Las empresas y el sindicato se oponen a cambios en el mercado de supergás.
Las empresas de envasado y distribución de supergás y el sindicato del gas rechazaron la reforma del mercado que impulsa el gobierno como parte de una reforma mayor de los combustibles, la cual entraría en vigencia a partir de 2023, por considerar que representa un riesgo en el escenario futuro del sector.
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A través del decreto 343/022, el Poder Ejecutivo instó a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) a aprobar, antes de marzo de 2023, una nueva regulación para el sector de supergás, en busca de reducir los costos que hoy en día genera el mercado.
Una de las consideraciones a ser incluidas en las nuevas reglas es un precio intermedio al que la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), que posee el monopolio de producción de supergás, venderá a las empresas distribuidoras.
Además de esto, fuentes del gobierno comentaron las intenciones de que los cambios para el año que viene eliminen los acuerdos “cruzados” que hay entre Ancap y Acodike y Riogas, las dos principales empresas del sector, que poseen más del 30% del mercado uruguayo cada una. Según la administración de Luis Lacalle Pou, estos acuerdos operan como un desincentivo para la competencia entre las compañías.
El primer paso en este sentido fue retirar a la empresa estatal como regulador del sector y colocar a la Ursea en su lugar. Lo siguiente en el mapa del gobierno es contar con una nueva regulación que también modifique las condiciones de arriendo de las plantas de envasado.
Frente al anuncio de los cambios, las empresas rechazaron la reforma del mercado del supergás, aduciendo que se abre el mercado a la posibilidad de que una empresa extranjera, sin hacer inversiones en el sector nacional, gane alguna de las dos licitaciones que hoy están en curso.
Agregaron que los procesos licitatorios para las dos plantas de La Tablada se llevarán a cabo sin conocer aún el nuevo marco regulatorio de la Ursea, y que los plazos propuestos para el arriendo —cinco y ocho años— no permiten hacer las inversiones que requiere el mercado.
El sector empresarial de envasado y distribución de supergás descree del discurso del gobierno sobre una mejoría de los precios para el consumidor final a partir de una mayor competencia entre las compañías, y rechazaron la idea de que los contratos vigentes favorezcan a las empresas distribuidoras.
Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS) se hizo eco del reparo empresarial y exigió al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) un compromiso sobre el futuro de los 5.300 puestos de trabajo actuales, además de tercerizados e informales.
Si bien el SUTS considera que el sector puede tener mejoras en la regulación, también entiende que el plan del gobierno genera incertidumbre en los trabajadores. Asimismo, aspira poder elevar sus planteos sobre las condiciones de trabajo y de seguridad del envasado de supergás a la Ursea.
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