorista etarra Jesús Lariz Iriondo y del ex jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Sergio Galvarino Apablaza, alias «comandante Salvador». En ambos casos, la Justicia argentina impidió que fueran extraditados y juzgados en sus países por delitos contra la humanidad.

Como el «comandante Salvador» -quien dijo ser «víctima de una persecución del Estado chileno»-, en el caso de Cecilia Cubas, los principales acusados también alegaronser «perseguidos políticos», pero del gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos. Ese fue el argumento que en su defensa utilizó ayer en su primera intervención Agustín Acosta González, uno de los seis paraguayos sometidos a juicio de extradición a su país.

«Soy un preso político y me niego a ser extraditado a mi país», exclamó Acosta González, de 34 años y profesión locutor radial. De este modo le exigió al juez Ariel Lijo que no lo envíe a Asunción porque «en la cárcel nos pueden torturar y matar». «Usted no me puede garantizar a mí como ciudadano que en Paraguay voy a ser sometido a un tribunal imparcial y un juicio justo porque en mi país no hay democracia ni seguridad jurídica», le espetó al juez Acosta González.

Además del locutor también son sometidos a juicio de extradición Arístides Vera Silguero, Roque Rodríguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Gustavo Lescano Espínola, que están detenidos en el penal de Marcos Paz y en su mayoría son de origen campesino.

A todos ellos la Sala III de la Cámara Penal de Paraguay les imputa su presunta intervención en el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas.

Ayer los abogados defensores Eduardo Soares y Liliana Mazea, recusaron al juez Lijo con el argumento de que previamente denegó la presentación de unos 40 testigos -entre ellos dos obispos paraguayos- y en consecuencia, según opinó, «existe una abierta parcialidad por parte de su señoría». Pero el juez, luego de un cuarto intermedio para resolver la cuestión, rechazó la solicitud.

Cecilia Cubas fue secuestrada el 21 de setiembre de 2004 en Asunción de Paraguay. Su familia pagó 300 mil dólares de rescate, pero nunca fue liberada y finalmente la policía encontró su cadáver enterrado en una casa particular.

Las autoridades culparon del crimen a Patria Libre y los seis hombres de nacionalidad paraguaya fueron investigados por el juez Pedro Mayor Mercado que finalmente los sobreseyó, pero más tarde la Sala III de la Cámara en lo Penal los acusó nuevamente.

Todos pidieron refugio en la embajada argentina, pero el embajador les sugirió que solicitaran asilo político en Comité de Elegibilidad para Refugiados (CEPARE), dependiente del Ministerio del Interior, donde dos de ellos, el 2 de mayo último, fueron detenidos y enviados a la cárcel. Los seis acusados llegaron a la Argentina cruzando la frontera en forma ilegal. Pese a ello el gobierno los asiló.