Cambian ley cultural y vuelve al Senado

La presión de los medios, denunciada ayer por Elisa Carrió en el recinto, llegó al punto que durante una de las reuniones previas donde se debatía el proyecto un legislador ingresó al salón informando: «Llama el presidente de 'La Nación'». «¿Para esto?», preguntó el jefe de bloque en cuestión, «No, es el presidente del diario 'La Nación'», terminó entre carcajadas. El proyecto limita la participación de capitales externos en las empresas periodísticas y se buscaba derogar el sistema denominado «cram down» sólo para ese tipo de empresas por el cual los acreedores pueden quedarse con la empresa en bancarrota. El justicialismo apoyó con sus votos propios la mayoría de los artículos, pero aceptó modificar el artículo quinto que prohíbe la utilización del sistema «cram down» habilitado en la Ley de Quiebras, por el cual los acreedores nacionales o extranjeros pueden quedarse con firmas en bancarrota. Esa disposición establecía que en caso de alcanzarse acuerdo en procedimientos a solicitud de concursada la autorización para el ingreso de extranjeros a la sociedad la deberá dar una decisión del Ejecutivo.

Ahora, el artículo aprobado por los diputados a propuesta del radical Capelleri establece que el «cram down» sólo se podrá aplicar mediante una decisión a consideración del juez interviniente. Esta modificación introducida por los diputados impidió que la iniciativa se transforme en ley como aspira el justicialismo, con lo cual ahora el Senado tendrá la última palabra como Cámara iniciadora del proyecto.

Mientras tanto, la mayoría de los provinciales y el ARI no sólo votaron en contra sino que retacearon el quórum exigido de 129 legisladores para poder habilitar la votación del proyecto sancionado hace un año por el Senado.

El proyecto limita a 30 por ciento la participación extranjera en el paquete accionario de los medios y protege al «patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural», de las empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación «avanzada» y a las industrias «relevantes» para la defensa nacional.