«Hoy es el día para desenredarlo (el referendo) para saber dónde estamos», declaró el ministro Londoño a periodistas.
Aunque Colombia tiene una de las demo-cracias más antiguas de América latina, el Congreso es considerado como una de las instituciones más corruptas y la mayoría de los legisladores es acusada de aprobar leyes a cambio de beneficios personales otorgados por el gobierno de turno.
«Simplemente se aprueba el referendo (en el Congreso) o se le abre camino a una política distinta o el pueblo tendrá que decidir la última palabra», aseguró Londoño.
El ministro admitió que en esa eventualidad el gobierno propondrá la disolución del Congreso, integrado por 266 legisladores, y un nuevo llamado a elecciones legislativas. Las declaraciones del funcionario fueron interpretadas por congresistas como una amenaza.
La posición del Ejecutivo podría provocar fuertes roces con el Congreso y paralizar la aprobación de decisivas reformas tributarias, laborales y del sistema de pensiones pactadas con el FMI, y fundamentales para recuperar el crecimiento de este país de unos 40 millones de habitantes. La aprobación de las reformas también son de vital importancia para que la banca multilateral desembolse 5.000 millones de dólares, que necesita el gobierno para su funcionamiento.
Horas después de que hablase su ministro, Uribe advirtió que no negociará nada con el Legislativo. «Aquí no llegamos a congraciarnos con el establecimiento politiquero, sino a reformar la política para que nuestro país funcione correctamente», declaró el mandatario al insistir que la reforma se hará con el Congreso o con el apoyo del pueblo. Pero los congresistas rechazaron el ultimátum del gobierno y lo consideraron como una presión indebida. «No aceptamos ultimátum», advirtió el senador independiente
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