Diputados meritorios: nuevo cargo a Moliné

Los diputados salieron ayer a diferenciarse de los senadores: en tren de hacer méritos a ojos del gobierno, aprobaron en la Comisión de Juicio Político un nuevo cargo contra Eduardo Moliné O'Connor, que guardarán como repuesto en el supuesto de que los senadores sigan remolones -algo improbable por las presiones del Ejecutivo-en la destitución del ministro de la Corte.

Ricardo Falú y compañía le reprochan a Moliné haber presionado -supuestamente- a funcionarios judiciales que debían comparecer en esa dependencia parlamentaria durante el proceso que se sustanció en 2002 contra los 9 magistrados del máximo tribunal. Moliné, según denunciaron los legisladores, habría participado de una reunión en casa de Julio Nazareno, donde se habría sondeado a estos testigos sobre lo que iban a decir ahí de la actuación de la Corte en el caso AMIA. Para cuidar las formas, dieron plazo hasta el jueves que viene para que se presenten dictámenes en minoría (se descuenta que habrá, por lo menos, uno de autoría de la riojana Alejandra Oviedo).

Lo curioso es que la acusación en estreno tiene carácter casi declamativo porque podría llegar recién dentro de 2 o 3 semanas al recinto de la Cámara baja (donde debe reunir 2/3 de adhesiones de los presentes -algo que se descuenta-), y, para esa fecha, estará más que avanzada la etapa de sentencia al mismo juez en la otra ala parlamentaria por los casos Macri, Meller y Magariños. No en vano, Ricardo Gómez Diez (Renovador-Salta), Pablo Walter (Recrear-Tucumán), Luz Sapag y Pedro Salvatori (MPN-Neuquén) más el peronista Marcelo López Arias reclamaron por escrito suspender la causa hasta que se unificaran todos los cargos.

• Brecha acentuada

Falú y sus aliados del PJ y la oposición (UCR, ARI, Frepaso y socialistas) quisieron demostrar su celo en defender los intereses de Néstor Kirchner, quien pidió por cadena nacional las cabezas de Nazareno y la denominada «mayoría automática», identificada con el menemismo.

El gesto en favor de crear más vacantes en la cabeza del Poder Judicial acentúa la brecha con la predisposición de senadores del oficialismo, el radicalismo y el Interbloque Federal de provinciales que anteayer frustraron la sesión que debía iniciar formalmente el tramo final de la embestida sobre Moliné. Estos últimos no quisieron convalidar el trámite sumario que impuso Cristina Fernández de Kirchner, con la ayuda de Miguel Angel Pichetto y José Luis Gioja (principales responsables del papelón, junto a Alberto Fernández, nexo constitucional del Ejecutivo con el Congreso).

Resulta indudable que, después de que el Senado apuró parte del paquete económico -clave para el acuerdo con el FMI- y sobreactuó su dosis de kirchnerismo, Diputados no quiso quedarse atrás y así exhibió una gran disciplina a la hora de anular la Obediencia Debida y el Punto Final, y también de aprobar la acusación contra Moliné que ahora demoran en la otra cámara, en una abierta competencia bicameral.

Para reforzar la supremacía de la Cámara baja en la puja, Falú advirtió ayer sobre la presunta intención de algunos senadores de «perturbar el normal tránsito del juicio político, que va a desnudar el modus operandi de la corrupción» (sic). Tras deslizar que ahí puede haber «acuerdos espurios», se quejó de que los radicales, provinciales y numerosos justicialistas «no dieron quórum y generaron este desplante, exclusivamente por una situación reglamentaria».

• Calificaciones

El peronista de Tucumán, que gerencia Juicio Político, calificó de «lamentable y una falta de respeto a la sociedad argentina, a la Cámara de Diputados que estaba convocada por el propio Senado a formular la acusación en un acto que es solemne y que no ocurría hace 57 años en el país».

En paralelo, la comisión logró que el cuerpo que encabeza Eduardo Camaño le pida formalmente al Consejo de la Magistratura otro ajusticiamiento. Exigen las destituciones del juez federal Norberto Oyarbide y del fiscal Carlos Sáenz por entender que ambos sobrepasaron sus funciones y pretendieron interferir en la labor de Juicio Político. Oyarbide y Sáenz actuaron en el marco de una querella planteada por ahorristas, los cuales requirieron un listado de miembros de la comisión, así como un detalle de las denuncias y de los legisladores que acusaron por presunto mal desempeño de sus funciones al ministro Moliné.