El Gobierno aspira a conseguir unanimidad en su proyecto de discapacidad en Diputados y la sesión podría terminarse antes de tiempo

Advierten que corre riesgo los proyectos contra la morosidad por el posible vaciamiento del recinto. Ya sancionaron la ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", condenas al vandalismo rural y un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

Después de dos meses sin convocatorias propias, el Gobierno consolida una imagen de fortaleza en la Cámara de Diputados con la aprobación de tres proyectos consecutivos, entre los que se encuentra la discutida ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", y la anticipación de respaldos opositores a su iniciativa para destinar mayores fondos a la atención de la discapacidad. Se abren interrogantes por la posibilidad de que la estrategia oficialista defina paralizar el tratamiento de proyectos por morosidad.

Según pudo conocer este medio, crecen las posibilidades de que La Libertad Avanza consiga un respaldo cuasi unánime por su iniciativa para la discapacidad, luego de que acepte diversas reformas que le solicitó un grupo de aliados provinciales, con terminales con los colectivos de pensionados y prestadores de servicios. Entre los cambios se incluirían la compatabilidad de las pensiones con otras asignaciones sociales, la preservación de programa Incluir Salud, la disposición de límites de plazos para la actualización de los montos de los prestadores, que se establezcan fondos concretos en la misma redacción y que el nomenclador se actualice por IPC.

Durante la tarde, y con amplia mayoría, los diputados le dieron media sanción a un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y a reformas del Código Penal para establecer condenas al vandalismo rural. Más ajustada fue la votación que impulsó el oficialismo para la ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", dado que con 125 votos a favor y 119 en contra (entre los que se encontraban habituales aliados provinciales y el MID) blindó la ley de Tierras sancionada durante el kirchnerismo, lo que representó una modificación del proyecto sancionado en el Senado. Es por esa reforma que la propuesta será girada nuevamente a la Cámara alta.

Otras de las expectativas está puesta en el tratamiento de un proyecto por la situación de morosidad. El dictamen del Gobierno incluye información financiera y la posibilidad del arrepentimiento, mientras que la oposición pide refinanciamiento, límites de tasas y condonación de los intereses punitorios. Pero una advertencia, anticipada por Ámbito, fue repetida en el recinto por miembros de ambos lados de la grieta: el recinto podría vaciarse tras la medianoche y que la sesión se caiga por falta de quorum. Incluso algunos argumentan que se debe a que tienen que viajar a Brasil para cumplir responsabilidades de veedores de las elecciones.

El Gobierno logró una ajustada aprobación de la ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada".

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Trazabilidad de medicamentos de alto riesgo

Con amplitud de apoyos, que repercutió en una votación que terminó 241 a favor contra 1 en negativo (de Marcela Pagano, a la que se sumaron 4 abstenciones del Frente de Izquierda y una de Mónica Frade), se consiguió media sanción para establecer un módulo informático que pueda garantizar el "Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo". La iniciativa surgió en el 2025 con impulso interpartidario de las diputadas Mónica Fein (del socialismo santafesino, ya cumplió su mandato), Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) y Silvana Giudici (La Libertad Avanza), luego de la tragedia del fentanilo producido por los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo, que provocó al menos 128 muertes, mientras persisten otros 50 casos en investigación.

"Buscamos reconstruir el recorrido de cada medicamento y que el Estado, a través de la autoridad de aplicación, sepa cómo se produjeron, dónde se produjeron, el almacenamiento, la distribución y la administración de cada medicamento para cada paciente. Buscamos identificar los lotes, las unidades mínimas y los pacientes tratados con medicamentos de alto riesgo", explicó el jujeño Manuel Quintar (La Libertad Avanza), titular de la Comisión de Salud en Diputados.

A su vez, explicó que se establece un "sistema de alerta sanitaria inmediata" de hasta seis horas para tomar medidas preventivas, lo que puede incluir inmovilización de lotes, restricción de usos y la paralización de la distribución. El proyecto detalla las características de la registración de medicamentos, la protección de datos personales de los pacientes y las modalidades de sanciones a quienes incumplan: multas, suspensiones de las operaciones, inhabilitaciones para la dispensa farmacológica y clausuras de las organismos.

El peronismo falló en su intento de hacer caer la sesión por falta de quorum.

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La autoridad de aplicación es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que, según Tolosa Paz, "necesita tener una ley que le dé capacidades para que esto no quede en letra muerta". "Esta ley sirve para encontrar rápido un lote contaminado, pero no sirve para evitar que esto vuelva a ocurrir", agregó el tucumano Pablo Yedlin (Unión por la Patria), quien pidió por la reactivación de la Comisión de Salud. Además, el bonaerense Pablo Juliano (Provincias Unidas) solicitó que "la Justicia vaya hasta las últimas consecuencias para saber quiénes son los responsables políticos que encubrieron semejante atrocidad".

Vandalismo rural

También con fuerte respaldo (162 a favor y 77 en contra), se establecieron penalidades específicas para delitos de vandalismo rural. "No se protege la propiedad, porque para eso ya existen las figuras de 'usurpación' y 'daño', lo que se protege es la libertad y la intimidad; la posibilidad de sentirse tranquilo en un terreno cercado", manifestó el pampeano Martín Ardohain (PRO), autor del proyecto, quien apuntó que se "viene a cubrir un vacío legal". Sobre su redacción, hubo modificaciones de precisión y enrudecimiento de penas del bonaerense Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria).

El proyecto cuenta con solo dos artículos. El primero incorpora al Código Penal el artículo 150 bis que establece condenas de prisión desde un mes a dos años por el ingreso de una persona a un establecimiento rural o dependencias territoriales, mientras que el segundo formula el artículo 184 bis que determina penas de prisión (entre 2 a 8 años) y multas (desde 3 a 12 veces el valor dañado) para quien destruya o inutilice un stock de materias primas o insumos vinculados a su producción y almacenamiento.