El jefe de Senadores del bloque radical Ernesto Sanz consideró ayer que la ministra Felisa Miceli deberá explicar quién promovió un pago de casi 600 millones de pesos al Grupo Greco, incluido en un proyecto de ley que fue frenado a fines del año pasado en la Cámara alta. La maniobra formaba parte de una autorización de endeudamiento que pidió el Poder Ejecutivo al Congreso, pero no aparecía de manera explícita quiénes eran los acreedores, sino camuflada entre otros pagos, por ejemplo, a ex trabajadores de YPF.
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El paso de Sanz por los tribunales federales dejó en la fiscalía de Federico Delgado la sospecha de que en el escandalete económico, uno de los más gruesos en la era kirchnerista, participaron varios actores. La cuestión es establecer si se pagó por error o si hubo intencionalidad. De confirmarse que fue premeditado, entonces, la investigación apuntará a conocer quiénes fueron los interesados en abonar esos fondos sin tener en cuenta la deuda que los Greco también mantenían con el Estado.
Por lo pronto, el juez ya tiene dos nombres, ambas mujeres, para llamar a declarar en las próximas horas. Se trata de Alejandra Taddei, subsecretaria legal de Ministerio de Economía, y de Valeria Pomodoro, directora general de Asuntos Jurídico de la cartera económica.
Sanz estuvo una hora y media en el juzgado de Ariel Lijo, tiempo que usó para realizar una prolija cronología de los pasos que se siguieron en el Congreso para aprobar el millonario pago al grupo Greco desde que el proyecto fue enviado por el gobierno al Parlamento -con las firmas de Néstor Kirchner, la ministra de Economía y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández hasta la sesión de diciembre del año pasado, cuando el bloque de senadores radicales se opuso al desembolso.
Punto de inflexión
Sanz señaló dos cuestiones como punto de inflexión en esta causa:
La Resolución del Ministerio N°33/ 07 publicada por el Boletín Oficial Nº 31.081 del 25 de enero de 2007, por el cual se resolvió, entre otras cosas, revocar todos y cada uno de los actos administrativos vinculados al pago del Grupo Greco desde el 30 de setiembre de 2004 hasta la fecha. Esa resolución fue sustentada en las conclusiones de un sumario administrativo que la propia ministra resolvió instruir el 18 de diciembre de 2006 a través de la Resolución N°997/06. Llamativamente, esa resolución ve luz cuando se le pidió explicaciones a la ministra Miceli sobre los beneficiarios de los famosos bonos.
«El fundamento, en síntesis, ataca el pago ilegítimo y plagado de irregularidades tanto en el procedimiento administrativo como en el judicial», sostuvo el senador.
Si lo de Miceli aparece dudoso, más preocupante resultó la respuesta de la doctora Valeria Pomodoro como consecuencia, también, del pedido de informes del bloque radical. Además de trasladar responsabilidades en gestiones anteriores, Pomodoro manifiesta que en el expediente administrativo que se abrió en el ministerio como base de la presentación del proyecto de ley pidiendo autorización al Congreso para la colocación de bonos de consolidación de deuda «no se consigna pago alguno al denominado Grupo Greco». Es decir, se pidió al Congreso una autorización para pagar acreedores desconocidos o bien a otros acreedores que fueron cambiados, o bien en el listado figuraron los Greco como surge del mail que le entregaron al senador Jorge Milton Capitanich.
El fiscal Delgado ya le pidió que llame a declarar a Taddei, porque fue la secretaria legal quien denunció a un grupo de abogados de su área como los supuestos responsables de un dictamen que permitía el pago a los Greco.
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