Revive Autoridad de la Competencia (clave y con su propio tribunal) y se acelera nombramiento de jueces

Política

Gobierno piensa resucitar autoridad de aplicación de Defensa de la Competencia tras anular amague de Macri. Selección de integrantes y creación de una Sala en estratégico fuero Civil y Comercial Federal. A la par, avanza relleno de Cámaras: Comodro Py, Penal Económico, Comercial y Laboral.

El receso estival encuentra al Gobierno evaluando reimpulsar un organismo clave en la estructura normativa argentina que nunca fue puesto completamente en práctica, pese a la sucesión de normas y modificaciones que sufrió en su diseño, que data de los años ´80. Es la Autoridad Nacional de la Competencia, un organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo que se encarga de controlar todos los aspectos que garanticen la defensa de la competencia una cuestión siempre muy sensible para el mercado y mirado con lupa por las empresas por el poder que centraliza su rol como regulador. La conformación de este organismo puede reutilizar una ley votada durante el gobierno de Mauricio Macri y cuya estructura también involucra al Poder Judicial, ámbito en el cual se perfila la creación de una sala especial en el marco del estratégico fuero Civil y Comercial Federal. Todo mientras la feria de enero significó un impulso a ciertos concursos en Cámaras clave, cuyo proceso se aceleró el jueves pasado con la publicación en el Boletín Oficial de las ternas de candidatos. Esto permitirá que a partir de febrero, el Ejecutivo pueda enviar al Senado los nombres para cubrir 10 vacantes en la Cámara Comercial, del Trabajo y Penal Económico que (aprobación de reforma mediante) se podrá fusionar con la de Comodoro Py, también en el listado.

La Defensa de la Competencia, su marco normativo pero sobre todo su autoridad de aplicación estuvo en permanente tironeo desde su creación, cuya estructura estuvo siempre cercana al Ejecutivo mediante la Secretaría de Comercio, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Las denuncias sobre prácticas monopólicas, cartelización, prácticas desleales, pero también intervención en fusiones y adquisiciones constituyen la centralidad del organismo que debió independizarse más tras la Ley que data de 1999 y que creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Nunca se integró.

En 2018, el macrismo hizo su propio rediseño creando la Autoridad y también un tribunal exclusivo adonde llevar las quejas sobre multas y resoluciones, pero el gobierno, en octubre pasado, a través de una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, dio de baja todos los actos administrativos que había puesto en marcha Cambiemos para seleccionar a los integrantes de la Autoridad. Todo este escenario abre ahora la posibilidad no solo que se reanude de cero la selección de los candidatos –que por ley podrían ser nombrados incluso “en comisión”-, sino también la convocatoria, vía Consejo de la Magistratura para el concurso que dotará de un protagonismo aún más estratégico al fuero Civil y Comercial Federal.

El hombre fuerte de ese fuero es el camarista y también consejero Ricardo Recondo, un aliado estratégico que consiguió el bloque oficialista para las últimas elevaciones de ternas en el Consejo. Es también el fuero que esquivó -en la prematura previa del Senado- una fusión con el Contencioso Administrativo Federal (donde domina Sergio Fernández) que concebía el proyecto de reforma judicial de Alberto Fernández, y que tiene media sanción pendiente de Diputados. No solo no se fusiona, sino que si resucita la Ley 27.442, en el artículo 68 crearía una “Sala Especializada en Defensa de la Competencia”, integrada por un presidente, dos vocales y una secretaría, que se convertiría en la instancia judicial revisora de sanciones y resoluciones administrativas aplicadas por el Tribunal. Nada más poderoso respecto al mundo empresarial.

Pero al haber hecho tabla rasa con lo que el macrismo había amagado, el Gobierno tiene las puertas abiertas para iniciar la selección también de la Autoridad donde funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas. En total son cinco cargos, cuyo requisito para los candidatos es “contar con suficientes antecedentes e idoneidad en materia de defensa de la competencia y gozar de reconocida solvencia moral, todos ellos con más de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión”, entre varios otros requisitos y exclusiones. Este “concurso público” será por lo prescripto por la ley ante un jurado integrado por el Procurador del Tesoro –Carlos Zannini- , el Ministro de Producción -Matías Kulfas-, un representante de la Academia Nacional del Derecho y un representante de la Asociación Argentina de Economía política. En caso de empate, Kulfas tendrá doble voto. Las ternas de elegidos se remiten al Ejecutivo que, de acuerdo al artículo 20, “podrá realizar designaciones en comisión durante el tiempo que insuma la sustanciación y resolución de las eventuales oposiciones que pudieren recibir los candidatos que hubieren participado del concurso público de antecedentes”. El último aval para completar el proceso es el del Senado. También hasta que este acuerdo se produzca, el Ejecutivo está habilitado a avanzar con los elegidos “en comisión”. También podrían hacerse modificaciones a la ley de base para acelerar el proceso de selección, con menos actores en el jurado, aunque la mayor parte de ellos forman parte de ese poder.

Macri había aprobado las ternas a través de la Resolución Nº 638 de fecha 1° de octubre de 2019, días antes que quedar sellado el resultado electoral adverso a Cambiemos y fue anulado un año más tarde bajo “nulidad absoluta e insanable de todo lo actuado en el marco del procedimiento de selección convocado mediante la Resolución Nº 84/19”. Curioso fue que en aquel momento Dante Sica no tuvo protagonismo alguno, pese a que la ley le asignaba un rol indelegable. La que salió a cruzar esa decisión de pulverizar la elevación de ternas fue Elisa Carrió que se quejó de que el Gobierno no hubiese revisado los pliegos que el macrismo ya había mandado al Senado, o bien llamado a nuevo concurso, algo que da luz verde para resetear todo ahora. La misma Carrió estuvo detrás de la sanción de la ley que se terminó aprobando en 2018, pero cuyo derrotero comenzó antes. El diseño normativo de este organismo siempre tuvo al radicalismo como impulsor en distintos momentos históricos. ¿Podría el PJ ocupar los casilleros que le dejaron servidos con el argumento de fortalecer a los consumidores?

Paralelamente, entre las curiosidades de enero, el jueves pasado se publicó en el Boletín Oficial las ternas que elevó el Consejo de la Magistratura para cuadrantes clave del Poder Judicial a través del Decreto 588. Allí se enlistaron –para sumar impugnaciones (las que importan) y adhesiones- los candidatos y su distribución en ternas. Esto generará que durante la feria se consuma el lapso formal para presentarlas. En febrero, quedarán listos para ser electos por el Presidente y enviados para Acuerdo. Hasta entonces, los candidatos están –como vulgarmente se dice- “cortando clavos”. El N°408 para la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial donde aparecen Sebastián Sánchez Cannavó, Fernando D´Alessandro y María Guadalupe Vasquez.

El N°412 (y más conocido por ser el de la Cámara de Comodoro Py) con Diego Amarante, Roberto Boico -quien hoy lleva la delantera como había adelantado Ámbito el 7 de septiembre- y Alejo Ramos Padilla, que ya fue elegido para el juzgado electoral de La Plata y está más avanzado para aquel sitial. Si consigue aval, debiera renunciar a esta terna, lo que podría hacer escalar a alguno de la lista complementaria como Pablo Yadarola.

Largamente dilatado, la Cámara del Trabajo ofrece 5 lugares para la Sala I, II (2 cargos), V y VII. La lista complementaria es breve. Pero el que se llevará la atención es el de Vocal para la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico: dos para la Sala A y uno para la B. Esos tres podrían llegar a fusionarse con la Cámara de Irurzun, Bruglia, Bertuzzi, Llorens y Farah (además de, quizás, Boico). En la primera terna están enlistados están Alejandro Catania, Sergio Rocamora y Guillermo Vilella; la segunda, Juan Galván Greenway, Pablo Turano y Rafael Caputo; y la tercera con Javier López Biscayart, Esteban Murano y Patricia Mieres. La regla no escrita es que para camarista tienen preeminencia los que ya son jueces de primera instancia por sobre secretarios y externos. No siempre se cumple.

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