Desde 1983, en el retorno a la democracia, los gobiernos nacionales habían suprimido prácticas del pasado como castigar o premiar a los medios de prensa según apoyen o critiquen al gobierno de turno. Aunque se hizo poca publicidad oficial -y nunca se pagó- era proporcionalmente generalizada. Las dictaduras militares hicieron una labor exquisita en este tipo de discriminación aberrante con fondos públicos. Con este nuevo gobierno ha retornado esta práctica. Un diario que apenas se lee en Buenos Aires y Rosario, repudiado inclusive por parte de la izquierda, como es «Página/ 12», recibe tanta publicidad como «Clarín» y «La Nación» y otros diarios de la Capital que circulan en todo el país. Los medios de Héctor Magnetto («Clarín» y «Página/12») son los más beneficiados por su oficialismo. Además se discrimina en el interior del país. No reciben avisos del gobierno provincias que resisten o tienen candidatos que puedan oponerse a Kirchner como Neuquén, provincia de Buenos Aires, San Luis, La Rioja, Misiones y Mendoza. Tampoco las que gobiernan radicales, como Chaco, Corrientes y San Juan, salvo Río Negro, donde el gobierno espera que gane su predilecto Edgardo Rosso.
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Ya en el gobierno nacional se percibe que comienza a caer en el mismo sistema poco democrático: de discriminación con la publicidad oficial que para enriquecimiento de unos y ahogo de otros usa con gran despliegue. En Santa Cruz tuvo dos periódicos a favor desde el primer momento y dos en contra. Estos últimos sufrieron todos los embates desde la gobernación, sobre todo uno que era y es de extracción radical.
En prensa Kirchner operó en el Sur con una doble presión desde el manejo de los fondos públicos para difusión. El primer paso fue darle más avisos a unos, los que acordaron, que a los otros para debilitarlos financieramente por ser los críticos. Aun si se le resistían, en Santa Cruz aplicaba el segundo torniquete: unos cobraban al día y otros sus menores montos también con largas demoras. A un diario santacruceño -se omiten los nombres por pedido de los mismos interesados que temen aún represalias- ante su insistente pedido por cobrar los pocos avisos provinciales que le habían otorgado y manifestar su asfixia financiera para afrontar pagos se le contestó desde la Subsecretaría de Trabajo de Santa Cruz (dependiente del ministerio provincial de Gobierno o sea del máximo nivel) que «debe enviar el listado de empleados de la empresa y el monto de sus remuneraciones a fin de que esta subsecretaría haga efectivo el pago de los salarios caídos».
Equivalía a una intervención porque si la provincia le pagaba los sueldos los periodistas responderían más al gobierno que a la línea independiente del diario.
Cómo cuentan los colegas editores de diarios de allá.
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