La saga del desabastecimiento

Opiniones

En la legislación argentina han coexistido, y mantenido, a lo largo de nuestra historia, distintas normas que se han ocupado -en el marco de diversas orientaciones en materia de política económica- de establecer pautas comerciales en materia de precios y abastecimiento.

Contextos. A partir de mediados del siglo XIX y hasta nuestros días, el despliegue del movimiento económico ha permitido comprobar que el modelo teórico de libre competencia sostenido por Adam Smith en los albores la revolución industrial (1776) implicó, en términos objetivos, el desarrollo de un proceso acentuado de acumulación, concentración y centralización de capitales en sociedades y compañías multinacionales. Proceso este que se ha visto reflejado en los informes de la Comisión de Corporaciones estadounidense, la obra de Rudolf Hilferding y la investigación llevada a cabo en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich relacionada con los 147 grupos transnacionales que controlan la economía mundial.

Poder y Delito. Al revisar los lazos existentes entre el orden económico-financiero y el derecho penal, el profesor de la Universidad de Friburgo Klaus Tiedmann destacó que ambos planos se encuentran en una relación de parcial interdependencia. De modo tal que la no prohibición, falta de tipificación o ineficacia en la operatoria de los entes de control respecto de ciertas conductas, relacionadas con los mayores daños a la economía, suele deberse a la influencia ejercida por poderosos grupos de “personas interesadas”. Personas que se encuentran por encima de la ley y que, por su posición social (sumada a las conexiones con los poderes legislativo, judicial y de contralor administrativo) son sujetos inalcanzables al momento de procurar establecerse su responsabilidad penal.

Influencia de la visión imperial. Al momento de considerar los antecedentes normativos en materia de control de precios y abastecimiento resulta ilustrativo remontarnos a las disposiciones del Imperio romano y evocar, entonces, la compilación del Digesto latino (533 d.C) cuando consigna: “Por la Ley Julia se establece una pena vinculada con el encarecimiento de víveres contra aquel que hiciese una sociedad o que procediese en forma tal que hiciera subir el precio de los víveres”, o bien, a los estatutos corporativos medievales como las Partidas, en los cuales se contemplaba la posibilidad de aplicar sanciones a las coaliciones que impusieran precios. En esa misma línea, las leyes francesas del 14 de junio de 1791 y del 26 de julio de 1793, fuentes del artículo 419 del Código penal de 1810, prohibían los acuerdos destinados a fijar el precio de las mercaderías e incriminaban los acaparamientos que impidieran la concurrencia y permitieran exagerar los precios, previéndose, inclusive, la pena de muerte para los casos en que se sustrajeren de la circulación mercancías o géneros de primeras necesidad. En ese devenir normativo, cabe incluir: la Ley Sherman (EE.UU. 1890) o el Código Penal español de 1995 que, en la dirección del Proyecto alternativo alemán, incluyó normas penales sobre detracción de productos de primera necesidad y respecto de los ardides desplegados para alterar los precios.

Contornos. Por su parte, en la legislación argentina han coexistido, y mantenido, a lo largo de nuestra historia, distintas normas que se han ocupado -en el marco de diversas orientaciones en materia de política económica- de establecer pautas comerciales en materia de precios y abastecimiento. Entre esos antecedentes, podemos destacar: la incorporación del delito de agiotaje en el Proyecto de Código Penal de 1891 (redactado bajo la influencia del Código penal holandés); la ley 16.454 (Ley A) elaborada en 1964 con el aporte de los profesores Enrique Bacigalupo y Esteban Righi (aprobada durante el gobierno radical del Dr. Arturo U. Illia) y la Ley 20.680 de Precios y Abastecimiento sancionada durante la presidencia de Juan Domingo Perón (25/6/1974) que fuera modificada, con distintos niveles de acierto en cuanto a los grados efectivos de tutela, por la Ley 26.991/2014 (regulatoria de las Relaciones de producción y consumo).

Derecho a la subsistencia. Desde principios del año pasado, organismos como la AFIP, el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Comercio o el Banco Central vienen controlando la comercialización y el transporte de cargas en toda la geografía del país. En días recientes, a raíz de la escasez de algunos alimentos y luego de analizar la información disponible, se pudo comprobar una importante caída en la producción y tráfico en los rubros harinas, aceites, arroz y otros productos que componen la canasta alimenticia. Ante esta situación, en función de las previsiones expresas de las leyes 20.680 y 27.541 (de emergencia pública), y con el objeto de preservar el acceso a productos que satisfacen necesidades básicas de la población, la Secretaría de Comercio Interior procedió a intimar a los remisos para que incrementen su producción -acorde a la capacidad instalada- de modo de asegurar el abastecimiento. En este contexto, no podemos dejar de traer a la memoria que ciertas maniobras de desabastecimiento han sido aprovechadas para generar también situaciones de inestabilidad político-institucional, incrementar injustificadamente los precios, retener mercaderías y conformar un mercado negro que opera como antesala del contrabando de mercancías. Tal como ocurre a través del Corredor Litoral (terrestre y fluvial) donde, desde hace décadas, se despliegan distintos comportamientos ilícitos que conducen, no sólo al lavado de activos sino también a otros injustos precedentes como ser: el contrabando de alimentos y armas, la trata de personas y el narcotráfico. Precisamente, y en atención a la dimensión geopolítica de esta problemática, la Unidad de Información Financiera propuso el año pasado introducir esas cuestiones en el temario del Sub Grupo de Trabajo 4 del MERCOSUR con el propósito de poder acordar acciones conjuntas adecuadas a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En esos escenarios, a los efectos de encauzar y dar sentido al análisis de la economía en general y de los instrumentos orientados a fiscalizar los delitos económicos en particular, entendemos que es necesario dar un salto cualitativo, metodológico y comunicacional, que conduzca a instalar esta problemática en el imaginario social. Ello de modo de “animarnos a conocer”, construir subjetividad, y poder reflexionar sobre estas cuestiones desde la perspectiva de un pensar situado en torno al interés nacional, solidario y humanista, que permita reforzar un orden económico financiero transparente, que dé respuesta a los requerimientos de la sociedad y contribuya a resolver las carencias de los nuestros hermanos los pobres.

Dejá tu comentario