Estalla gremio de inspectores

El Gobierno porteño hará una convocatoria de profesionales para armar un registro de inspectores en las próximas semanas, tras la disolución del área de verificaciones, que Aníbal Ibarra insistió ayer en que era un foco de corrupción.

Los cesanteados -500 personas entre inspectores y empleadoscomenzaron ayer a protestar por la medida ante las puertas del edificio de Lavalle 1429, que se clausuró en ocho pisos en los que funcionaba la desaparecida dirección.

Ibarra dijo que «el control estaba desvirtuado y un grupo de inspectores no resultaba eficaz». Ahora el Gobierno porteño mantiene reuniones con los colegios de abogados, escribanos y arquitectos desde los cuales surgirán los nuevos inspectores que actuarán como unidades dentro de una nueva mecánica para monitorear comercios y obras en la Capital Federal. Sin embargo, se estudia una convocatoria más amplia que permita la incorporación de profesionales que no integren los colegios, para instalar el registro dentro de dos meses y luego se aplicaría el método de sorteo para asignar los lugares a inspeccionar por los profesionales.

«Se inició una etapa de transición y hay una unidad polivalente que funciona» en tareas de verificaciones, explicó el jefe de Gobierno ante la inquietud sobre que no se realizarán más inspecciones en la Ciudad hasta implementarse un nuevo mecanismo de control.

• Antesala

Duro con los inspectores, el jefe de Gobierno les dijo que están en «la antesala del despido», cuando le reclamaron por recuperar sus trabajos.

Por la mañana de ayer, el personal pasado a « disponibilidad» decidió firmar el libro de asistencia en las puertas del edificio de la ex dirección. Al mismo tiempo, el jefe de Gobierno explicó que las denuncias contra los inspectores no fueron recién ahora descubiertas, sino que «hubo actuación judicial, con billetes marcados o se grabó el diálogo donde se le pedía la plata», por lo que también hubo personal « cesanteado o sumariado, en relación con las sospechas de pedidos de coimas por parte de los controladores.

Ibarra explicó que el «pase a disponibilidad», que abarca además a 200 administrativos, es una figura que permite, si no son reubicados, dejar sin efecto la relación laboral, por lo que para muchos implica «la antesala del despido». Los 500 empleados « seguirán cobrando» sus sueldos, que son «en general, bajos», dijo el intendente.