Una guerra abierta entre abogados deja en la cornisa las elecciones destinadas a cubrir las dos plazas que completarían el estamento de los matriculados para adaptarse al formato de 20 miembros del Consejo de la Magistratura, según lo ordenado por la Corte Suprema en su fallo de inconstitucionalidad del actual modelo de diciembre pasado.
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Tal como adelantó Ámbito, el lunes, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) quedó enfrentada al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) por la organización conjunta de los comicios, con una votación inicialmente fijada para el 5 de abril. La cuestión quedó ahora al borde de la judicialización con el calendario corriendo rumbo al 16 de abril, la fecha tope que impuso el máximo Tribunal para que si no hay una nueva ley, o no logra integrarse con las vacantes del anterior formato, termine en una virtual parálisis. Es que a partir de ese día nada de lo que haga el órgano de selección y remoción de jueces será válido. Un “shutdown” sin precedentes. La justicia nacional con competencia electoral será el destino de la pulseada.
El plenario del Consejo se apuró durante enero para aprobar los reglamentos transitorios para la elección de jueces, abogados y académicos. Para el primero no hubo mayor controversia. Como detalló este diario, en los otros dos hubo resistencias de cada interna. Pero el más complejo fue el de los matriculados, el padrón más extenso y el único (además del Congreso) que puja por dos nuevos lugares. El límite que marcó el Consejo fue el 6 de abril, diez días antes del plazo fatal. La fijaron para el 5, lo que motivó la protesta del CPACF.
El lunes, se convocó una reunión por Zoom para ponerse de acuerdo en los comicios pero también en el corte del padrón, con incidencia en todo el país. Una aparente confusión de horarios de la FACA hizo naufragar su concreción con dos horas de espera. El miércoles se volvió a convocar un encuentro virtual a las 11, con la salvaguarda de que hicieran a tiempo -de ponerse de acuerdo- para la publicación del edicto convocando a las elecciones, como es de rigor.
Pero desde el CPACF se sorprendieron cuando el miércoles a la mañana se encontraron con que en el Boletín Oficial aparecía publicado el edicto de llamado para abogados con matrículas otorgadas hasta el 31 de diciembre de 2021 para que el 5 de abril de 9 a 18 elijan dos cargos de consejeras con sus respectivos suplentes. La FACA defendió que se requerían 60 días de plazo previo para convocar. El encuentro por Zoom terminó de la peor manera. “FACA quiso dejar afuera al Colegio Público. No quiso trabajar en conjunto. El edicto es nulo y la actitud es temeraria”, lanzó Jorge Rizzo que lidera el oficialismo de Gente de Derecho en ese órgano.
Por eso, ayer, el CPACF aprobó en su comisión directiva pedirle al Consejo de la Magistratura la nulidad de la convocatoria hecha para el 5 de abril por presunto incumplimiento de los artículos 4 y 11 del reglamento provisorio. Ese sería solo el primer paso porque si el Consejo ratificara los términos de esa elección, el órgano que agrupa a los matriculados porteños acudirá a la justicia electoral con un pedido de medida cautelar para no innovar. Esa fue la propuesta que llevó el oficialismo en el CPACF. A eso podrían sumarse algunos movimientos desde el interior del país, de sectores que tampoco acompañarían esa iniciativa. Los ánimos quedan así muy caldeados. Anoche se alistaba la nota oficial que se dirigiría al presidente del Consejo Diego Molea. Si se judicializa, el tema lo tendrá que atajar la jueza María Servini.
Toda este clima se intuía desde el Consejo por lo que, en paralelo, lejos de haberse aplacado el tironeo con los reglamentos provisorios (se están eligiendo plazas que solo tendrán vigencia hasta diciembre, cuanto mucho) preveían cursar una prórroga de los plazos fatales dirigida a la Corte Suprema. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales -luego del fallo- habían dado por superado el asunto hasta el 16 de abril, cuando revisarían si Horacio Rosatti debía sentarse a la cabecera de la mesa del Consejo o había una nueva ley aprobada por el Congreso. Si ese pedido de extender los plazos más allá de los 120 días de la sentencia es revisado por el máximo Tribunal es el primer test para evaluar si la Corte vuelve a intervenir sobre un asunto que considera resuelto ante un eventual problema y el riesgo de parálisis absoluta. El silencio o la negativa indicaría que se sentarán a mirar cómo se resuelve “abajo” esta batalla.
Los jueces, por su parte, estiran definición sobre sus candidatas, juezas de primera instancia que postularán los “Bordó” y los “Celestes” que junto a Compromiso Judicial representan las tres corrientes dentro de la Asociación de Magistrados. Es el estamento en situación menos áspera de cara a sus elecciones internas. Los académicos, como informó este diario, también tienen un tironeo que podría terminar en la justicia.
Todo mientras corre el calendario y ya se consumió casi la mitad del plazo que la Corte fijó. Algunos prenden una vela a las extraordinarias para que el Congreso los salve con una nueva ley. Todos los escenarios están en pronóstico reservado.
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