La Corte Suprema analiza la legalidad de la orden de Donald Trump contra la ciudadanía por nacimiento

Según en la Casa Blanca, el presidente estadounidense asistirá a la audiencia a las 10:00 (14:00 GMT).

El impacto de un fallo a favor del Gobierno no solo alteraría los precedentes constitucionales, sino que cambiaría la realidad operativa de la ley de inmigración.

La Corte Suprema analizará este miércoles la constitucionalidad de la medida que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento, una audiencia a la que asistirá el presidente estadounidense Donald Trump. La Casa Blanca ratificó su presencia en la sesión, la cual iniciará a las 10:00, hora local (14:00 GMT).

Tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el mandatario republicano suscribió una orden ejecutiva que elimina la ciudadanía automática para hijos de padres indocumentados o con visados temporales. La medida establece que el nacimiento en suelo estadounidense ya no garantiza el estatus de ciudadano en estos casos.

Diversas instancias judiciales de menor jerarquía frenaron la iniciativa al considerarla contraria a la Constitución, sosteniendo que la gran mayoría de los individuos nacidos en suelo estadounidense adquieren la ciudadanía de forma automática. Esta norma constitucional excluye únicamente a quienes no se encuentran bajo la jurisdicción de los EEUU, como es el caso de los representantes diplomáticos extranjeros y las comunidades de tribus nativas que poseen soberanía propia.

El presidente Donald Trump confirmó a los periodistas su intención de asistir a la audiencia del máximo tribunal este miércoles: "Voy a ir".

Este hecho marcaría un hito extraordinario en la historia de los EEUU, puesto que sería la primera vez que un presidente en ejercicio acude a escuchar los alegatos de un caso que su administración impulsa y defiende directamente ante los magistrados.

EEUU podría dejar garantizar el estatus de ciudadano

La decisión del máximo tribunal llega 128 años después del precedente clave en Estados Unidos, cuando la Corte determinó que “la ciudadanía por nacimiento se extendía a todos los nacidos en el país, salvo excepciones como hijos de diplomáticos extranjeros, enemigos en ocupación o miembros de tribus nativas americanas”.

Como reacción, la organización de derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU) y otras entidades legales presentaron una demanda colectiva en nombre de tres familias cuyos hijos podrían verse excluidos de la ciudadanía, alegando que la orden de Trump viola tanto la Constitución como la ley federal. Si bien el gobierno sostiene que la orden solo afectaría futuros casos, la ACLU advierte que este criterio “no alivia la incertidumbre de quienes ya son ciudadanos y podrían ver sus derechos cuestionados por la nueva interpretación”.

El impacto de un fallo a favor del Gobierno no solo alteraría los precedentes constitucionales, sino que cambiaría la realidad operativa de la ley de inmigración. Si la orden de Trump prevalece, la protección legal de los hijos de padres indocumentados se vería amenazada, dejando en el aire su estatus nacional y restringiendo su acceso a garantías fundamentales