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Pesificación, primer fallo trabado que resolverá la Corte tras achicamiento
La iniciativa oficial que esta semana concentrará la atención de diputados y senadores busca que la Corte vuelva a estar compuesta por cinco integrantes, que era el número que tenía hasta 1990, fecha en la que el entonces presidente Carlos Menem decidió la ampliación del cuerpo a nueve miembros.
Ese fue el comienzo de la llamada «mayoría automática» a favor del Ejecutivo nacional, según las insistentes denuncias de la oposición y de la mayoría de los sectores sociales en aquel momento.
Actualmente, el máximo tribunalestá funcionando con siete de los nueve ministros puesto que hay dos vacantes no cubiertas por la Casa Rosada. Esa indefinición política en cierto modo ha paralizado el trabajo del Tribunal que debe reunir una mayoría de cinco votos como si estuviese completa. Ese número cuesta alcanzar a veces por el excesivo protagonismo de algunos jueces.
El presidente electo del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, confió que en cuanto esté lista la composición de cinco miembros de ese cuerpo se va a «resolver mucho más rápido» la cuestión de la pesificación.
Jueces como Carlos Fayt consideran que «el fondo de la cuestión no está tanto en el número de integrantes como en la cantidad de causas que ingresan en la Corte».
«En Estados Unidos, la Corte conoce 81 causas por año. En la Argentina, 24.000 casos por año. No hay Corte en el mundo que pueda recibir tamaña cantidad», explicó.
Es el caso de la prohibición de asumir a Patti como legislador y los indultos. Dos temas que atacan al corazón de la gestión del patagónico.
La Corte Suprema todavía no hablará sobre el ex intendente de Escobar, pero enviará una señal institucional cuando aborde el caso de Antonio Domingo Bussi.
El Tribunal ya tiene un dictamen del procurador general Esteban Righi, que reconoce la potestad de la Cámara de Diputados de analizar y rechazar los pliegos de sus miembros con el argumento de que carece de la necesaria «idoneidad ética y moral» por su actuación durante la dictadura.
«La Honorable Cámara de Diputados tiene atribuciones para emitir juicio sobre la idoneidad técnica y moral de aquellos que incorpora aun en las hipótesis en que su legitimación provenga del voto», dice el dictamen de Righi.
Los jueces supremos ya decretaron que los crímenes de lesa humanidad «no son susceptibles de amnistía o perdón», y ese argumento podría sustentar ahora un fallo que declararía que son nulos e inválidos los indultos que el ex presidente Carlos Menem otorgó a ex jefes de la última dictadura militar.
En esa sintonía también opinará Righi. Ese fallo podría estar antes de que finalice el año.
También debe resolver una causa por la extracción compulsiva de ADN a un supuesto hijo de desaparecido.
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