Modificar el régimen de enfermedades inculpables sin rediseño integral puede generar más litigiosidad. Modernizar exige precisión técnica, no improvisación.
La discusión sobre la reforma laboral volvió a instalar una pregunta de fondo: ¿qué significa realmente modernizar el derecho del trabajo? Si modernizar es ordenar, dar previsibilidad y reducir litigiosidad, el debate es saludable. Pero si modernizar implica alterar categorías estructurales sin rediseño integral, el riesgo no es político: es jurídico.
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Uno de los puntos sensibles es el régimen de enfermedades inculpables. Se trata de aquellas dolencias que no son causadas por el trabajo ni imputables a culpa del trabajador, pero que impiden la prestación laboral. El sistema argentino las reguló históricamente con un criterio claro: proteger la continuidad del vínculo frente a contingencias humanas inevitables.
El problema no es revisar el régimen. El problema es cómo se lo revisa.
Algunas propuestas en debate introducen ajustes en materia de acreditación, plazos o estabilidad durante la enfermedad. El argumento es reducir abusos y ordenar costos. El objetivo puede ser legítimo. La cuestión es si el camino elegido respeta la lógica estructural del instituto.
La enfermedad inculpable no es una categoría pensada desde la causalidad laboral, sino desde la contingencia personal. Exigir pruebas que desnaturalicen esa lógica o debilitar la estabilidad sin rediseñar el equilibrio general puede generar un efecto inverso al buscado: mayor litigiosidad, más incertidumbre y judicialización correctiva.
Modernizar exige precisión técnica. No se trata de sostener privilegios ni de negar la necesidad de actualización normativa. El mundo del trabajo cambió, las dinámicas productivas evolucionaron y los sistemas deben adaptarse. Pero adaptación no es desarticulación.
En materia de enfermedades inculpables, cualquier reforma debe considerar tres variables centrales: la previsibilidad empresarial, la protección frente a contingencias de salud y la coherencia constitucional del sistema. Si una de esas piezas se altera sin ajustar las demás, el resultado es inestabilidad normativa.
El artículo 14 bis de la Constitución establece la protección del trabajo en sus diversas formas. Eso no impide reformas, pero sí impone límites. El principio de no regresividad en derechos sociales también funciona como marco de referencia. Una modernización seria debe operar dentro de esos contornos.
Si el diagnóstico es que existen abusos o desvíos, la respuesta puede encontrarse en mejores controles médicos, protocolos periciales más objetivos o procedimientos más claros. Debilitar la categoría jurídica completa puede resultar una solución desproporcionada frente al problema identificado.
La experiencia argentina muestra que cuando una reforma altera núcleos estructurales sin consenso técnico suficiente, el sistema reacciona: aumentan los litigios, intervienen los tribunales y se producen reinterpretaciones judiciales que reconfiguran la norma. No es una cuestión ideológica; es una dinámica institucional.
Por eso, la discusión actual debería enfocarse menos en el ajuste inmediato y más en la arquitectura de largo plazo. Modernizar el régimen de enfermedades inculpables es posible. Pero hacerlo exige un rediseño integral que preserve equilibrio, reduzca incertidumbre y respete el marco constitucional.
El desafío no es elegir entre protección o competitividad. El desafío es construir un sistema coherente que no necesite ser corregido por los tribunales a los pocos meses de su sanción.
Modernizar sí. Improvisar, no.
Abogado. Especialista en trabajo y Magister en empleo e innovación judicial. Diplomatura en IA aplicada a la gestión en entornos digitales.
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