El titular del sindicato de personal superior de la AFIP, Julio Estévez, aseguró que en el caso de hostigamiento a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos se armaron "grupos de tareas específicos", con inspector y supervisores "puestos a dedo" para inspeccionarlos fiscalmente.
Julio Estévez, secretario general del sindicato del personal jerárquico de AFIP, brindó detalles de las maniobras de persecución entre 2016 y 2019 contra Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y grupos empresarios como Grupo Indalo, que descubrió una reciente auditoría en el organismo fiscal y que ahora son investigadas por la Justicia.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
“Se utilizó a la AFIP como un órgano de extorsión e inteligencia”, advirtió el gremialista Estévez, y expresó su repudio a los empleados públicos que integraron los denominados “grupos de tareas” dedicados a hostigar e investigar ilegalmente a opositores y empresarios durante el gobierno de Mauricio Macri. “Dan asco, rebajaron al máximo la función del trabajador de AFIP”, señaló el dirigente de la Unión del Personal Superior de AFIP (UpsAFIP).
Según comentó Estévez en diálogo con Ámbito, la Vicepresidenta fue víctima de varias irregularidades en combinación con los juzgados que la investigaban, entre otros el de Claudio Bonadio, de las que los ex titulares de la AFIP de Cambiemos Alberto Abad y Leandro Cuccioli no podían ser ajenos. “No es posible” que hayan estado al margen, afirmó el sindicalista.
La grave denuncia de la AFIP que tramita el juez Marcelo Martínez de Giorgi, actual subrogante del juzgado federal número 11, y de la fiscal Paloma Ochoa, confirma la existencia de los “grupos de seguimiento” creados en la gestión Abad que tuvieron continuidad bajo la gestión Cuccioli. Los grupos de seguimiento tuvieron como objetivo seguir de cerca los casos “objetivo” del gobierno de Macri y salieron a la luz durante el juicio a los titulares de Oil Combustibles por presunta defraudación a la administración pública.
Periodista: ¿Está al tanto de las denuncias de hostigamiento fiscal contra opositores y grupos empresarios durante el gobierno de Cambiemos?
Julio Estévez: La realidad es que todo lo que salió en el diario Ámbito Financiero es cierto. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos se armaron desde grupos de tareas específicos, con inspector y supervisores puestos a dedo para inspeccionarlos, hasta hechos raros, como por ejemplo, hacer las determinaciones de oficio y no comunicarlas.
P.: ¿Qué son las determinaciones de oficio?
J.E.: Existen dos procedimientos para ajustar tributos. Uno son las inspecciones, que en el caso de Cristina y sus hijos eran con inspectores a dedo, o sea, que no eran los que le tocaban por domicilio fiscal, que es lo usual y te inspecciona la gente de la Agencia donde estás inscripto. Pero en este caso, se determinaban los inspectores a dedo, que venían con instrucciones directas para su tarea. No les tocaba cualquiera.
P.: ¿Y qué cambia con eso?
J.E.: La rigurosidad de la inspección. En general se hacen por muestreo, no se revisa todo. Por ejemplo, se revisan 10 facturas, no se detecta ninguna apócrifa y está todo bien. Ahora, si yo quiero me pongo a revisar todas las facturas… pero nadie trabaja así, nadie revisa todos los papeles de los contribuyentes porque no termina más. En el caso de Cristina, eran a dedo y rigurosas. Se aplicaba una rigurosidad que no es habitual.
P.: ¿Y con las determinaciones de oficio qué pasaba?
J.E.: Es otra área de la AFIP. A Cristina y sus hijos directamente no los notificaban del proceso. Cuando se hace la inspección y el contribuyente no la conforma, o sea, no está de acuerdo con lo que determina el inspector a pagar, vas a determinación de oficios y tenés un derecho a la defensa. Tenés posibilidad de contestar al organismo, ofrecer pruebas, debatir. Es un área para discutir en un plano técnico, a través de un sumario, si está bien lo que te quieren ajustar de tributos. Y luego viene la tercera instancia, que es la apelación vía judicial, pero eso ya depende del organismo. A la Vicepresidenta en lo que es la determinación de oficio extrañamente no se la notificó.
P.: ¿Eso en qué perjudica?
J.E.: La auditoría determinó que el proceso se hizo sin notificación y que se violó el derecho del contribuyente. Pero además es muy extraño, porque no es una persona que es difícil de encontrar. Acá hubo malicia, actuaron grupos de tareas.
P.: ¿Por qué se dice que actuaron grupos de tareas?
J.E.: Porque el Juzgado elegía a los inspectores y ellos inspeccionaron. Y eso debería ser al revés, el área al que corresponde (por domicilio) debería ir a inspeccionar y no el Juzgado elegir el que ponga quién la hace. Si un juzgado quiere que se haga una inspección envía un oficio a la AFIP y pide que le hagan una inspección a tal contribuyente. Eso sería lo regular, pero en este caso, iban los inspectores que tenía asignado el Juzgado para ayuda en temas de impuestos. Muchas veces piden funcionarios de su afinidad, que conocen de antes, y el organismo se los da. Por justamente tener buena relación con un tribunal no deberían ser los que te tienen que inspeccionar. Ellos asesoran en materia tributaria, su tarea no es hacer una inspección al imputado, porque se pone al mismo Juzgador a hacer una tarea que no corresponde. Eso le corresponde al Fisco, según el domicilio del contribuyente. Esto es otra violación de la normativa interna: que te inspeccione la misma gente que está de auxiliar de la Justicia.
P.: O sea, una inspección direccionada…
J.E.: Es una muy buena definición. Además, el juez corta su rol de imparcial y pasa a ser parcial. En materia tributaria la carga de la prueba es inversa: el contribuyente debe probar que no evadió o que no pagó el tributo. Se tiene que defender, demostrar su inocencia, según lo establecido en la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario. En los tribunales rige el principio de inocencia y el juez debe demostrar que es culpable el que está bajo investigación. En el caso de Cristina en cierta forma invirtieron la carga de la prueba y los auxiliares del tribunal se pusieron a investigar a los imputados.
P.: Son maniobras que están por fuera de la ley.
J.E.: Se apartaron de la Constitución y de la ley penal para aplicar la Ley de Procedimiento Tributario. En el caso de enriquecimiento ilícito de un funcionario, donde se debe probar cómo hizo su dinero, es una cosa. Pero Florencia Kirchner nunca fue funcionaria y Máximo Kirchner fue funcionario después, así que tampoco lo podían meter en esa bolsa. Usaban esas herramientas y de eso se hablaba en la AFIP.
P.: También se investiga el uso de sistemas informáticos para obtener información privada, que se difundía públicamente y luego se intentaban borrar los registros para no dejar huellas. ¿Es posible hacer eso?
J.E.: En la AFIP hay muchas habladurías. En los hechos sabemos por la auditoría nueva que se hizo con la denuncia de Cristina de febrero pasado que se usó mucho la base para investigarlos. Se habla de que si entrabas un sábado a la base podías no quedar registrado. Y lo que siempre existió es el uso de claves de compañeros que estaban de licencia.
P.: ¿No existe un sistema de alerta si la consulta es sobre personalidades públicas?
J.E.: En la base hay datos muy sensibles y si se consulta, queda registrado quién ingresa, cuánto tiempo mira la pantalla, si la imprime, qué pantallas miró, y es más, para las personas públicamente expuestas el sistema salta si entran online y llega un mail a Auditoría donde dice qué IP (identificador de la PC/Celular) está mirando la base de datos de una persona, y te llaman para pedir el número de orden de inspección. Si no hay, se abre un sumario. Pero si entras un sábado y los auditores no estaban en su despacho, no le envían el mail o llega el lunes.
P.: Así podían acceder a información sensible sin límites…
J.E.: Parece que usaban grupos de tareas, pero en realidad entraban con más soltura porque decían que estaban trabajando para el tribunal. El juez no tiene acceso a la base de datos de AFIP. La única forma a la que puede acceder es a través de un empleado, al que le pide informes y se los da. Pero el juez no tiene clave para entrar, eso sería violación del secreto fiscal. El único que puede entrar al sistema es alguien de la repartición, no puede ser un funcionario de otra área. Lo raro es que se habrían utilizado auxiliares del tribunal no solo para dar informes y dar explicaciones, que es la idea. Si salen a inspeccionar a los imputados están direccionando desde el Juzgado a la AFIP y están usando un segundo poder del Estado. Hay una injerencia de poderes.
P.: ¿Todo esto fue descubierto con la nueva Auditoría de la AFIP?
J.E.: Estamos en plena investigación, la auditoría está revisando todo y se aportan datos a la causa que hizo la vicepresidenta. Está claro que existió una persecución, ensañamiento, direccionamiento, y que fue dirigido en combinación con el tribunal, que no existió parcialidad.
P.: No solo ocurrió con la vicepresidenta, también se operó sobre grupos empresarios, algo que no es habitual y no se hace con otros contribuyentes.
J.E.: Estaban directamente todo el día encima de algunos grupos, aunque hay períodos para inspeccionar. La normativa interna de AFIP obliga a cerrar inspecciones livianas en tres meses, las profundas en seis meses. Se puede pedir prórroga si no alcanzó el tiempo, pero lo que nunca podes es tener siempre bajo inspección a la misma gente. Eso es abuso de poder y acoso. Usan un gran poder del Estado, como es la AFIP, para tener todo el tiempo bajo la mira a un grupo específico y todo su entorno. Eso es irregular e ilegal. Ni el Estado ni la AFIP están hechos para eso. En cierta manera se utilizó a la AFIP como un órgano de extorsión e inteligencia.
P.: ¿En las más de dos décadas que lleva en la AFIP vio algo similar?
J.E.: No, acá parece que hubo ensañamiento, algo distinto. Se armaron grupos específicos en combinación con el juzgado, con áreas completas de la AFIP investigando a alguien y su grupo familiar. Estas situaciones son irregularidades y ya se detectaron. Con el tiempo van a saltar más cosas y van a complicar a Leandro Cuccioli y Alberto Abad.
P.: ¿Es posible que en este tipo de maniobras sobre personas de tanta relevancia en el país un jefe de la AFIP esté al margen y no las conozca?
J.E.: No, la verdad que no es posible. Abad ya tenía experiencia en el organismo. Acá parece que se dedicó a hacer operaciones, no tiene excusas. Cuccioli de impuestos no sabía nada, pero cumplía órdenes. Y después había empleados como Jaime Mecikovsky, que respondía a Elisa Carrió, quienes reconocieron públicamente su amistad, y en base a eso se arman los grupos y se direccionan las inspecciones. No está comprobado, pero se sospecha que todas las filtraciones (a la prensa) venían de él.
P.: Como líder del gremio de jerárquicos de AFIP, ¿qué sensación le da cuando se entera que hubo trabajadores y colegas que hicieron estas cosas?
J.E.: Me da asco. Están faltando a las funciones que con tanto orgullo llevamos todo el resto de los compañeros que respetamos la ley. Los trabajadores de AFIP estamos orgullos de lo que hacemos, somos todos profesionales, nos capacitamos, damos clases, somos titulares de cátedra, escribimos libros, somos fuente de consulta internacional, pero ver esto es rebajar al máximo la función del trabajador de AFIP. Da asco, nos usan para violar la ley.
Dejá tu comentario