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La Corte archivará las causas contra la reforma del Consejo
La idea de declarar abstractos los planteos fue impulsada en las últimas semanas por la Procuración de la Nación.
«Los consejeros asumieron sus cargos porque el presidente de la Corte les tomó juramento. Estuvieron todos los miembros del tribunal. De cierto modo, esa presencia convalidó la reforma. ¿Qué van a decir ahora, que devuelvan los cargos?», se preguntó una fuente del tribunal.
Los flamantes consejeros juraron a su cargo en un acto encabezado por el presidente de la Corte, Enrique Petracchi.
Además de abogados, que perdieron dos cargos, y jueces y académicos, que perdieron uno cada uno, el nuevo Consejo tampoco tiene representantes de las segundas minorías parlamentarias.
La reducción de miembros en el Consejo de la Magistratura impulsada por el oficialismo encontró el aval judicial en dos oportunidades. Primero fue la jueza Clara Do Pico, quien rechazó, en primera instancia, el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), el Colegio Público de Abogados de la Capital y el letrado Ricardo Monner Sans.
Después fue convalidado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Los jueces Jorge Esteban Argento y Carlos Manuel Grecco argumentaron que «la competencia para reglamentar lo atinente al Consejo de la Magistratura corresponde al Congreso Nacional», que sancionó una ley que, en febrero de este año, redujo de 20 a 13 el número de integrantes.
Sobre el caso, también se pronunció el procurador Esteban Righi. En su dictamen, el jefe de los fiscales sostuvo que «es una facultad constitucionalmente asignada al legislador la de reglamentar el funcionamiento interno del Consejo de la Magistratura y, en tal sentido, puede definir el número de comisiones que lo integrará, así como la composición y competencias de cada una de ellas».
Al respecto destacó que «las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse», salvo que se advierta que una ley es manifiestamente opuesta a la Constitución nacional, lo cual no ocurre en este caso.
En definitiva, lo que el jefe de los fiscales argumentó es que no corresponde al Poder Judicial analizar el error o acierto, la conveniencia o el mérito de una decisión del Legislativo que no es judiciable ni tampoco inconstitucional.
Según su criterio, la Constitución dispone que el Poder Legislativo procure el equilibrio dentro del Consejo, sin hablar de un número concreto de miembros.
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