Todos los vehículos que hayan sido ingresados al mercado argentino irregularmente, por medio del otorgamiento de las franquicias diplomáticas denunciadas por la Cancillería la semana pasada, terminarán siendo rematados. Las unidades tendrán este destino, ya que el delito que la Justicia les imputará a todos los involucrados en quienes se compruebe la maniobra ilegal es el de contrabando; situación que inevitablemente culmina con la venta al público del bien por parte del Estado a través de un remate fiscalizado.
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Así, todos los actuales propietarios de los automóviles y vehículos todoterreno imputados, los hayan comprado de buena fe o no, perderán el dinero de la compra; y sólo lo recuperarían reclamando la suma a la persona que les vendió la unidad.
Para que el remate se consume, primero comenzará la investigación caso por caso sobre cada operación realizada, y cuando la investigación llegue a determinar (siguiendo la cadena de las operaciones comerciales realizadas) que efectivamente hubo una maniobra ilícita a través del otorgamiento de licencias a diplomáticos extranjeros, se decidirá su venta al público. Mientras tanto, el poseedor de la unidad no podrá vender ni modificar la estructura del auto al momento de haber sido adquirido. Además, durante el proceso, para poder circular el propietario deberá sacar un seguro a nombre del Estado por cualquier daño eventual en el que incurra.
Según fuentes judiciales, ya podría determinarse que de los 98 vehículos investigados hasta el momento (serán en el corto plazo más de 120 automóviles), en unos 56 habría semiplena prueba de la posible existencia del ingreso irregular al mercado argentino. En estos casos, desde hoy el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que trabaja a partir de los datos que le enviaron la Aduana y el Ministerio que maneja Jorge Taiana, comenzará a citar como testigos a los propietarios oficiales de los automóviles de lujo y vehículos todoterreno. Entre estos se incluye la larga lista de empresarios y gente del espectáculo y el deporte que figuran para los registros, y los «títulos de dominio» como los dueños últimos de los vehículos. Entre otros, Aguinsky citará (en persona o a través de sus abogados) al folclorista Oscar «El Chaqueño» Palavecino; al ex integrante del seleccionado argentino de rugby Pedro Sporleder; los futbolistas Juan Sebastián Verón y Aldo Duscher, el empresario Gustavo Mascardi, el polista Adolfo Cambiasso, Jorge Pablo Brito (hijo de Jorge Brito, dueño del Banco Macro). El listado se completa con Guillermo Marín, Eduardo Cohen, Gustavo Trastenberg, Néstor Darío Aguad, Claudio Burgos, Bruno Geat, José Luis Balizan, Silvana Laura Palmero, Empresa La Angelita SA, Antonio Volponi, Welmaq SA, Patagonia Building SRL, La Dolfina SA, María Sambeth, Pedro Sporleder, Roberto Mario Morini, Inversiones Montana SA, Gavidia SA, S4 SA, Divot Group SA, Indian Chief SRL, Viancap SA, Juan Manuel Trejo, Carlos Alberto Cupi., Energy Group, Schonstatt Wagen SA, Juan Pablo Aliente, Alberto Raúl Castro, Francisco Pedro Vara, Leonardo Nucera, Eagle Security, Financiaciones Meridianas, Julio Tymczyszyn, Carlos Eduardo Antonio Oliva, Daniel Araneda, Juan José Leyria Salinas, Vademecum SA, Indus SAIYC y Magic Team SA. También figuran Cromel SA, Gilmer SA, Mario Roberto Segovia, Nélida Viggiano, Alberto Giudice, Los Tukis SA, Analía Verónica Gozalo, Fiorano SA, Guillermo Marsicovetere y Vacuna SA. Uno de los vehículos fue, además, comprado originalmente por el animador Marcelo Tinelli y luego éste lo vendió a un tercero.
Según la investigación de Aguinsky, en ninguno de los casos los vehículos en cuestión pudieron haber ingresado al país de otro modo que no fuera a través de la franquicia que entrega la Cancillería; con lo que el comprador se ahorraría 35% de la franquicia para importar vehículos y 21% del IVA.
En principio, existiría un delito primario de evasión impositiva. En este caso, y como no se trata de montos superiores al millón de pesos, el propietario podría abonar una multa y luego continuar transitando con el vehículo en cuestión. Sin embargo, como se trata del ingreso ilegal del vehículo al mercado argentino, el delito es de contrabando agravado, que inevitablemente termina con el remate del bien.
Ahora, Aguinsky aguarda la información que solicitó al Registro del Automotor, para saber cuáles fueron los compradores y los vendedores de los automóviles, ante la presunción de que fueron ingresados al país con beneficios impositivos para ser vendidos al conveniente precio de mercado. A través del Sistema de Franquicias Diplomáticas, reglamentado por la Convención de Viena, las embajadas pueden pedir el permiso de importación de autos sin pagar el impuesto de 35 por ciento y 21 por ciento de IVA. Durante un lapso que va de uno a cuatro años los vehículos no pueden «nacionalizarse», por lo que sólo pueden ser usados con fines diplomáticos.
Este sistema establece además que recién cuando se supera ese período se puede pedir a la Cancillería la nacionalización de los automóviles, para tramitar la cédula verde y venderlos en el mercado interno. Esa habría sido la infracción, ya que la Justicia investiga los casos en los que no se habría esperado el tiempo legal para nacionalizar los autos.
Según lo que pudo conocerse este fin de semana, el caso sobre potencial contrabando recayó en el juzgado de Aguinsky al ser el único que estaba abierto por la feria judicial de enero. Por este motivo, el juez conducirá la instrucción y la investigación hasta el 1 de febrero, y como luego comenzará sus 15 días de licencia, la causa podría ser sorteada para que termine de ser llevada adelante por otro magistrado.
Mientras tanto, diplomáticos de Rusia, Chile y Uruguay acreditados en la Argentina se desligaron este fin de semana del escándalo por la importación de autos lujosos con franquicia diplomática luego vendidos a terceros, que salpica a al menos 14 representaciones extranjeras. En sintonía hablaron los responsables de las embajadas de Rusia y Uruguay. Como contrapartida, la delegación chilena que maneja Luis Maira admitió que siete funcionarios de su delegación están siendo investigados por este tema, y reconocía dos casos llamativos porque involucran una camioneta Hummer y un automóvil Porsche «que no se ajustan a los ingresos de esos funcionarios». Otros países involucrados en la investigación por tener o haber tenido en sus filas a funcionarios que realizaron eventualmente maniobras de este tipo son Marruecos, Paraguay, Cuba, Pakistán, Armenia, Bolivia, Colombia, Perú, Belarús, Ecuador y Nigeria. En estos casos, el otro juez que interviene en la causa, Norberto Oyarbide, determinará si corresponde o no elevar el caso a la Corte Suprema al tratarse de diplomáticos extranjeros.
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