Comodoro Py a los sillazos por el acusatorio y tercera citación para un testigo en causa contra Cúneo Libarona

La Cámara Federal dispuso desalojar al fiscal de esa instancia que va a resistir. El Procurador Eduardo Casal elevará una nota al Gobierno con un diagnóstico crudo, luego de que todo el Ministerio Público Fiscal se alineara en los reclamos. Testimonial no termina de convencer.

El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona presentó nuevos abogados en la causa que investiga si incurrió en delito al implementar el Código Procesal Penal

Alberto Nanzer, el subsecretario de política criminal del Ministerio de Justicia, deberá concurrir hoy al mediodía, por tercera vez, para continuar con su declaración como testigo en el marco de la causa iniciada contra el ministro Mariano Cúneo Libarona por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. En lo que ya es un récord de convocatorias para un funcionario de jerarquía, y tras haber declarado por otras tres horas en su segunda jornada, Nanzer deberá regresar a Comodoro Py para ofrecer alguna precisión acerca de cómo el Gobierno aspira a implementar el sistema acusatorio en los tribunales de la Capital Federal, el próximo 11 de agosto.

La segunda declaración, así como la primera, no terminó de conformar a los investigadores, en el expediente delegado en el fiscal Carlos Stornelli, por eso hubo un nuevo cuarto intermedio. El interrogatorio giró en torno a la evaluación y diagnóstico que había hecho el Ministerio de Justicia para fijar la fecha y la eventual asignación de recursos tanto técnicos como edilicios para satisfacer la futura demanda de audiencias que requiere el nuevo Código Procesal Penal. El testigo respondió sobre los espacios requeridos, pero hizo agua cuando buscaron saber cómo y en base a qué elementos se habían alcanzado esos parámetros y no otros. Nuevamente fue una audiencia friccionada y la de hoy podría no ser la última.

En tanto, Cúneo Libarona volvió a presentar otros abogados ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, luego del episodio ocurrido el martes con el letrado vinculado al estudio familiar que también fungía como asesor en la cartera de Justicia. La estrategia ministerial es confrontar contra lo que entiende que es un operativo desgaste desde los tribunales de Retiro, pero que puede entrar en zona de riesgo atento al tenor en el que ingresó la testimonial de Nanzer.

Más si buscan indagar en el fondeo de $4300 millones que reveló Ámbito proveniente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En rigor, el programa ARG16022 titulado "Promoviendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través del acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad" que figura en documentos oficiales ya había virado su objeto inicial el año pasado, cuando se destinaron fondos de allí para la compra de elementos para implementar el sistema acusatorio en Mendoza y en Rosario. La última revisión trimestral fue incorporada el 11 de abril y no hace mención a la planificación del desembarco del Código Procesal Penal en Comodoro Py. Se afirma como punto crítico de revisión que se debería “formular una nueva iniciativa de proyecto” para extender la implementación al resto del país, en el marco del PNUD. Allí se desliza que el presupuesto utilizado proviene en parte del Gobierno Nacional, de ACARA (un ente cooperador) y de UNICEF, que centra su ayuda humanitaria en la niñez.

Todos los fiscales alineados

Mientras todo esto sucede, los fiscales generales de juicio ante los Tribunales Orales Federales firmaron, tal como lo adelantó Ámbito, su propia carta dirigida al Procurador General Eduardo Casal respecto a las deficientes condiciones en las que se pretende implementar el acusatorio. “La falta de recursos humanos, edilicios y presupuestarios constituye una limitación que no puede ser suplida por posiciones voluntaristas”, aseguraron los fiscales, pese a remarcar que su trabajo es esencialmente acusatorio y que apoyan la idea de que el sistema se extienda a la etapa de instrucción.

Advirtieron que la “decisión intempestiva” de implementarlo contra reloj puede tener “consecuencias negativas” en los juicios que tienen a cargo y bregaron por una “decisión razonada”, además de dar su respaldo a Casal como interlocutor. Suscribieron los fiscales Diego Luciani, Diego Velasco, Juan Patricio García Elorrio, Gabriela Baigún, Miguel Osorio, Abel Córdoba, Marcelo Colombo y Fabiana León, que tiene a su cargo nada menos que la causa “Cuadernos”.

Como si fuera poco el fuero criminal y correccional nacional –que no es el impactado- también transmitió respaldo al Procurador interino e hizo un llamado por la alarmante cantidad de vacantes que tiene el Ministerio Público Fiscal.

Con todos los fiscales alineados detrás Casal –como había adelantado este diario- elevará al Poder Ejecutivo una nota formal en la que exhibirá el duro diagnóstico que está terminando de elaborar la Procuración General sobre el estado de situación tanto en Comodoro Py como en Inmigrantes (Penal Económico), sumado a todas las notas que enviaron los fiscales federales, abroquelados en los reclamos. Estarán allí contenidos todos los faltantes de infraestructura, tecnología, personal y vacantes que serían necesarios como condición previa al 11 de agosto por parte de quienes deberían empezar a aplicar el nuevo Código. Aspiran a que con esa escalada inédita, el Ministerio de Justicia recapitule ante un escenario nivel "Eternauta", o la propia Corte Suprema tercie para evitar un colapso general.

El Procurador General interino Eduardo Casal elevará una nota al Poder Ejecutivo que recopila las quejas de los fiscales y el diagnóstico sobre el estado de situación en Comodoro Py

Sillazos en Comodoro Py

Por el contrario, y en sintonía con una acordada previa, incluso, al anuncio de implementación hecho por el Gobierno, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py dictó el miércoles una nueva acordada en la que plantean una reorganización interna para adaptar su estructura a la entrada en vigencia del nuevo Código. Con las sonoras disidencias de Martín Irurzun y de Roberto Boico, los camaristas encabezados por Mariano Llorens dispusieron, entre otras medidas de adecuación interna, desalojar a la fiscalía de Cámara de las dependencias que ocupan en el edificio de Retiro, para hacer lugar a la futura Oficina Judicial. Eso implicaría que el fiscal José Luis Agüero Iturbe deba recalar en otro destino.

Pero el fiscal de Cámara no tiene previsto mudarse y planea resistir con el respaldo de la Procuración, lo que transforma el encontronazo en un conflicto entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, a nivel institucional. Coincide con la posición mayoritaria de fiscales que no quieren saber nada con dejar el edificio y terminar, en el mejor de los casos, en la Casa de la Moneda, como prometió Cúneo Libarona.

Este miércoles, Agüero Iturbe le dirigió una carta a Casal para sentar su posición: suscribió el comunicado de los fiscales federales y calificó de “paupérrimo escenario” el que existe actualmente para las nuevas exigencias del Código. Pero fue más allá y aseguró que el “carácter intempestivo y sin participación de todos los actores del sistema de justicia para una aplicación coordinada y adecuada” estará “predestinada a una implementación deficitaria”, de acuerdo al escrito al que accedió Ámbito. Con la enumeración de todos los riesgos a los que expone a los fiscales frente al escrutinio público, Agüero Iturbe agregó que sostener el plazo fijado el 11 de agosto “representa un claro desfasaje de percepción entre la norma y el estado descripto” por los fiscales que lo deberán aplicar.