La izquierda y sus condicionamientos

Peor que la extrema izquierda puede ser temerle. Esto afecta a jueces en el momento de juzgar, a hombres públicos y políticos que pueden ser estigmatizados como «reaccionarios» por denunciar sus excesos. También este miedo puede afectar a gobernantes, como parece verse hoy en la Argentina. Ya pocos sostienen que el actual gobierno sea «peronista». Día a día se afianza la idea que desde la extrema izquierda -directamente el marxismo-stalinismo de los años '30- se asusta al matrimonio Kirchner que ha sustituido como fuente de inspiración a «Perón» y «Evita» por Horacio Verbitsky y Miguel Bonasso, ex subversivos activos. Pese a sentirse progresistas y querer encasillar al nuevo presidente en utopías políticas ya caducas en el mundo, son más pasado que el que Kirchner hace referencias a superar. Tal tipo de izquierda, en las antípodas del socialismo aggiornado de Lula Da Silva, se acepte o no, aún condiciona al flamante gobierno.

Un ejemplo de esto se observa en la prescindencia de la Cancillería en la extradición de México a España del ex capitán de fragata Ricardo Cavallo y en la remoción del ex procurador del Tesoro Carlos Sánchez Herrera, que duró tres días en el cargo.

En lo que hace al primer caso -sin juzgar y menos prejuzgar sobre culpas de Cavallo-, se envía una señal de inquietud a las Fuerzas Armadas, preocupadas ya por la posibilidad de que se declaren inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En el caso de Cavallo, el país renunció a reclamar por el principio jurídico de territorialidad, por el cual los delitos deben ser juzgados en el país en que se cometieron. El centroizquierdista gobierno chileno de la Concertación defendió ese principio en el caso de la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet, no renunciando a la posibilidad de un país de zanjar internamente sus problemas, sea jurídica como políticamente. La Argentina actúa distinto y es distinta su imagen internacional.

Por otra parte, el caso del ex procurador Sánchez Herrera es el mejor ejemplo de un país que, poco a poco, se desliza por el tobogán de la intolerancia.

Según afirma el gobierno, un artículo periodístico del asesor espiritual del gobierno, Verbitsky, alertó a Kirchner del desempeño de Sánchez Herrera como abogado defensor del general Juan Bautista Sassiaiñ, procesado por presunta apropiación de bebés en el último régimen militar. En realidad, Verbitsky «creó clima» para castigar a Sánchez Herrera porque se lo pudo decir en sus habituales charlas con el actual presidente en su departamento de Uruguay y Juncal (allí le entregó la lista de los generales que había que decapitar, aunque exageró, porque incluyó más de los que se cargó finalmente Kirchner).

Es poco creíble que un presidente -quien hace ostentación de su minuciosidad y de conocer a la perfección todo lo que ocurre a su alrededordesconociera la trayectoria del hombre que lo acompañó durante 11 años y que le hizo ganar a su provincia un juicio de 630 millones de dólares contra el Estado nacional. En Ambito Financiero -obviamente sin mala intención sino alabando el eclecticismo ideológico del nuevo presidente recién asumido-se informó que Sánchez integraba el kirchnerismo con Horacio Liendo desde hace años. La extrema izquierda perdonaba esas cosas en una provincia. No en la Nación, y hoy Verbitsky -que leyó aquella nota-levanta o baja el pulgar en la Argentina.

Si Sánchez Herrera era la mejor alternativa para el puesto clave de jefe de todos los abogados que defienden al Estado, las razones para su remoción deberían ser poderosas. Pero en este caso tienen un inquietante aroma a caza de brujas.

«Ningún funcionario que de algún modo pueda estar involucrado en este tipo de hechos de represión puede formar parte de este gobierno», dijo con lógica endeble el vocero presidencial Miguel Núñez. ¿El haber actuado como abogado en una causa lo «involucra» sin más en la represión? ¿Esos hechos están probados antes de que exista una sentencia firme? ¿Esta situación lo inhabilita para el cargo más que el haber representado a diversas provincias en multimillonarios litigios con la Nación a la que ahora debía defender? ¿Habrá acusados en la Argentina sin derecho a un juicio justo porque hay riesgo para los abogados que acepten defenderlos? ¿Será así el «cambio institucional profundo» que mencionó el presidente Kirchner el 17 de este mes? ¿Cómo aceptar -si ésa es la lógica del gobierno y de sus «asesores»- que se mida con distinta vara a Eduardo Luis Duhalde, nada menos que el actual secretario de Derechos Humanos, quien defendió terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)?, que entre decenas asesinaron a Sallustro, al capitán Viola y su hija de tres años en sus brazos, al político Mor Roig, a decenas de personas con bombas en el Departamento de Policía, a la hija de 15 años del almirante Lambruschini y muchos más. Y conste que este doctor Duhalde es un hombre correcto, fue juez y camarista, y nadie en plena democracia le preguntó a quién había defendido en el pasado. ¿Cómo es posible, entonces, que el gobierno haya removido de un plumazo a un funcionario simplemente por haber ejercido también en el pasado, como el juez Duhalde, su actividad profesional?

Esto se suma al caso de Elena Cruz, a quien se intenta despojar de su banca de legisladora porteña -ganada mediante el voto popular-debido a declaraciones que, aunque reprobables, no constituyeron delito. La situación de la actriz no es responsabilidad del gobierno, pero es imposible no alertar sobre una tendencia preocupante que de no detenerse terminará dañando la democracia: la del retorno del rencor, el autoritarismo, la parcialidad que priva a ciudadanos de ocupar cargos públicos por haber cometido el «delito» de ejercer su actividad profesional o de emitir una opinión inconveniente.

Recordemos que este abogado Sánchez Herrera al que Verbitsky hizo defenestrar por su propio propiciante Néstor Kirchner, tuvo un padre general asesinado en la calle en Rosario -sorprendido y acribillado a balazos por el ERP y el FAP extremistas-y no guardó rencores.