La iniciativa fue presentada este miércoles en la Embajada de Uruguay en Buenos Aires por José Durquet, CEO de Zona Franca del Plata, y Sofía Kramer, gerente comercial del proyecto. El foco estuvo puesto especialmente en empresas argentinas que desarrollan actividades profesionales, financieras, tecnológicas y de alcance internacional.
El atractivo impositivo
El principal diferencial está en el régimen tributario. Las empresas habilitadas para operar dentro de la zona franca cuentan con una exoneración del 100% del IRAE, el impuesto al Patrimonio y el IVA. Las importaciones y exportaciones también están exentas y existe libre circulación de bienes y servicios.
A eso se suma otro punto especialmente relevante para las empresas argentinas: no existen restricciones para la repatriación de utilidades y fondos y rige el libre mercado de cambios. “El régimen permite a una empresa instalarse en Uruguay con exoneración total de los principales impuestos nacionales y con libre movimiento de divisas”, señaló Durquet.
También existen condiciones particulares para contratar talento internacional. Hasta el 50% del personal puede ser extranjero y esos trabajadores tienen la opción de no realizar aportes a la seguridad social uruguaya y tributar una tasa fija del 12%.
El perfil buscado está definido: estudios jurídicos y contables, asesores de inversión, servicios financieros, compañías de software y tecnología, agencias de diseño y publicidad, ingeniería, arquitectura y empresas de outsourcing.
Y ya existen resultados de esa búsqueda. Según indicaron durante el encuentro, 11 empresas argentinas tienen confirmada su instalación. Los nombres todavía se mantienen bajo confidencialidad, aunque entre ellas existen compañías tecnológicas, firmas de abogados y contadores y empresas vinculadas al negocio financiero.
Una política de Estado de más de un siglo
La cuestión impositiva, sin embargo, no es el único argumento con el que Uruguay busca seducir a las compañías. El otro factor que destacan los desarrolladores es la estabilidad jurídica del régimen.
Las zonas francas constituyen una política de Estado que atravesó administraciones de distinto signo político. En 2023 se cumplieron 100 años desde la creación de las primeras zonas francas en Uruguay y actualmente existen 15.
La normativa incorpora, además, una garantía particular: el Estado uruguayo garantiza los beneficios establecidos por la Ley de Zonas Francas durante toda la vigencia del contrato firmado por la empresa. “Uruguay tiene estabilidad jurídica, pero en este caso existe además una garantía adicional: las condiciones bajo las cuales una empresa firma su contrato se mantienen durante toda su vigencia”, dijo Kramer.
Ese punto es utilizado como uno de los argumentos centrales frente a potenciales inversores. Los contratos de arrendamiento previstos en Zona Franca del Plata tendrán una duración de 10 años, con posibilidad de prórroga.
Según datos de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay mencionados durante el encuentro, por cada dólar que el Estado uruguayo deja de recaudar como consecuencia de los beneficios del régimen, se generan seis dólares de derrame en la economía del país.
Una lógica diferente a la Argentina
El concepto de zona franca tiene, además, diferencias importantes a ambos lados del Río de la Plata. En la Argentina, las zonas francas tienen una lógica principalmente aduanera, históricamente vinculada con el tratamiento de mercaderías y las operaciones de comercio exterior.
Uruguay desarrolló en paralelo un modelo que utiliza esas áreas como plataformas para la exportación de servicios, con fuertes incentivos tributarios para atraer empresas que atiendan mercados internacionales. Zona Franca del Plata es, de hecho, la única zona franca exclusivamente de servicios ubicada en el litoral uruguayo.
Ese modelo explica por qué la Argentina aparece como uno de los mercados prioritarios para el nuevo emprendimiento. La intención, aseguran sus responsables, no pasa necesariamente por trasladar las estructuras que las compañías ya poseen en Buenos Aires.
“No buscamos reemplazar las operaciones que una empresa tiene en la Argentina, sino ofrecer una alternativa complementaria para desarrollar nuevas unidades de negocio, centros de servicios o estructuras regionales”, expresó Durquet.
La propia presentación oficial plantea esa lógica: mantener los equipos, socios y clientes en la Argentina y utilizar Colonia para desarrollar actividades destinadas al exterior.
A una hora de Buenos Aires
La otra carta es la ubicación. El complejo está situado sobre Rambla de las Américas y Eloy Perazza, cerca de la Plaza de Toros, en una ciudad que funciona como una de las principales puertas de entrada a Uruguay desde la Argentina. La conexión fluvial permite unir los puertos de Buenos Aires y Colonia en alrededor de una hora, con varias frecuencias diarias.
Para los desarrolladores, Punta del Este y Colonia aparecen hoy como dos grandes focos de desarrollo para captar inversiones y radicación de empresas, aunque el segundo tiene un diferencial particular por su proximidad con Buenos Aires.
“Colonia permite combinar Uruguay y Argentina. Una empresa puede tener operaciones de este lado, equipos en Buenos Aires y al mismo tiempo desarrollar desde acá una estructura orientada hacia otros mercados”, explicó Kramer.
El proyecto ofrece distintas alternativas según el tamaño de cada compañía. El denominado Business Center tendrá oficinas totalmente equipadas de entre 24 y 95 metros cuadrados, con mobiliario, internet, limpieza, seguridad y mantenimiento, además de acceso a salas de reuniones, comedor y espacios comunes.
Para compañías más grandes habrá oficinas flexibles desde 150 hasta 1.800 metros cuadrados, que se entregarán sin terminaciones para permitir que cada empresa diseñe el espacio de acuerdo con sus necesidades.
El edificio contará además con data center, servicio gastronómico, salas de reuniones, áreas verdes, vestuarios, estacionamiento, cargadores eléctricos, bicicletero, generadores y sala de lactancia, entre otros servicios. La construcción tiene una fuerte utilización de madera y fue diseñada bajo criterios de sustentabilidad.
La lógica para las compañías más pequeñas será prácticamente de “llave en mano”, similar a un coworking corporativo: podrán instalarse con oficinas ya equipadas y los servicios necesarios para comenzar a operar.
El procedimiento también está establecido. El primer paso es constituir una sociedad en Uruguay. Luego debe elaborarse el proyecto de inversión y firmarse el contrato correspondiente. Zona Franca del Plata eleva entonces el proyecto para su aprobación ante la Dirección Nacional de Zonas Francas. Una vez obtenida la autorización, comienza la ejecución de las obras necesarias y finalmente la instalación de la compañía.
El 19 de noviembre marcará, en ese sentido, un cambio de etapa. El proyecto que hasta ahora avanzaba en la construcción y captación de clientes comenzará formalmente sus operaciones.