Sólo dos derivaciones

En un país jurídicamente serio el llamado «caso Grassi» ya sería dado por concluido. En un país como la Argentina, bastante menos que serio -y no sólo en lo jurídico-, podría continuar en el fuero penal de Morón pero sólo si es removida, con juicios políticos o desplazamientos, una parte considerable de sus miembros. Otra variante, por caso que los mismos funcionarios confabulados contra un imputado siguieran un aparente «procesamiento» del sacerdote, sería una farsa. Un desprestigio más para la Justicia argentina y para el país. Aun cuando ahora los respalde la izquierda. Si se diera la segunda variante, o sea el lógico e indispensable raleamiento de ese núcleo operativo con métodos de la mafia que opera judicialmente en ese departamento provincial y sobrevinieran jueces y fiscales correctos que no hubieran, por lo menos, intervenido en este vergonzoso hecho, llegarían igual a la primera variante de dar por concluido el caso frente a la violación múltiple del derecho de defensa de un ciudadano y hasta actitudes delictivas de funcionarios públicos del Fuero Penal de Morón. Pensemos que lo último descubierto es que a Grassi se le está aplicando una ley no vigente, sino anterior con la excusa -lo dijo la jueza- de aplicarle, como corresponde legalmente, la «más benigna» presuntamente para favorecer al acusado pero aquí es exactamente al revés, fue para complicarlo más. En ley vigente la figura de «guardador» que usó la jueza Mónica López Osornio para Grassi no agrava el abuso. Es simple y al ser así prescribe la acción a los 4 años o sea hace dos para la acusación de «Gabriel» que data de 1996. Al usar la no vigente -con la excusa de «beneficiarlo»- no está prescripta porque corresponde pena de hasta 10 años. Es sutil el artilugio y muestra hasta qué punto actúan mancomunado y corporativamente el Fuero Penal de Morón con acatamiento en todos los miembros participantes. En Estados Unidos la gran mayoría de la gente -y de los jueces- sabe que la ex famosa estrella del fútbol americano e inclusive actor de cine O.J. Simpson es culpable del asesinato de su mujer Nicole y su amante ocurridos en 1995. Hubo pruebas terminantes contra él. Sin embargo 12 norteamericanos de un jurado, con mayoría mujeres, elegidos por desapasionados y sin predisposición alguna sobre el hecho, lo declaró «no culpable» (distinto de «inocente») y quedó libre. ¿Por qué? Porque en ese juicio se descubrió que un policía-detective actuante, Mark Fuhrman, era racista y que en la obtención de pruebas efectuó una adulteración con un guante del victimario. Era racista y O.J. Simpson era negro, por tanto fue absuelto. Aún si no fuera racista sólo por adulterar una prueba, contra otras de culpabilidad, Simpson hubiera sido liberado. En un país como la Argentina puede sorprender sobre un criminal. En Estados Unidos es comprensible. Prefieren dejar dos víctimas sin justicia y a un asesino liberado antes que permitir que la totalidad de sus 280 millones de habitantes queden en riesgo de perder su derecho a la libertad en manos de procedimientos, policiales o judiciales viciados o manifiestos de parcialidad. • Proceso viciado El proceso al sacerdote Julio Grassi en Morón está viciado y en tan peligroso nivel como jueces de garantías y fiscales. No se puede decir nada aún de las cámaras de apelación, la segunda instancia, luego la Casación provincial, Suprema Corte de la Provincia y eventualmente Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero esa primera instancia, fiscales y jueces complotados, son temibles porque disponen sobre honra y libertad de personas, cuando son acompañadas de prensa y televisión especuladora por rating, para tratar de condenarlo públicamente antes del juzgamiento, como pasó aquí. Más todavía si la izquierda local toma interés en decapitar al sacerdote para sus fines políticos. Porque no olvidemos que el fin de todo esto es mancillarlo al sacerdote, quitarle la honra como forma de quitarle su obra «Felices Los Niños» que él solo erigió. La Fundación es la presa final de esta patraña jurídico-periodística y ahora politizada en la cual están involucrados religiosos envidiosos, particulares ambiciosos, marxismo y los judiciales por sus internas e intereses. Es un cóctel explosivo de miserias y sin la vigencia de una Justicia imparcial. Muy grave. En Estados Unidos -el país de más respeto a la libertad que tanto admira uno de los principales de la confabulación de Morón, el fiscal Federico Nieva Woodgate, al extremo de afirmar que aplica el código procesal norteamericano y no el bonaerense- no se concebiría, ni podría surgir por los entramados resguardos del propio sistema, un «caso Grassi» con tantas tropelías judiciales como acaba de suceder en Morón. Un norteamericano -o cualquier ciudadano de un país serio- no alcanzaría a comprender que para eludir los jueces de menores naturales de Morón el «caso Grassi» se haya introducido subrepticiamente por San Isidro. Allí donde operó una jueza de menores, Mirta Ravera Godoy para pasárselo directamente al fiscal que, «casualmente» estaba de turno (Adrián Flores) y que era quien tenía la vieja causa de los anónimos contra Grassi. Le piden la detención del sacerdote a un juez de garantías (éste debe conceder o no «garantizando» que sea en principio lógico y justificado, el pedido del fiscal) que es Humberto Meade, también «casualmente» de turno el mismo 21 de octubre en que esto sucedía. Ni entre los jueces argentinos -ni pensar qué opinarían los norteamericanos- se puede entender cómo este magistrado Meade prejuzga y llama «suite nupcial» al modesto aposento de Grassi con lo cual ya intentó influir en su condena, cuando ni intervendrá en el juzgamiento que corresponderá a otros tres magistrados. Tampoco cabría en la mente de un norteamericano, cualquiera como un transeúnte, que un fiscal, como el de Morón Adrián Flores, quite parte de la declaración de un testigo y luego se la haga firmar. Tampoco que el jefe de los fiscales, el mismo Nieva Woodgate, diga que no rige el artículo 151 del código procesal bonaerense (exige dos denuncias, no una para privar de la libertad a una persona). No se podría entender que otra fiscal Rita Bustamante le diga al detenido que lea «El Proceso» de Kafka, que equivale a decirle acepte que morirá sin saber nunca de qué fue acusado como el personaje Joseph K. de ese autor. La misma fiscal Rita Bustamante desconoce que la indagatoria (antes de resolver su prisión) es la más importante oportunidad de defensa de un imputado frente a su libertad hasta el juicio y por lo tanto ese interrogatorio debe respetar el derecho del acusado, por ejemplo a investigar hechos que el imputado refiera como dice -señalan los juristas- el art. 318 del Código Procesal provincial. La fiscal no investigó a su favor como surge del código sino en contra: suma otro testigo reservado nuevo, ahora «Jorge». Lo incluyó para que diga que Oscar Aguirre, presunto «Gabriel», estuvo con él a la hora del 22 de octubre en que el propio Grassi era extorsionado. ¿Concebiría alguien, inglés, norteamericano, o suizo, que la jueza de San Isidro -que introduce fuera de jurisdicción el «caso Grassi»-, entregue en custodia al principal testigo «Gabriel» a una periodista, Irene Bais, del mismo «Canal 13» para un programa televisivo? ¿Hay o no complot jurídico-periodístico? ¿Es lógico que los periodistas mezclen informar con formar parte judicial de él, escondiendo al acusador principal? ¿Entenderían esos extranjeros, si les dijera que esa jueza Ravera Godoy se presentó en marzo de este mismo año ante el padre Grassi para pedirle ser asesora paga de la Fundación -renunciando para ello a ser jueza de San Isidro- y que al decirle el sacerdote que no 7 meses después le inicia desde San Isidro el ataque judicial? • Designaciones influenciadas Es como un mensaje mafioso: Si me hubieras empleado esto no te pasaba... Morón no es sólo hoy peligroso en su libertad para el millón de personas que viven allí (cubre Ituzaingó, Hurlingham, Haedo, etc.) con un Fuero Penal con estas características de accionar tortuoso, corporativo, además de politizado porque casi todos los magistrados han sido designados por influencia del político y senador bonaerense justicialista Horacio Román y ahora aprovechado el caso por la izquierda. Puede ser también un santuario de libertad de asesinos confesos y probados si cuando son llevados a juicio oral de 3 jueces un acusado simplemente dijera «yo confesé pero el fiscal Adrián Flores me hizo firmar una declaración con otros términos». Más que el padre Grassi (al cual la gente y los chicos tanto aprecian por su obra, aunque obviamente lo dejarán vulnerable) los que más han perdido serán esos funcionarios. ¿Qué abogado defensor se privará ante cualquier detención que autorice Meade de calificarlo de poseer antecedentes de prejuzgador y sobre pruebas insuficientes porque ya hizo eso con el sacerdote? ¿Qué autoridad le queda como «juez de garantías» a Meade si confiesa, en un tema tan delicado para los argentinos que «Sí, yo figuro en la lista de desaparecidos de la Conadep y nunca lo aclaré porque me honra»? ¿Y Nieva Woodgate que además de todo lo que dijo acaba de agregar por radio que la alegría por su liberación del sacerdote «sólo es por un clavo camino al cadalso», donde obviamente sueña ahorcarlo. ¿Puede este equipo ejercer la Justicia con equidad en Morón contra Grassi o cualquier ciudadano? Depurar Morón es fácil, para la Procuraduría de la Provincia en La Plata o cámara u órgano que corresponda. Bastaría preguntarle a la insólita jueza de San Isidro Ravera Godoy: «Ud. tiene una larga carrera judicial. Hasta fue secretaria de un juzgado de Menores en Morón (el juez subrogante era Meade) ¿cómo se puede entender señora que Ud. al adjudicar el menor «Gabriel» (Oscar Aguirre) a la periodista Irene Bais de «Canal 13» se haya olvidado de algo tan infaltable en un expediente como consignar el domicilio del custodio legal? Se sospecha que eludió ese dato clave para la Justicia para evitar citaciones de otros jueces de menores». También se le preguntaría: «Si a la periodista custodia de «Canal 13», Irene Bais, le sucedía algo ¿en qué condiciones quedaba el menor a su cargo si la Justicia no tenía la dirección donde ir a buscarlo? Más grave aun si se le preguntara: «Sra. jueza Ravera Godoy ¿Por qué Ud. sabía, cuando no es su jurisdicción ni su competencia, que se había fugado el 6 de noviembre -12 días después de lanzado el «operativo Grassi»- un menor del Instituto de Contención Vergara de Bahía Blanca y no lo conocía la jueza natural de Morón, Dra. Cristina Landolfi, responsable de ese menor por haberlo enviado allí? La de San isidro dirá que se lo contó a su amiga íntima Ana Luna -no pertenece a la Justicia- pero, curiosamente, el director del Vergara, Andrés Fernández, no informó de la fuga a la jueza natural, sino a Luna y a otras dos personas no judiciables ¿Por qué? Se verá que esas 3 personas no judiciables tienen organizaciones en Morón pequeñas que ambicionan la grande del padre Grassi. El menor fugado en Bahía Blanca -informado con trámite irregular sólo a Ravera Godoy- hace pensar que iba a apoyar el segundo testimonio contra Grassi, el de «Ezequiel». Es relativamente fácil, entonces, porque está a la vista, lleno de huellas y pruebas, el operativo jurídico-periodístico y ahora frepasista, con complicidades que se montó en Morón ilegalmente contra el sacerdote. • Caso grotesco Por eso volvemos al comienzo. Si esta Justicia complotada pretende hacer la instrucción para llevar al padre Julio Grassi a juicio oral, el caso se tornará grotesco. Si se depura Morón por autoridad superior y actúan funcionarios realmente imparciales la conclusión no puede ser otra que cerrar este caso a partir de una simple y fundamental pregunta: Si el sacerdote Julio Grassi enfrentaba una, dos, las que sea, pruebas, testigos o víctimas de abuso deshonesto en menores ¿por qué armaron todo este operativo ilegal comprobable pisoteando y violando principios elementales de la ley y el derecho de defensa cuando -si las pruebas eran ciertas y reales- pudieron encaminarse con total normalidad por los jueces correspondientes y en la jurisdicción que correspondía? Es obvio que estamos frente a un hábil complot, con el agravante de haber surgido de la propia Justicia de Morón. «Clarín» lo usa -tras rechazarlo otros dos canales- sólo por escándalo y rating. Luego se agregaron los que les satisface o se beneficiarán de una eventual caída del sacerdote. Finalmente sale a tratar de usufructuar el caso la izquierda y ya se putrefacta todo. Una vergüenza argentina más.

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