María Julia, pese a condena, pide salir

La defensa de María Julia Alsogaray presentará esta semana un pedido de excarcelación en la causa en la que está detenida desde hace 9 meses, acusada de supuesta «administración fraudulenta» por refacciones a la sede de la ex Secretaría de Medio Ambiente. Así lo adelantó ayer a este diario Pamela Bisserier, la abogada oficial de la ex funcionaria, quien realizará la solicitud ante el Tribunal Oral N° 4, el mismo que el último viernes condenó a María Julia a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito, y el que también la deberá juzgar en el juicio oral por la causa que la mantiene detenida. «La prisión preventiva no es la regla. No está para adelantar pena, sino que se dicta en el caso de que haya temor a fuga», esto es lo que, entre otras cuestiones, planteará Bisserier a los jueces Horacio Vaccare, Leopoldo Bruglia y María Cristina San Martino. El delito de « administración fraudulenta» prevé una pena que va de los 2 a los 6 años de prisión, es decir que puede ser excarcelable. La causa fue investigada por Rodolfo Canicoba Corral, quien la semana pasada la elevó a juicio oral, el cual estará a cargo del mismo tribunal que encabezó los debates por el caso de enriquecimiento. Bisserier está abocada desde ayer a esa presentación, que se realizará en el transcurso de esta semana, y ya prepara la apelación ante la Cámara de Casación Penal del veredicto del último viernes, que condenó a María Julia a tres años de prisión, seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el decomiso de 500.000 dólares y 622.000 pesos, más las costas. Para hacerlo, Bisserier esperará a conocer los fundamentos de los jueces, que está previsto que se hagan públicos hoy. La defensora de pobres, ausentes e incapaces planteará diversas cuestiones, pero las más destacadas son dos: • La inconstitucionalidad de la figura de enriquecimiento ilícito, que invierte la carga de la prueba, algo que la Corte ha rechazado en anteriores ocasiones, por ejemplo, en el juicio a Eduardo Angeloz. En los temas preliminares al juicio oral, la abogada ya había realizado este planteo, el cual fue rechazado por el tribunal. Pero los jueces se volvieron a pronunciar en el mismo sentido en su veredicto final. Para Bisserier, allí hay prejuzgamiento, ya que se expidieron dos veces por el mismo punto. Además, sobre este tema hay un recurso pendiente en la Corte Suprema. Para la abogada, esta cuestión es importante, porque en caso de que el máximo tribunal resuelva a favor, «se cae la audiencia completa». • La inconstitucionalidad de la ley secreta 18.302, que regula los fondos reservados. Bisserier pidió al tribunal que se expida en ese sentido sobre la norma, ya que consideró que su carácter secreto perjudicó a María Julia porque no pudo conocer el contenido de la ley. Pero los jueces se lo rechazaron, y ahora lo planteará en Casación. El cobro de sueldos en negro fue, sin duda, la vedette del juicio oral, que explotó por la declaración de Roberto Martínez Medina, un ex secretario de Raúl Granillo Ocampo, quien fue ministro de Justicia de Carlos Menem. El «arrepentido» confesó que todos los meses habría cobrado dinero de ese origen para su jefe y que también lo hacían otros funcionarios. María Julia aseguró que había percibido 622.000 dólares/pesos, durante su paso por la función pública, amparados en la norma secreta. Pero el fiscal Oscar Amirante entendió que esos fondos no debían ser cobrados por la ex funcionaria, ya que no le correspondían a su cartera. De la misma manera lo consideraron los jueces, que pidieron un decomiso por ese monto. En el veredicto, se supo que los jueces consideraron constitucional la norma, y es el primer tribunal federal que se expide en ese sentido. Además, ordenaron que toda la documentación pase al juzgado de Jorge Ballestero, que investiga una causa al respecto. Los fundamentos también serán decisivos para conocer otras cuestiones que discutirá Bisserier: • Los jueces determinaron la prescripción del delito de presunta «falsificación de documento privado» por el que también se imputaba a la ex interventora de ENtel, al considerarse que falseó el contrato con Astilleros Alianza. A pesar de esto, el tribunal utilizó ese elemento para condenar a María Julia y ordenó la devolución de 500.000 dólares, la cifra que la ingeniera dijo haber percibido. Para la letrada, esto «es una incongruencia». Además, discutirá que en este caso el monto por decomisar sea en dólares. Ahora se esperará si existe una explicación en los fundamentos. • El otro punto será la efectividad de la prisión. Los jueces no detallaron en su veredicto si es de cumplimiento efectivo. Quien sí lo afirmó posteriormente fue el prosecretario del tribunal, Eduardo Méndez. Según explicaban el viernes en Comodoro Py, si los jueces no lo dejan explícito, la prisión es efectiva. En caso de serlo, serán ocho meses los que María Julia deberá pasar detenida antes de poder pedir su excarcelación. Sin embargo, Bisserier ya adelantó que será un tema por discutir.

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