¿Puede un juez voltear un arbitraje privado?

La reapertura del caso Meller, donde una cámara ordenó revisar la decisión de un tribunal arbitral del ex Ministerio de Obras Públicas, y el juicio que una empresa mantiene en sede arbitral con la Argentina y el Paraguay por la construcción de Yacyretá han puesto de actualidad un debate jurídico de importancia además política. Es porque a la actual Corte algunos diputados la quisieran enjuiciar por su decisión de esa polémica.

Llegado el caso por recurso extraordinario de hecho ante la Corte, ésta emitió un fallo con voto dividido, donde la mayoría (Nazareno, Boggiano, Moliné O'Connor, López y Vázquez) se pronunciaba por denegar el recurso, en tanto la minoría (Belluscio, Fayt y Petracchi), por la aceptación de la queja. Según Nazareno y Boggiano, la elección del árbitro y su laudo debían considerarse un acto definitivo. En cambio, los votos disidentes entraron a considerar la arbitrariedad alegada de modo detenido y concluyen con que el laudo debe ser anulado.

Hay también un tribunal arbitral que debe considerar una cuantiosa demanda contra Yacyretá. El Ente Binacional sostiene que el precio contractual está pagado y que los reclamos encubren una superutilidad de más de 50% sobre el costo, que resultaría abusiva frente a obras de ingeniería semejante. Ha incidido notablemente en el precio del impacto de los intereses a tasa comercial activa capitalizable periódicamente en lugar de lo que es habitual en los contratos de obra pública.

Los tres casos presentan analogías. En los tres, los contratistas plantean que se trata de contratos de obra civil en lugar de obra pública, para excluir toda consideración al interés público y social comprometido. En los tres existieron fuertes presiones de lobbystas, ya sea vinculados a embajadas o círculos financieros internacionales o aportantes a las cajas políticas, según fuera el caso. En los tres, la construcción de un importante reclamo obedece a la ingeniería financiera, más escrupulosamente desarrollada que la ingeniería civil. En los tres, se suscitó un gran interés de la opinión pública frente al planteo exponencial de los reclamos. Los tres casos fueron sometidos a arbitraje.