Comienza en horas la octava semana de negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para intentar avanzar en alguna nueva versión de Facilidades Extendidas firmado en marzo del año pasado, suspendido desde abril y en vías de una resolución. Y con una fecha clave: el próximo 22 el Gobierno debería cumplir con un pago de unos u$s2.300 millones al organismo financiero, con lo que se espera el giro el dinero al país tal cual lo planteado originalmente en el Facilidades Extendidas firmado en 2022. El apremiante caso argentino es el primer capítulo importante de la gestión del chileno Rodrigo Valdés al frente de la dirección para el Hemisferio Occidental, cargo al que llegó en mayo, y que tiene esta semana su momento culminante.
Para encaminar la situación, será activa la participación de los principales funcionarios del gobierno argentino del staff negociador, que se aprestan a viajar a Washington. Pero, más importante, habrá una fiscalizadora de lujo controlando que las discusiones estén encaminadas. La número dos del organismo, Gita Gopinath se sumó al director gerente para el Hemisferio Occidental para interiorizarse sobre la marcha de las discusiones para poder cerrar un nuevo Facilidades Extendidas. La funcionaria norteamericana ya se había acercado a las pantallas de zoom donde se negoció durante más de un mes, para conocer de cerca la situación que separaba a las partes de un acuerdo. Respaldó a sus funcionarios, pero también pidió comprensión para la situación que vivía Argentina a raíz de la feroz sequía. Desde Buenos Aires no se ve la situación con malos ojos. Lo contrario. Desde la llegada de Massa a Economía en 2022, se percibe que la relación técnica con la norteamericana número dos del organismo resultó más resolutiva y rápida en la toma de decisiones. Al menos en los temas en los que la economista surgida de las filas del Fondo le tocó actuar.
Lo que se notó es que su peso ante el Board es directo y efectivo; y que, si bien es una negociadora dura y poco amiga a las dilaciones, cuando define una discusión, esta termina ejecutándose sin mayores retrasos. Por caso, a fines del año pasado, fue la encargada de avalar la creación de una partida fiscal extra para poder atender al sector de argentinos más afectados por la crisis, y que derivó en el bono de $45.000 para los sectores más desprotegidos. El plan había sido hablado directamente entre Massa y Gopinath durante las sesiones negociadores de la primer semana de octubre en la Asamblea Conjunta del FMI y el Banco Mundial de Washington, donde la número dos del organismo le dejó claro al ministro argentino qué es lo que Argentina podía hacer y qué no, para que el acuerdo continúe vigente. El aval funcionó aun cuando los miembros del staff técnico que comandaba el venezolano Luis Cubeddu estaban en contra de cualquier desviación fiscal que alterara los cálculos para cumplir la meta de 2,5% del PBI para 2022.
En este sentido, la presencia de Gopinath como fiscalizadora del caso argentino puede ser una buena noticia para Argentina.
Se considera que la economista de origen indio-norteamericano es más técnica y profunda, pero menos permisible a las presiones geopolíticas internacionales que sus antecesores Geoffrey William, Seiji Okamoto y David Lipton. El primero, republicano, uno de los que más trabó la aceleración del Facilidades Extendidas en momentos claves de 2021. El segundo, demócrata, se lo considera en Buenos Aires (quizá como error) como uno de los responsables del cierre del acuerdo Stand By en los tiempos del gobierno de Mauricio Macri, y (aquí con razón) como uno de los que más ajuste le reclamaba a la Argentina para cerrar el actual acuerdo.
