A pedido de la Justicia, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) se expidió este jueves sobre la licitación para concesionar los medios públicos de CABA iniciada por Jorge Macri. En ese marco, el organismo exhortó al jefe de Gobierno a que se abstenga de persistir con el proceso a riesgo de recibir sanciones. La resolución se encuadra dentro de una causa iniciada por los trabajadores, que ahora aguardan una respuesta por un amparo.
El ENACOM ordenó frenar la concesión de los medios públicos de CABA
El interventor del organismo se expidió sobre la licitación que lleva adelante Jorge Macri. Consideró que "colisiona" con la ley de Medios y que en caso de continuar con el proceso, el Gobierno porteño será pasible de sanciones.
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El organismo nacional de comunicaciones se expidió a pedido de la Justicia Federal en la causa por la licitación de las dos radios y el canal porteño.
El interventor Juan Luis Ozores, designado por el presidente Javier Milei en el marco de la reestructuración del ente, tomó nota del pedido de la jueza Macarena Marra Giménez del Juzgado Contencioso Administrativo N° 12 y analizó el procedimiento iniciado a través de la resolución 7/26 mediante la cual Uspallata pretende pasar a manos privadas por cinco años las radios AM 1110 (Once Diez), FM 92.7 (La 2x4) y el Canal de la Ciudad a cambio de un canon de $718.965.000.
La medida, publicada a mediados de marzo en el Boletín Oficial porteño mediante la firma del jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny y del ministro de Hacienda Gustavo Arengo, fue cuestionada por el titular del ENACOM que en sus consideraciones alertó sobre "una colisión" entre el acto administrativo y el marco regulatorio vigente, entre ellos la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y el decreto 1225/2010.
Los argumentos del ENACOM
En una nota enviada en las últimas horas a Macri, Ozorez advierte que la licitación choca con las disposiciones del artículo 44 de la ley de Medios que establece el principio de "indelegabilidad" de los servicios de comunicación al establecer que su explotación, adjudicada mediante licencia o autorización, "será realizada por su titular" y expone los criterios por los cuales su delegación "configura falta grave".
En ese marco, la normativa citada por el ENACOM indica que la indelegabilidad de la prestación "obedece al mantenimiento de la titularidad efectiva de la explotación de la emisora por quienes accedieron a la condición de licenciatario por estar calificados para la misma, y que en forma previa fueron evaluados por la Autoridad de aplicación...".
Ozores cita a su vez al artículo 106 de la ley de SCA que considera "falta grave" y "penaliza con la sanción de la caducidad" a quien haya incurrido en las conductas previstas en el articulo 44:
- a) Ceder a cualquier titulo o venta de espacios para terceros de la programación de la emisora en forma total e parcial
- b) Celebrar contratos de exclusividad con empresas comercializadoras de publicidad;
- c) Celebrar contratos de exclusividad con organizaciones productoras de contenidos;
- d) Otorgar mandatos o poderes a terceros o realizar negocios jurídicos que posibiliten sustituir total o parcialmente a los titulares en la explotación de las emisoras..."
Para el interventor del ENACOM, el proceso iniciado por el gobierno del PRO en CABA se encuadra dentro de dichos criterios, es decir, incumple con la ley de Medios, por lo cual es pasible de que, en caso de continuar con la concesión, se tomen como base dichos argumentos para imponer sanciones. Así se lo hace saber Ozores en el final de la comunicación enviada al jefe porteño: "En conclusión, de persistir con el proceso licitatorio, este Organismo se verá obligado a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio".
En defensa de la concesión, el Gobierno porteño asegura que apuesta a "garantizar una gestión profesional, moderna y eficiente" de la tríada de medios públicos. Y que no se pondrá en riesgo "su función social y cultural". Si se confirma la concesión, la radio 2x4 deberá mantener "su enfoque en el tango y la música popular argentina" y asegurar que al menos el 70% de la música emitida sea de origen nacional.
Semanas atrás, CABA ordenó posponer el plazo de apertura de sobres que inicialmente estaba prevista para el 20 de abril y que se pasó para el 12 de mayo. El motivo fue la recepción de "diversas solicitudes de prórroga" de parte de las "empresas interesadas" debido a "la complejidad y volumen de la documentación requerida para la adecuada preparación de las ofertas".
En los pliegos, los oferentes deberán demostrar "antecedentes en el sector de medios de comunicación" y presentar "planes de inversión detallados" que garanticen "la excelencia del servicio durante el quinquenio de concesión". En caso de que el proceso continúe, la empresa ganadora estará habilitada a crear plataformas de streaming y aplicaciones móviles con herramientas como subtitulado automático y transcripciones para personas con discapacidad.
La Justicia analiza pedido de amparo presentado por los trabajadores
Las observaciones realizadas por el ENACOM abren un panorama de incertidumbre para las empresas postulantes en medio de un proceso que continúa abierto. Al mismo tiempo, ofrecen un atisbo de esperanza a los trabajadores que, en el marco de la demanda presentada ante el fuero Contencioso Administrativo, habían requerido a la jueza que curse una solicitud al ENACOM con fines aclaratorios. La respuesta llegó este jueves.
Ahora, los empleados de los medios públicos piden a la Justicia que tome las consideraciones del ENACOM y falle a favor de la cautelar que también solicitaron en el mismo expediente. Y que la resolución judicial llegue antes del 12 de mayo.
"Como desde el primer día, los trabajadores y las trabajadoras de los medios públicos le exigimos al jefe de gobierno, Jorge Macri, que cumpla la ley y frene la concesión por ser ilegal e inconstitucional", expresaron en un comunicado al que accedió Ámbito.
En las radios y el canal se desempeñan unas 500 personas, cuyo futuro laboral es incierto dado que los pliegos no ordenan a una eventual adjudicataria a sostener la operación con los mismos trabajadores. En el documento, aclara que el personal de la concesión "carecerá de relación alguna con el GCABA" y especifica que el concesionario deberá "satisfacer en todos los casos las indemnizaciones por despido, accidentes y demás pagos originados por la concesión".
Los trabajadores denuncian que, en efecto, el GCBA intenta llevar a cabo "una privatización encubierta". Para el alcalde, el objetivo es claro: entregar los medios a manos privadas significa "dejar de financiar su operación con impuestos". "No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos. El Estado tiene que enfocarse en sus verdaderas prioridades", afirmó Macri.
Por el momento, la Ciudad no tomó nota de la comunicación de ENACOM y continúa adelante con la licitación. Mientras tanto, los trabajadores esperan por estas horas un fallo judicial que les de la razón.
En paralelo al pedido de amparo presentado ante la Justicia Federal, un grupo de organizaciones presentó la semana pasada un oficio judicial ante la Justicia porteña para que se otorgue una medida precautelar "con carácter urgente" ante el incumplimiento con las normativas constitucionales locales, entre ellas el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad, que reconoce el derecho a la comunicación y que exhorta al Ejecutivo a crear un ente autárquico administrador de los medios, el cual hasta el momento no fue creado.
La presentación reclama que se declare "la inconstitucionalidad de la omisión continuada" y que ordene al Poder Ejecutivo y al Parlamento porteño a que proceda "de forma urgente" a la creación del ente y se sancione una ley de medios públicos que, según proponen, deberá asegurar "el respeto a la pluralidad política y la integración de los sectores de la cultura a través de la participación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y de la comunicación social". Remarcan que no se trata de una facultad discrecional del Gobierno o de los legisladores, sino "un mandato obligatorio".
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