Viejos rencores peronistas llegan al consejo de jueces

Judiciales

Una secretaria de Justicia y un académico serán los encargados de analizar si dos jueces que investigan a «Isabel» Perón cometieron mal desempeño en sus funciones y, eventualmente, promover el proceso de juicio político que puede desembocar en la destitución de los magistrados. La decisión se tomó esta semana en el Consejo de la Magistratura que, obviamente, no podía quedar ajeno a la fiebre del revisionismo peronista que ataca de arriba hacia abajo a la administración Kirchner.

Una (¿oportuna?) interna entre peronistas de izquierda y derecha inaugurará un ciclo que pone en la vidriera a un consejo de jueces achicado y con fuerte predominio oficialista. Es bueno para medir si es tal su hegemonía a la hora de perseguir jueces o su poder político es sólo un cliché utilizado por opositores para denostarlo. También para mesurar la habilidad de Diana Conti al frente de la Comisión de Acusación de ese cuerpo colegiado.

Los nominados para revisar el accionar de los jueces fueron Marcela Losardo y Mariano Candiotti. Como miembros informantes de la Comisión de Acusaciones, ambos y por separado, deberán elaborar un dictamen cuyas conclusiones resultarán la base para desechar o impulsar una acusación sobre presunto mal desempeño de los jueces de Mendoza Héctor Acosta y de Salta Miguel Antonio Medina.

  • Extradición

    El juez Acosta, conocido en su provincia como «el Sheriff», acaba de pedir la extradición de «Isabel» a España en una causa en la que se investiga la desaparición de un militante político y la tortura a un menor durante su gobierno y bajo el amparo de tres decretos presidenciales que ordenaban la «eliminación» del enemigo.

    El magistrado Acosta ha cometido también (para algunos radicales) la insolencia de citar a declarar al ex presidente Raúl Alfonsín. El juez sospecha de la existencia de un pacto entre radicales y peronistas para juzgar crímenes de lesa humanidad sólo a partir del 24 de marzo de 1976.

    Acosta no sólo queda a expensas del peronismo, sino también de cierto revanchismo de los consejeros radicales.

    En las filas del centenario partido no se ha visto con demasiado aprecio que Alfonsín -que sometió a la junta militar a juicio-deba rendir explicaciones en la Justicia por un supuesto «pacto negro» con María Estela Martínez de Perón o por una ley de «reparación histórica» que salva a la ex presidenta de ser juzgada.

    El pedido de juicio político contra Acosta fue impulsado por el abogado José Bibiano Cedrún Gutiérrez, quien lo acusa de prejuzgamiento y otras irregularidades.

    El juez Acosta ya pasó por este trance cuando en 2005 la arista Marcela Rodríguez y el ex consejero Beinusz Szmukler propusieron removerlo de su cargo por mal desempeñode sus funciones. Aquella vez se salvó por los votos del bloque político que, aunque ubicados en distintas veredas, impidieron que caminara hacia el patíbulo. ¿Ocurrirá lo mismo esta vez?

    El otro magistrado en la picota es el salteño Medina. El juez desestimó un pedido de detención de la viuda de Perón por los crímenes del grupo paramilitar Triple A, entre ellos el secuestro del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976. Esa investigación la promovió la abogada Liliana Mazzone, quien representa a Juan Carlos Villamayor, ex secretario de Prensa de Ragone.

    En noviembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta le pidió a Medina que cite a declarar a la ex presidenta por el secuestro y la desaparición del ex gobernador peronista.

    Quizá Medina sea quien esté más complicado en la investigación que debe afrontar en el consejo de jueces, donde, sin duda, se saldarán cuentas de lo ocurrido hace 31 años.

    El juez salteño tiene como contra (determinante, si se quiere) cuestionamientos de las asociaciones de derechos humanos, que le atribuyen haber sido designado como juez de instrucción por la dictadura militar. No sólo eso, los organismos afirman que su actuación durante los Juicios por la Verdad «dejaron mucho que desear». Y nada mencionan de que este juez fue quien en 2002 declaró inconstitucional las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.

  • Kirchnerista

    Además, la abogada Mazzone es dirigente política del kirchnerismo local y tiene buenas relaciones en organismos de Presidencia de la Nación.

    Medina acaba de anunciar que se excusó de seguir en la investigación contra «Isabel». Sin embargo, ese renunciamiento no le alcanzará para frenar el juicio, que se viene muy peleado para él. De todas formas, esto recién empieza porque en el caso de que alguno de los dos jueces caminaran al tablado de la muerte, será un Jury de Enjuiciamiento el que determine su suerte final.
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