El Gobierno porteño avanza en la concesión del Canal de la Ciudad. A finales de julio, dio un nuevo paso al preadjudicar la licitación a Cale Group, dueños de los streaming Blender y Carajo. Los motivos de la decisión y los últimos movimientos en la causa que impulsan los trabajadores en la Justicia en contra del gerenciamiento.
El 29 de julio, el Director General de Concesiones y Permisos, Agustín González Calderón, firmó el acta de preadjudicación en favor del grupo liderado por Augusto Marini tras hacer lugar a las consideraciones realizadas por la Comisión de Evaluación de Ofertas, la junta que se encargó de analizar las dos propuestas que llegaron hasta la instancia final del proceso.
Los argumentos de la Comisión de Evaluación
La compañía del empresario vinculado al misionero Carlos Rovira quedó a un paso de hacerse con el control gerencial de la televisión pública porteña luego de presentar una oferta por $50 millones mensuales por un plazo de cinco años. La propuesta superó por $35 millones a la presentada por Argentinos Media, de Marcelo González, dueño de la AM950.
La Comisión puntuó mejor a Cale Group en términos de propuesta de inversión y en "solvencia". Indicaron que cumplió con los requerimientos del pliego en términos de flujo de fondos y en cuanto a financiación e inversión. Sin embargo, quedó por debajo de su rival en equipo y locación ya que propuso utilizar "equipamiento propiedad del GCBA complementado con equipamiento propio" y hacer uso del predio donde hoy funciona el Canal de la Ciudad.
En cambio Argentinos Media presentó una propuesta que contemplaba hacer uso de equipamiento propio, homologado y "de características superiores a los requisitos mínimos exigidos" y en un predio propio con habilitación vigente. Sin embargo, llamativamente no dio información "acerca del monto y plan de inversión a realizar", no presentó fuentes de financiación "debidamente legalizadas", ni acreditó "monto suficiente para cubrir la totalidad de la inversión".
Luego de conocerse la resolución inicial de la Comisión Evaluadora en favor de Cale Group, la empresa de González presentó una impugnación para frenar el procedimiento. La junta analizó los planteos pero descartó el pedido al señalar que "no acompañó la Garantía de Impugnación exigida por el Pliego de Bases" por lo que no revistió carácter formal y fue considerada "únicamente como una observación efectuada en el marco del procedimiento licitatorio".
Frente a este panorama, la Comisión se inclinó por proponer la adjudicación del pliego para gerenciar el Canal de la Ciudad a Cale Group. Al mismo tiempo, declararon desierto el proceso licitatorio para ceder la operatoria de las dos radios públicas de CABA (La Once Diez y La 2x4) a privados por el mismo plazo y un monto diez veces menor. En el Gobierno porteño afirman que volverán a impulsar la licitación de las radios en el corto plazo.
Desde Uspallata aseguran que la concesión no delega las licencias, sino que cede la gestión técnica, operativa y comercial a una empresa por cinco años. "La Ciudad mantiene la titularidad de los medios", afirman.
Conflicto en Blender
El proyecto del grupo de Marini para la TV pública porteña tiene a Liliana Parodi como principal brazo ejecutor. La exgerenta de programación de Grupo América recorrió las instalaciones del canal en el mes de abril para conocer los pormenores de la infraestructura del predio, lugar donde continuará operando el canal.
La reciente novedad se da a conocer en uno de los peores momentos de la empresa de medios. Blender, su nave insignia, está envuelta en un conflicto sindical desde finales de junio que se desató a partir del despedido de trabajadores que reclamaban por un aumento salarial. La situación tuvo lugar en paralelo a la oferta mensual por $50 millones que Marini hizo para quedarse con la operatoria del Canal de la Ciudad.
El detonante salarial desencadenó una reacción explosiva al interior de la empresa. La conductora Fiorella Sargenti decidió levantar su programa "Último Aviso" en señal de protesta. El gesto que fue replicado por Tomás Rebord, principal figura del canal, en solidaridad con sus compañeros de "Hay Algo Ahí". Desde entonces el conductor no volvió a transmitir en el canal de YouTube de la empresa.
Marini también enfrenta los coletazos de la interna entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y Rovira, quien hasta hace poco administraba el poder en las sombras en el terruño norteño. El empresario mantiene una relación de amistad con Ramiro Rovira, hijo del exmandatario misionero. Recientemente, la Legislatura puso en la mira los contratos que mantiene con el Estado provincial a través de la plataforma de medicina AlegraMed.
Las advertencias del ENACOM en la Justicia
Mientras espera por la confirmación de la adjudicación de la licencia, en la Justicia continúa activa la causa impulsada por los trabajadores en contra de la concesión. Luego de la negativa de la jueza Macarena Marra Giménez a dictar una cautelar, presentaron a fines de mayo una apelación para que intervenga la Cámara de Apelaciones.
En ese marco, el proceso sigue adelante. A principio de julio, se dio pase para que el Fiscal General de la Cámara tome conocimiento sobre el planteo y se incorporó al expediente la resolución de la Comisión Evaluadora.
Asimismo, el ENACOM, luego de expedirse en contra de la concesión, volvió a manifestar ante la Justicia el perjuicio que podría generar la continuidad del proceso tal y como está llevándose a cabo. A través de los abogados del organismo, reiteraron la posibilidad de que se produzca "una alteración flagrante al orden jurídico establecido".
Previo a la apertura de los sobres realizada en mayo, el ente advirtió ante la Justicia "que el objeto del concurso promovido en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra en colisión con expresas previsiones legales y reglamentarias, tendientes a precaver sobre la delegación de la explotación de los medios de comunicación autorizados en su favor".
En un documento enviado por ENACOM a la administración porteña señalaron que el artículo 44 de la denominada ley de Medios establece el principio de "indelegabilidad" de los servicios de comunicación al remarcar que su explotación, adjudicada mediante licencia o autorización "será realizada por su titular" y que su delegación "configura falta grave".
De acuerdo al ente autárquico, la indelegabilidad apunta a que el mantenimiento y la explotación de la titularidad se haga de forma "efectiva" por quienes accedieron a la misma cumpliendo con los criterios y la evaluación realizados por la Autoridad de aplicación.
En el Canal de la Ciudad habita la incertidumbre sobre los puestos de trabajo. A los empleados de planta permanente, el GCBA les ofreció ser reubicados en otras áreas de la administración porteña, pero aquellos que no cuentan con contratos efectivos no serán renovados.
Para los trabajadores de los medios públicos, la concesión "es ilegal e inconstitucional". Aseguran que tanto las radios como el canal "cumplen un rol fundamental para garantizar el derecho a la información, promover la cultura, difundir la identidad porteña y dar lugar a voces que muchas veces no encuentran espacio en los medios comerciales".
Para Macri, en cambio, se trata de desprenderse de un gasto: "No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos".