Vicentin presentó un recurso ante la Corte Suprema para revertir la anulación del acuerdo con acreedores

La empresa acusa prejuzgamiento, arbitrariedad y advierte sobre la parálisis operativa. También pidió suspender el inicio del cram down.

Vicentin entré en default en diciembre de 2019 con deudas superiores a los u$s1.500 millones. 

Vicentin se juega su última carta judicial ante la Corte Suprema. La empresa presentó un recurso de queja para intentar revertir la anulación del acuerdo preventivo alcanzado con sus acreedores, en lo que define como un caso de “gravedad institucional”. En el escrito, sostiene que el fallo de la Corte de Santa Fe fue arbitrario, que desoyó la voluntad mayoritaria del concurso, y que provocó una paralización total de la actividad industrial y comercial.

“La sentencia impugnada es definitiva y causa un gravamen irreparable”, argumenta el texto, que pide al máximo tribunal que revoque el fallo provincial y reponga el acuerdo alcanzado con más del 72% del capital verificado.

El corazón del planteo: imparcialidad y daño irreversible

La presentación sostiene que los jueces de la Corte santafesina incurrieron en prejuzgamiento, al haber opinado públicamente sobre el proceso antes de su resolución formal. Se menciona expresamente a los ministros Gutiérrez y Erbetta, quienes, según el escrito, “ya habían adelantado criterio con anterioridad a la presentación de las conformidades de los acreedores”, lo que vulneraría la garantía de imparcialidad del tribunal.

También se cuestiona la valoración que el tribunal hizo sobre la propuesta de pagos. “La Corte local reemplazó con su parecer la voluntad expresa de los acreedores, quienes aceptaron mayoritariamente la oferta”, señala el texto, y agrega que “no existe ninguna norma que prohíba tratos diferenciales si están debidamente justificados”.

La empresa sigue en el derrotero judicial.

Advertencia por el riesgo operativo

Uno de los pasajes más duros del escrito apunta al impacto económico del fallo: “Desde la sentencia recurrida, los clientes no quieren firmar contratos de fazón por miedo a perder la mercadería ante una eventual quiebra”, afirma la empresa. Y agrega que eso derivó en una situación de parálisis que “compromete gravemente la actividad industrial, el pago de salarios y la conservación de la fuente laboral”.

Por eso, además del recurso, Vicentin solicitó que se suspenda de manera inmediata la ejecución del fallo. “No se puede avanzar en un proceso de cram down con una decisión que aún no está firme”, sostiene, y remarca que la apertura de esa etapa podría disuadir a potenciales oferentes interesados en salvar la empresa.

Contexto de una crisis prolongada

El planteo judicial llega en medio de una intervención plena dispuesta por el juez Fabián Lorenzini, quien desplazó al directorio original y nombró un equipo de interventores con control total de la operación. En paralelo, Vicentin reactivó parcialmente las plantas de Avellaneda y Ricardone gracias a pagos anticipados de Bioenergías Agropecuarias y la Unión Agrícola de Avellaneda, que permitieron cubrir el 80% de los salarios de marzo.

Sin embargo, la planta de San Lorenzo sigue inactiva y la deuda posconcursal supera los u$s30 millones, incluyendo u$s18 millones con Renova, u$s3 millones en sueldos y u$s5 millones por servicios públicos. La situación es crítica: los jueces provinciales calificaron el escenario como de “alta complejidad operativa, comercial y laboral”.

Lo que está en juego

Con el recurso de queja, Vicentin busca que la Corte Suprema reabra el camino a su propuesta de reestructuración original, que incluía a grupos estratégicos como ACA, Bunge y Viterra. En caso de rechazo, quedaría habilitado el inicio del cram down, una instancia de salvataje por parte de terceros interesados.

La cerealera insiste en que la impugnación que dio lugar a la anulación del acuerdo fue impulsada por un solo acreedor disidente -Commodities S.A., históricamente enfrentado con la conducción de la empresa- y que “la anulación del acuerdo consagra un privilegio inadmisible a una minoría beligerante”.

Por ahora, el máximo tribunal nacional no dio curso al planteo, pero el expediente ya está en su órbita. El destino de Vicentin, a más de cinco años de su default, vuelve a depender de una decisión judicial. Y esta vez, podría ser la última.