Diputados desatan conflicto en Congreso

La Comisión de Juicio Político de Diputados puede provocar otra rebelión, aunque de alcances más restringidos que la de la semana pasada, en el Senado. Sucede que, en el afán por mostrarse solícitos con el gobierno de Néstor Kirchner, Ricardo Falú y compañía aprobaron un nuevo dictamen acusatorio contra Eduardo Moliné O' Connor, a pesar de que ya existe uno anterior que ya pasó a la etapa de sentencia en la Cámara Alta.

La carga a estrenar, referida a la supuesta presión a testigos, todavía debe llegar al recinto de la Cámara Baja, paso que se cumpliría recién a mediados de mes o, más tarde, si las campa-ñas electorales en curso retacean la presencia de legisladores en la Capital Federal.

Este dictamen, de efecto por ahora declarativo (para hacer méritos frente al Ejecutivo), demuestra un desdoblamiento de las acusaciones contra Moliné, algo que no quieren avalar varios senadores, entre ellos, los del Interbloque Federal que le requirieron a Daniel Scioli que, desde la presidencia del cuerpo, exigiera a la otra ala parlamentaria la remisión de todas las actuaciones y, mientras tanto, paralizar el proceso.

Horas después de que fracasara el comienzo del juicio a Moliné en el Senado, Ricardo Gómez Diez (Renovador-Salta), Pablo Walter (Recrear-Tucumán) y los neuquinos del MPN, Pedro Salvatori y Luz Sapag, pidieron por escrito que se unificaran las causas contra el ministro de la Corte. Llamativamente, suscribió también la nota a Scioli el peronista de Salta y vice del cuerpo, Marcelo López Arias.

Por estos mismos motivos, los radicales de Diputados habían pedido postergar la aprobación en el recinto de las causas que ya están en manos de los senadores, Meller, Macri y Magariños. La vocación de quedar bien con el gobierno impidió que el PJ se aviniera al reclamo de la UCR.

Este trío de expedientes, conocidos como las 3 emes, resultan bastante endebles para muchos legisladores que no se atreven -en su mayoría-a reconocerlo en público. El caso Macri, aún cuando va a contrapelo de la jurisprudencia, no puede escapar a la sospecha de que se agitó para influir en la campa-ña porteña y perjudicar a Mauricio Macri en la contienda a jefe de gobierno de la ciudad. Está claro que, a pesar de que el PJ lo apoya, el kirchnerismo quiere que gane la reelección Aníbal Ibarra.

El tema Meller también pare-ce haber sido tergiversado. Esta ex contratista de la desaparecida ENTel reclama por una deuda de publicidad de u$s 30 millones que mantiene el Estado desde 1986 a 1988 por la edición de las «Páginas Amarillas» (plena época de Raúl Alfonsín).

Esa cifra, según reconoció el mismo Roberto Lavagna en un decreto de esta período final-mente anulado, asciende hoy a $ 120 millones en bonos y no a $ 400 millones como se dijo desde el Ministerio de Justicia y desde Diputados, en medio de una áspera andanada mediática. Tal cual explicó la menemista Alejandra Oviedo, fue la misma administración Kirchner la que admitió esa deuda, que ahora aparece mezclada en un intento de destitución de un ministro de la Corte. En general, la riojana sostiene con lógica irrefutable que no se puede juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias.

Finalmente, se le reprochará a Moliné haber firmado, junto al resto de sus colegas del máximo tribunal -circunstancia que se repite, aunque no en la totalidad, con las otras causas-, una sanción disciplinaria contra el juez Magariños por haber dado opiniones doctrinarias encontradas con fallos de la Corte. Esa facultad, a juicio de los legisladores, le corresponde al Consejo de la Magistratura.

Ricardo Falú, acompañado por el radical santafesino Carlos Iparraguirre (puede que la campaña electoral en la provincia lo retenga en su distrito) y la frepasista Nilda Garré, informarán al Senado, pasado mañana, desde las 14, sobre los fundamentos contra Moliné por su pronunciamiento en las carpetas Magariños, Meller y Macri, respectivamente.