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Estas dos cuestiones diferentes estaban en un todo de acuerdo con la contemporánea promesa del presidente Duhalde de «devolver dólares a quienes hubieran depositado dólares».
Un mes más tarde, el Ejecutivo emitió el desafortunado Decreto 214/02.
Además de subsidiar a todos los deudores, y no sólo a los pequeños, pesificó, a una relación cambiaria regulada, todas las obligaciones de dar dólares, incluidos los depósitos bancarios. De esta manera, cometió un exceso en el uso de las facultades delegadas, tanto por el abuso de subsidios como, peor aún, por establecer verdaderos impuestos o contribuciones extraordinarias que terminaron en la expropiación de 30% de los depósitos nominados en dólares.
Si para establecer subsidios se requiere el Congreso, para establecer contribuciones se lo requiere con mucha más razón y de un modo indelegable bajo ningún supuesto, ni siquiera el de la «necesidad y urgencia».
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