Hasta hace muy poco parecía imposible, pero el sábado se cumplió en El Salvador un día sin homicidios. El promedio de asesinatos había llegado a entre 12 y 14 diarios, lo que convertía a esta nación centroamericana en una de las más peligrosas del mundo.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Pero el 12 de marzo, el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, dio una conferencia de prensa en la que anunciaba un descenso en los homicidios, tras implementar un plan de seguridad para vigilar los comicios del 11 de marzo para elegir alcaldes y diputados.
Con entusiasmo, el alto funcionario daba a conocer que el sábado antes de las elecciones se habían cometido únicamente dos homicidios, pero que el promedio entre el 9 y el 12 de marzo había sido de 5 homicidios diarios. La bajada era considerable.
La sorpresa fue descubrir que detrás de aquellas cifras había habido un proceso de "diálogo y negociación" emprendido entre la Iglesia Católica y los líderes de las pandillas que estaban presos en la cárcel de máxima seguridad ubicada en Zacatecoluca (centro del país) y conocida como "Zacatraz", en alusión a la famosa cárcel estadounidense de "Alcatraz".
Desde distintos sectores comenzó la polémica con el gobierno, pero el presidente, Mauricio Funes, guardó silencio por más de dos semanas. Sus subalternos negaron que las autoridades hubiesen negociado con las pandillas, hasta que al final se reconoció que el gobierno lo que hizo fue brindar "logística" a la Iglesia para que pactara con los jefes de las bandas.
La negociación se concretó y como resultado, los jefes de la Mara Salvatrucha y de la Pandilla 18 ordenaron a sus subalternos en las calles que pararan los homicidios, entre ellos mismos y contra sus víctimas civiles. A cambio, el gobierno "puso la logística" para que 30 líderes pandilleros fueran trasladados a penales con controles menos rigurosos que en "Zacatraz".
Gracias a ello, el presidente Funes pudo mostrar un nuevo rostro de El Salvador en la Cumbre Iberoamericana recién concluida y aseverar que su gobierno estaba combatiendo frontalmente al crimen organizado.
Ejemplo de ello, según compartió con sus homólogos en Cartagena, Colombia, fue el sábado 14 de abril, "un día en el que no se registraron homicidios en El Salvador; una situación inédita en los últimos años".
Era un día soñado, no sólo para el mandatario, sino para muchos empresarios nacionales y extranjeros que han estado esperando que la situación de inseguridad mejore para poder invertir en la maltrecha economía local.
"Hemos incorporado a la Fuerza Armada a las labores de combate a la delincuencia, en apoyo a la labor de la Policía Nacional Civil, siempre dentro de los marcos que establecen la Constitución y las leyes vigentes", dijo Funes en la Cumbre Iberoamericana.
Destacó, entre otras acciones, la puesta en funcionamiento de "una unidad antipandillas, especializada en el combate a estas estructuras" y enfatizó que en el contexto del entendimiento entre las principales pandillas que operan en el país, "hemos logrado reducir en las tres últimas semanas a más de la mitad la cantidad de homicidios que estos grupos criminales venían cometiendo".
En las últimas horas los representantes de la Iglesia Católica y los líderes pandilleros están "dialogando" sobre otra nueva suspensión: la de las extorsiones, que afectan principalmente a pequeños y medianos empresarios.
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, advirtió que sin suprimir la inseguridad, especialmente los homicidios y las extorsiones, no habrá repunte de la economía nacional.
Pero, el viceministro de Justicia y Seguridad, Douglas Moreno, advirtió que "las extorsiones no se reducirán a corto plazo". Este delito sirve no solamente para mantener a los pandilleros, sino a todas sus redes: familiares, presos, abogados que los defienden, así como para proveerse de armas, vehículos y sistemas de comunicación.
En El Salvador, solo la Mara Salvatrucha tiene al menos 100.000 miembros, según sus propios líderes.
Dejá tu comentario